Gaceta Crítica

INES GARCIA RABADE (PUBLICO), 31 de Enero de 2026

• En 2025, el ministerio detectó 16.341 casos de trabajadores extranjeros en situación irregular.
• La regularización de personas migrantes aprobada en el Consejo de Ministros el pasado martes, como resultado de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca poner fin a esta lacra.

«Papeles son derechos». El pasado lunes, Podemos anunciaba un acuerdo con el Partido Socialista para tramitar, con carácter de urgencia, la regulación extraordinaria de cientos de miles de personas extranjeras que viven y trabajan en situación administrativa irregular en España. Un acuerdo, recordaban desde la formación morada, herencia de años de lucha del colectivo Regularización Ya. Y con un precedente parlamentario: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas que el colectivo consiguió sentar en la tribuna del Congreso en abril de 2024. Recabando el sí de todos los grupos políticos, a excepción de Vox. Un año y nueve meses después, la iniciativa continuaba guardada en un cajón, bloqueada por la difícil aritmética parlamentaria. Hasta esta semana.

El pasado martes, a través de la fórmula de un Real Decreto, la medida recibía el aprobado del Consejo de Ministros. Las primeras solicitudes, apuntan fuentes gubernamentales, podrán presentarse a partir del mes de abril. Bastará con que los solicitantes acrediten estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales y haber permanecido en el país durante al menos cinco meses. La medida, que podría beneficiar a entre medio millón y 800.000 personas en situación irregular, ha hecho saltar todas las alarmas de la derecha política y mediática. «Invasión», «efecto llamada», «cortina de humo»… Son muchos los descalificativos que han manejado en los últimos días representantes del PP, Junts o Vox, dando alas a los discursos racistas y xenófobos en redes y medios de comunicación. Pero… ¿qué hay, de verdad, por detrás de la regularización?

Vidas truncadas por la precariedad, por los abusos. Empezando por el mercado laboral. Según los datos a los que ha tenido acceso Público, sólo en los últimos cuatro años, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado casi cincuenta mil infracciones por casos de explotación laboral a migrantes en situación irregular.

Ya en 2025, la Inspección laboral desarrolló 17.694 actuaciones relacionadas con la contratación de personas migrantes en situación irregular, durante las cuales detectó 16.341 infracciones, una por cada trabajador reclutado fuera de la legalidad. Se trata de las cifras más altas jamás registradas por este organismo. Son 3.525 casos más que el ejercicio anterior. O, lo que es lo mismo, cerca de un 28% más.

El monto total de las sanciones, como es lógico, también ha subido. Si en 2024 la inspección recolectaba algo más de 124 millones de euros, en 2025 la cifra se ha disparado hasta superar los 173 millones, 49 más que el año pasado. Las multas, recuerdan voces de Trabajo, se establecen conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que califica como «muy graves» las vulneraciones relativas a la contratación de personas extranjeras en situación irregular. Con sanciones para los empleadores de entre 7.501€ y 225.018€ por trabajador, en función de su magnitud. Las situaciones especialmente sangrantes de trabajo forzoso, intimidación o explotación laboral, así como los casos reincidentes, pueden llegar a tener recorrido penal.

Echando la vista atrás, el aumento de infracciones es una constante, año tras año. En 2020, año en que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegó al Ministerio de Trabajo, la inspección identificó 4.249 casos de explotación a trabajadores extranjeros. El número de infracciones que creció levemente el año siguiente, hasta 4.914 trabajadores extranjeros reclutados fuera de la legalidad. En 2022, la cifra de infracciones casi se duplicó, hasta los 8.639. Y en 2023 se dio otro gran salto, hasta los 12.182 casos de explotación laboral. Cifras similares se alcanzaron un año después, en 2024, con 12.816 nuevas infracciones, Y ya las 16.341 detectadas el año pasado. Desde el Ministerio tienen una explicación a este progresivo incremento: los esfuerzos y el compromiso de la labor inspectora. «No es que haya más casos, es que hay más inspecciones», sentencian desde la institución.

Los datos de 2025, advierten desde Trabajo, no están todavía completos. Falta el desglose por comunidades y por sector. A modo de referencia, en 2024, las comunidades con más casos de contratación de personas extranjeras sin papeles fueron Catalunya (3.001), Madrid (2.151), País Valencià (1.597) y Andalucía (1.455), con Canarias en quinto lugar (598). Por otro lado, los sectores más afectados fueron la hostelería, con 4.436 infracciones; la construcción, con 1.903 trabajadores migrantes fuera de la legalidad; el comercio, con 1.699 casos detectados; la agricultura y ganadería, con 1.320 y, en último lugar, el transporte y almacenamiento, con 1.102. 

Los datos, advierten los sindicatos, hay que tomarlos con prudencia. «Dependen del volumen de inspecciones por comunidad», apuntan voces de CCOO. Señalando a uno de los sectores, «con rostro de mujer migrante», más escurridizos para las inspecciones y, en consecuencia, más olvidados en las estadísticas: el hogar y los cuidados. Dentro de la agricultura, destacan un sector que dispara los casos en Andalucía: el hortofrutícola y de la fresa. Un área en la que, el pasado mes de octubre, Trabajo multaba con 6,5 millones de euros a varios propietarios de invernaderos de Huelva y Almería por la contratación irregular de 7.500 trabajadores, la inmensa mayoría migrantes.

No es el único caso reciente. El pasado mes de agosto, era la empresa de envío a domicilio Glovo quien recibía una sanción de 847.000 euros por emplear a 64 trabajadores migrantes en situación irregular en Sevilla. Un caso más: en el sector de la construcción, ya en noviembre, Extreme Works, una de las empresas subcontratadas para completar las obras del Camp Nou, se enfrentaba a otra multa de 1,09 millones de euros por reclutar a personas extranjeras sin permiso de trabajo. «Son solo ejemplos de una realidad mucho más amplia», aseguran los sindicatos. Por eso, razonan, la nueva regularización es una cuestión de «justicia social». «Son personas más vulnerables. A las que es más fácil explotar, a las que es más fácil acosar, a las que es más fácil pagar por debajo del convenio colectivo o no tener de alta en la Seguridad Social», insisten. Con una conclusión: «Más derechos, menos derechas».