Gaceta Crítica

Pablo Jimenez (MUNDO OBRERO), 22 de Enero de 2026

En diciembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von del Leyen, estableció en Uruguay un primer acuerdo comercial de la UE con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Este acuerdo que forma parte de los llamados Tratados de Libre Comercio (TLC) se llevaba negociando desde el 1999 y, como todos ellos, además de la muy publicitada bajada de aranceles, fue presentado como un acuerdo que favorecerá el intercambio comercial entre ambas regiones y posibilitará la mejora de sus economías y de su empleo. Pero la realidad es bien distinta, supondrá una merma en las regulaciones laborales, sociales y ambientales de diverso grado que son las que no suelen contarse y que son fundamentales para entender estos tratados, ideados por el gran capital transnacional para mejorar sus rendimientos.

Este tratado ha pasado por fases de aceptación y rechazo durante los 25 años que han durado las negociaciones, en los que un buen número de sindicatos agrarios europeos, fundamentalmente los franceses, han mostrado su desacuerdo por el desequilibrio entre normativas ambientales, sanitarias y sociales a un lado y otro del océano que perjudicaba sus producciones. Pero también organizaciones agrarias pequeñas del Mercosur, como la Confederación Internacional de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado^[1], han mostrado su disconformidad por sus impactos negativos sobre sectores sensibles de la agricultura familiar, campesina e indígena. Esto es debido a que la agricultura social y familiar no es tenida en cuenta en este tratado, ni en América ni en Europa, de ahí el descontento. Es abandonar esta dedicación agraria de baja escala a su suerte mientras se potencia el modelo de la agroindustria en el que se sitúan los inversores y las multinacionales del sector. El modelo agroganadero impulsado por este acuerdo, además de la alta tecnificación y mecanización y el bajo empleo, potencia los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad.

La firma del acuerdo comercial estaba prevista para el 20 de diciembre de 2025, pero unos días antes Francia puso nuevas condiciones debido a las presiones de su sector agrario e Italia planteó también dudas por el mismo motivo. Esto y la negativa de Polonia, Irlanda, Austria y Hungría a aceptar el acuerdo imposibilitó su firma al no disponer de mayoría cualificada en el Consejo Europeo, dejando en el aire un acuerdo por el que suspiraban grandes empresas europeas. No obstante, finalmente el 9 de enero de 2026 y tras conseguir salvaguardias europeas para determinados productos como, entre otros, la carne, las aves, el azúcar, la miel, el etanol, el arroz o los cítricos, que mejoren las actuales y una mejora de los presupuestos agrarios, Italia cedió por lo que el acuerdo pudo firmarse en Paraguay el 17 de enero^[2]. Lo que se firmó en realidad fue el acuerdo comercial, que tiene que ser votado nuevamente por Parlamento y Consejo europeos, así como por los parlamentos sudamericanos en una fecha no determinada de 2026. En el caso europeo, algunos países y también algunos grupos políticos decidieron llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para determinar su compatibilidad con los tratados de la UE. El 21 de enero se votó en el Parlamento europeo una propuesta de resolución en este sentido que salió adelante por un escaso margen y que paraliza su entrada en vigor de forma provisional^[3]. De esta manera el acuerdo queda a expensas del dictamen del TJUE que puede demorarse varios meses, incluso más de un año. Si el dictamen tiene en cuenta todas o algunas de las cuestiones planteadas, será necesario revisar y adaptar el texto a lo decidido por el Tribunal. Esto a su vez puede derivar en petición de compensaciones por parte sudamericana, todo lo cual lleva a pensar en un retraso considerable a la entrada en vigor provisional de su parte comercial. Ante esta situación, algunas voces en el propio Parlamento y algunos gobiernos favorables al acuerdo piden a las instituciones europeas su entrada en vigor provisional^[4] condicionada a posibles modificaciones posteriores del dictamen del TJUE, algo que hasta ahora no ha sucedido nunca en la aprobación de otros tratados sin la aprobación definitiva del Parlamento. Quedaría pendiente de cualquier forma el acuerdo político^[5] que debe aprobarse tanto por los parlamentos sudamericanos como por los parlamentos de los Estados europeos, al considerarse, como decíamos, este acuerdo mixto, proceso que puede demorarse años^[6]. Entrar en vigor de forma provisional no supone ninguna traba para los intercambios comerciales —que son el objetivo esencial de estos tratados— como puede verse con el tratado con Canadá, el CETA, aprobado en 2016 y en vigor desde 2017 sin que haya sido ratificado todavía por varios países europeos.

