Gaceta Crítica

Jorge Otero (PUBLICO, 29 DE ENERO DE 2026

• La afloración de empleo, una reducción de la economía sumergida y un aumento de los ingresos fiscales son los efectos más visibles de la medida anunciada por el Gobierno, apuntan los expertos. 
• La legalización de su situación laboral aumenta los ingresos públicos entre 3.000 y 4.000 euros por trabajador extranjero, sostienen varios informes publicados en los últimos años. 

La economía española absorbe mucho empleo, tanto y a tan buen ritmo que a día de hoy en España está trabajando más gente que nunca: 22,46 millones de personas. El crecimiento económico impulsa al mercado laboral, y una buena parte de ese acelerón se debe a la migración: los trabajadores extranjeros aportaron el 43% de los 605.000 empleos creados en España durante 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta misma semana. Los migrantes que trabajan en España ya son 3,58 millones de personas, el 16% de la fuerza laboral del país. Por eso, la regularización de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno ha sido tan bien acogida por sindicatos, organizaciones sociales, economistas e incluso por los empresarios y la propia Conferencia Episcopal.

El efecto más claro e inmediato de dicha regularización es la afloración de empleo y una reducción de la economía sumergida, apuntan los expertos. «La regularización de inmigrantes es fuente de riqueza», sostiene el economista José Manuel Corrales, profesor de Economía Aplicada y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid.

«Parte de la economía sumergida se va a convertir en economía real. También va a mejorar la recaudación fiscal. No hay más que ver lo que está pasando en Estados Unidos. La economía estadounidense se está resintiendo con la política de deportaciones impulsada por Donald Trump», añade Corrales.

«Aflorará empleo, un empleo que en muchos casos ya existe pero que no está regulado», secunda Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Varios informes publicados en los últimos años sobre este asunto —y que según el diario El País, ha tenido en cuenta el Gobierno— confirman esta tesis de que las regularizaciones de migrantes aportan riqueza al tejido económico del país. Destacan dos: uno firmado por profesores e investigadores de la Universitat Pompeu Fabra y de la Universitat Autònoma de Barcelona publicado en 2019 (PDF en inglés) que analiza la anterior regulación de personas migrantes aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y un segundo, fechado en 2020, patrocinado por la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid (PDF). 

Ambos informes demuestran que la legalización de la situación laboral de las personas migrantes no regularizadas aumenta los ingresos públicos. El primero de ellos calculó que tras la regularización de 578.000 migrantes en 2005, cada uno de ellos aportó entre 3.504 y 4.398 euros en cotizaciones sociales, es decir en cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo. A esta cantidad habría que sumar lo que abonasen en materia de impuesto sobre la renta (IRPF), que no se analiza en este estudio. 

El segundo informe, el de la Fundación PorCausa y de la Universidad Carlos III, ofrece unas cifras similares. Los autores afirmaban en 2020: «La irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros por inmigrante. En caso de regularización, la aportación fiscal neta de los inmigrantes en situación irregular se incrementaría por encima de los 3.250 euros». 

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A guisa de ejemplo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que el proceso de regularización podría traducirse en un incremento de alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Serían 70.000 nuevos cotizantes, solo en el sector de los autónomos.

Mas reciente, un artículo publicado el pasado mes de junio de en el boletín económico del Banco de España estima la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en España entre 2022 y 2024. De acuerdo con este artículo,  la aportación media directa de la población extranjera a este crecimiento del PIB per cápita se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. 

Un tercer informe publicado por profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena analizó el impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia entre 2005 y 2019 y su análisis apunta en la misma línea que los otros dos. La principal conclusión fue que los migrantes aportan al Estado un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España. «La población nacida en el extranjero que reside en la Región de Murcia realiza una contribución fiscal neta positiva y generó el 35% del crecimiento económico regional entre 2005 y 2019», se puede leer en ese documento. 

Hasta los empresarios saludan la regularización anunciada por el Gobierno. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, fue meridianamente claro el pasado martes: «Los empresarios necesitamos de la inmigración como el agua que bebemos o como el aire que respiramos cada día». Sánchez Llibre incluso felicitó al Gobierno por su «valentía» al dar «un paso tan importante». 

Los críticos con la medida arguyen que con la regularización de migrantes los salarios podrían bajar en sectores económicos en los que trabajan de forma mayoritariamente los extranjeros. La teoría es simplista: al haber una mayor oferta de mano de obra, los salarios bajan. En este sentido, Manuel Hidalgo barrunta que el rechazo a la medida tiene, fundamentalmente, otros orígenes: «En determinados sectores económicos a lo mejor no interesa porque aflorar significa legalizar, y legalizar significa pagar cotizaciones». En cualquier caso, Hidalgo concede que en el mercado laboral español «hay segmentos donde la inmigración, sin tener un efecto muy importante, sí podría presionar un poco a la baja a los salarios y un poco al alza a la precariedad». «Pero, en general este tipo de regularizaciones suelen tener efectos positivos», incide el profesor sevillano.

Otra crítica recurrente contra la regularización de migrantes es que aumentará el gasto del Estado por el mayor uso de los servicios públicos. Los informes anteriormente mencionados sostienen el argumento contrario: insisten en que la aportación de los trabajadores extranjeros supone una ganancia «neta», puesto que estas personas no regularizadas ya hacen uso de la sanidad o la educación públicas, por tanto el gasto no es mucho mayor, aunque al regularizar su situación tendrán más opciones de acceder a la protección social, puntualiza Sara Collantes, responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo de UNICEF en España.

Otra crítica recurrente es que una regularización masiva de migrantes podría contribuir a tensionar aún más el mercado de la vivienda. En este aspecto, el informe de la Pompeu Fabra que analizó las consecuencias de la regularización del Gobierno de Zapatero señala que la medida redujo la brecha entre los migrantes y los nativos en lo que respecta al alquiler o compra de vivienda, aunque no la eliminó. Lo que sí provocó fueron cambios en los patrones de consumo: los migrantes pudieron unirse a la compra de viviendas a través de la concesión de hipotecas y se redujo la proporción de extranjeros extracomunitarios en viviendas de alquiler, entre 10 y 15 puntos porcentuales, en comparación con hogares de ciudadanos españoles.