Gaceta Crítica

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La derecha y la ultraderecha españolas (incluida la derecha catalana) se oponen a una regularización de migrantes que celebra hasta la Conferencia Episcopal catolica.

JOSE CARMONA (PUBLICO), 28 de Enero de 2026

Los gobiernos de José María Aznar también llevaron a cabo regularizaciones de extranjeros, pero el marco actual en el que PP compite con Vox fuerza a los de Feijóo a radicalizar su discurso.

La diputada del PP, Cuca Gamarra y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España).
La diputada del PP, Cuca Gamarra y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España).Europa Press

«Aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos». Así definía Alberto Núñez Feijóo el anuncio de la regularización de personas migrantes que prepara el Gobierno de coalición. Algo más lejos iba Santiago Abascal, que aseguraba que Sánchez quiere «sustituir» a los españoles y que promueve el «efecto llamada para acelerar la invasión». 

El discurso extremista mostrado por PP y Vox ha colisionado con la propuesta del Ejecutivo de regularizar a casi medio millón de personas. Pero ese mensaje alarmista también choca con la Conferencia Episcopal, que en palabras de su presidente, Luis Argüello, ha celebrado la medida. «Un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular», asegura la institución religiosa en un comunicado. La regularización será la octava que se lleve a cabo en España y el actual PP se ha posicionado en contra, aunque el Gobierno de José María Aznar también llevó a cabo esta medida para resolver la situación de más de 400.000 personas.   

El PP ha asumido el discurso de la ultraderecha en materia migratoria. Los de Feijóo evitan explicar que estas personas ya estaban en España antes de la regularización, pero aun así acusan a los extranjeros de futuras saturaciones en los servicios públicos, como si esta regularización significara su llegada. Como la extrema derecha, culpan a los extranjeros de los problemas en la sanidad pública y no de la infrafinanciación de las comunidades autónomas. 

El Partido Popular nunca ha estado por la labor de esta regularización, a pesar de que votara a favor de tramitar la ILP que llegó al Congreso, una deferencia al deberse de una iniciativa ciudadana. Si esta hubiera prosperado, se habrían opuesto rotundamente. La postura de los populares ya quedó clara en su Declaración de Murcia del pasado septiembre, cuando el partido definió su estrategia sobre la migración para competir con Vox. En ese escrito, el PP defendía el «fin de regularizaciones generalizadas y sin control» y aseguraban que se iniciaría «un régimen transitorio, también evaluado por puntos, individualizado, riguroso y reservado a quienes acrediten trabajo, cotización o esfuerzo real de integración». Además, proponía un «programa específico de migración circular y contratación de trabajadores temporales, en coordinación con las Comunidades Autónomas, para cubrir campañas estacionales de forma legal, planificada y con retorno garantizado en plazo». 

El PP y su competición con Vox

Feijóo llevará esta regularización a la reunión que mantendrá este viernes con los líderes del Partido Popular Europeo en Croacia para alertar a sus homólogos, muchos de ellos primeros ministros. Fuentes del PP creen que es una medida que a medio y largo plazo terminará por afectar a Pedro Sánchez porque le alejará del votante centrista. Los populares aseguran que «tienen testado» que la medida «va a generar tensión» entre los votantes socialistas. «La transferencia de voto del PSOE a Vox es por inmigración y vivienda», interpretan desde Génova. 

PP y Vox hacen la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez y se han mostrado en contra tanto de esta regularización de miles de personas como de las que se llevan a cabo individualmente. Las derechas votaron conjuntamente para reformar la Ley orgánica 4/2000 y bloquear que una persona migrante solicite su regularización mediante el concepto de arraigo. Desde los incidentes de Torre-Pacheco, el PP puso el foco en sus políticas migratorias a la vista de que el crecimiento de la extrema derecha les restaba fuerza electoral, y recorrer ese camino ha llevado a la formación a asumir parte del discurso ultra con tal de evitar la sangría permanente que reflejan las elecciones y las encuestas. Incluso en victorias electorales como la de Extremadura, se constató que el PP ha perdido votos respecto a 2023 y que Vox, pese a todo, aún no ha tocado techo.

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