Gaceta Crítica

Alicia Martinez Poza (CCOO), 28 de Enero de 2026

El aumento de la esperanza de vida en España esconde profundas desigualdades sociales, territoriales y de género que desafían la calidad de vida y el acceso a derechos en la vejez

El envejecimiento de la población española es uno de los fenómenos demográficos más significativos de las últimas décadas. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores 2024, la proporción de personas de 65 y más años alcanza ya el 20,4% de la población, una cifra que prácticamente duplica la registrada en 1975.

Este crecimiento sostenido se acompaña de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, aunque marcadas por la clase social. Los datos del INE reflejan una diferencia de 2,7 años de esperanza de vida entre las personas jóvenes con estudios superiores y aquellas con estudios básicos, a lo que se suma el resultado de otros estudios sobre brechas de esperanza de vida en ciudades como Barcelona o Madrid, con diferencias de 11 y 7 años respectivamente entre los barrios más deprivados y los más ricos. Esta dinámica plantea un doble desafío científico y social: comprender las condiciones en las que envejece cada clase social, y asegurar políticas públicas que garanticen la equidad a lo largo del ciclo vital.

En España, las personas de 65 años tienen una expectativa de prolongar su vida 21,9 años más, de los cuales 19,3 años se espera que sean vividos en condiciones saludables, según los datos más recientes del INE recogidos en el Observatorio. Estos indicadores muestran avances extraordinarios: la mortalidad infantil se ha reducido a 2,6 por cada mil nacimientos, y el país cuenta ya con cerca de 20.000 personas centenarias, lo que ilustra la magnitud del cambio demográfico experimentado.

Sin embargo, los datos no solo celebran un éxito colectivo, sino que revelan profundas desigualdades tanto, como hemos dicho, en esperanza de vida y esperanza de vida saludable, como en la forma de envejecer, que condicionan la calidad de esos años de vida ganados. La distribución del envejecimiento es desigual entre territorios y géneros, y las condiciones socioeconómicas siguen determinando de forma considerable la salud y la autonomía en edades avanzadas.

Desigualdades en salud y calidad de vida

La esperanza de vida saludable varía significativamente entre Comunidades Autónomas. Mientras regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña presentan valores superiores, Ceuta, Melilla y Murcia se sitúan en la parte baja de la distribución. Esta heterogeneidad territorial pone de relieve la influencia de los determinantes sociales sobre el envejecimiento: nivel educativo, condiciones de trabajo, renta disponible y calidad del entorno.

Las mujeres viven más años y a los 65 años tienen una expectativa de vivir 3,8 años más que los hombres, pero no necesariamente en mejores condiciones. La proporción de mujeres de 80 y más años casi duplica la de los hombres, lo que indica una mayor exposición femenina a situaciones de fragilidad, dependencia o pobreza en edades avanzadas.

Estos datos evidencian que la prolongación de la vida no garantiza por sí misma una mejor calidad de esta. El Observatorio subraya que los años de buena salud están estrechamente ligados a factores socioeconómicos y laborales, acumulados durante toda la trayectoria vital.

Pensiones: un sistema robusto con brechas persistentes

El sistema público de pensiones es uno de los pilares fundamentales del bienestar en España, protegiendo a más de 9,8 millones de personas, mayoritariamente contributivas. La pensión contributiva media asciende a 1.394 euros, aunque existen importantes diferencias entre tipos de prestaciones: las de jubilación superan los 1.440 euros, mientras que las de viudedad se sitúan en torno a los 900.

A pesar de la fortaleza del sistema, el Observatorio destaca que una de cada cinco pensiones necesita complementos a mínimos para garantizar ingresos dignos. Esta realidad evidencia que una parte de la población llega a la edad de jubilación tras trayectorias laborales marcadas por la precariedad o la insuficiencia de cotizaciones.

La desigualdad de género es especialmente significativa: solo el 40,5% de las pensiones de jubilación han sido generadas por mujeres, y muchas dependen de pensiones derivadas —principalmente viudedad— como principal fuente de ingresos. La brecha en cuantías es llamativa: la pensión media de jubilación de los hombres supera en más de 500 euros a la de las mujeres, lo que supone una brecha del 30,9% en las pensiones en vigor

Aunque las nuevas generaciones de mujeres muestran mejores trayectorias laborales y, por tanto, menores brechas, se advierte de que la mejora es “muy lenta”, dado el peso todavía considerable de carreras profesionales atravesadas por interrupciones, parcialidad y dedicación a los cuidados.

Dependencia y cuidados: un derecho aún en construcción

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende ya a más de 1,5 millones de personas, consolidándose como uno de los mayores logros del Estado de Bienestar. Sin embargo, persisten importantes deficiencias: desigualdades autonómicas, tiempos de espera prolongados y una insuficiente cobertura de servicios profesionales.

El modelo español depende en gran medida de los cuidados familiares, un trabajo mayoritariamente asumido por mujeres. Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar siguen teniendo un peso notable respecto a los servicios profesionales, lo que refleja un desequilibrio entre responsabilidades públicas y privadas.

Asimismo, la red de atención residencial muestra disparidades relevantes: mientras algunas regiones superan el umbral recomendado de plazas, otras mantienen niveles muy inferiores. Esta desigualdad se traduce en diferencias en acceso, calidad y tiempos de respuesta.

El Observatorio concluye que, a pesar de su consolidación, el sistema de dependencia necesita una “reorientación profunda” que garantice equidad territorial, suficiencia financiera y coordinación sociosanitaria para romper con las barreras económicas de acceso al cuidado de calidad.

Retos para un envejecimiento activo y saludable

El Observatorio plantea que el envejecimiento saludable no depende únicamente de la sanidad o los servicios sociales, sino de un conjunto amplio de políticas estructurales: empleo digno, vivienda accesible, transporte adaptado, entornos urbanos inclusivos y sistemas de cuidados públicos sólidos. La OMS, citada en el informe, señala que los entornos comunitarios deben anticipar y adaptarse a las preferencias de una población cada vez más longeva.

Uno de los retos emergentes es el impacto de la distribución de recursos entre generaciones. El Observatorio defiende que la solidaridad intergeneracional no es un simple principio normativo, sino el mecanismo que permite equilibrar necesidades a lo largo de la vida: infancia, juventud, edad adulta y vejez. El funcionamiento del sistema de pensiones, la sanidad o la educación son, en esencia, formas de redistribución intergeneracional.

En definitiva, vivimos más, si bien la clase social marca diferencias importantes tanto en la esperanza de vida como en la calidad de vida en el proceso de envejecimiento. Las desigualdades socioeconómicas, territoriales y de género condicionan fuertemente el bienestar en la vejez y requieren políticas públicas más ambiciosas. Reforzar los servicios sociales, garantizar pensiones suficientes, avanzar hacia un sistema de cuidados universal y reducir las desigualdades de género son ejes imprescindibles para una sociedad que aspira a ser justa en todas las edades.

La longevidad, lejos de constituir un problema, es un logro que debe protegerse mediante decisiones políticas basadas en evidencia, inversión sostenida y una profunda convicción en la igualdad de derechos a lo largo de toda la vida.