En cuanto a los contenidos^[7] se estima, por ejemplo, que la entrada en vigor de este acuerdo impulsará la exportación desde Mercosur —en realidad desde sus grandes transnacionales— hacia la UE de productos agrícolas y ganaderos como son la carne de vacuno para consumo humano, la soja para la producción de piensos de ganado o la caña de azúcar y el etanol para la producción de biocombustibles, estrechamente vinculados a la deforestación en la Amazonía, el Cerrado o el Pantanal, ecosistemas claves en la regulación del ciclo del agua, el mantenimiento del clima a nivel mundial y regional o la protección ante nuevos virus y pandemias.

En lo relativo al mundo agrario, el modelo agroindustrial que incentiva este tratado no sólo favorece la expansión de la deforestación y por tanto del cambio climático, sino también la sobreexposición de la tierra a productos tóxicos que redundan en la contaminación de acuíferos, el deterioro del bienestar animal y los riesgos para la salud de la población, algo que refleja la diferencia entre los estándares sanitarios y fitosanitarios de la UE y Mercosur. Como ejemplo, en la actualidad, según Justicia Alimentaria, “en los cultivos de maíz y soja de Brasil se utilizan más de 150 pesticidas, de los cuales más del 30 % están prohibidos en la UE”^[8].

Este acuerdo incentivará una forma de agricultura basada en las grandes explotaciones agroindustriales a ambos lados del atlántico, en detrimento de las pequeñas granjas y de la ganadería extensiva, que son las que refuerzan el tejido social de las zonas rurales y conservan el paisaje y los ecosistemas. De hecho, a quien favorece este tratado en materia agraria es a los fondos de inversión, las grandes corporaciones agroindustriales y las empresas de exportación, importación y distribución agroganaderas, es decir las grandes empresas que dominan las cadenas globales de producción y distribución alimentaria, todos ellos en connivencia con los grandes conglomerados financieros y bancarios. Lo que va a ocurrir en suma es que los pequeños productores europeos se enfrentarán a una competencia desleal por los diferentes estándares normativos existentes y los sudamericanos estarán sujetos al modelo extractivista habitual que subordina su producción a las necesidades de los países del norte, en este caso del mercado europeo.

El discurso oficial habla, como no, de mejora de la competitividad y de oportunidad de negocio para ambas orillas del océano en la mayor parte de los sectores económicos y empresariales, algo que choca totalmente con los propios estudios de la UE que ya veían dificultades hace años para algunos subsectores agroganaderos como el vacuno de carne, el avícola, el porcino, el azúcar, el maíz y la miel. De hecho, existe un fondo en el acuerdo pensado para compensar las más que probables pérdidas de estos subsectores. Hablar por tanto que las pequeñas explotaciones y granjas familiares puedan competir con los grandes productores agroganaderos llamaría a la risa sino fuera algo realmente trágico. En realidad, estos tratados están pensados para facilitar desde el punto de vista de la regulación el negocio intensivo y especulativo de la agroindustria con vistas a la exportación.

Se habla también de mejora del empleo cuando en realidad el modelo agroganadero impulsado por este acuerdo lo restringe al apoyarse en la alta tecnificación y mecanización, propios de los sistemas agrarios basados en monocultivos, muy dependientes del uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad. Decir que la bajada de aranceles redunda en una mayor productividad y mayor empleo es una maniobra de distracción ya que pretender que economías asimétricas con distinto grado de desarrollo tengan un nivel similar de competitividad es un absurdo metodológico. Lo que ocurre es que estos tratados solo están pensados para los actores poderosos de esta ecuación trasatlántica, es decir para los que manejan los hilos aquí y allá.

En lo relativo a otros sectores, la gran industria europea, tanto de las químicas, automoción, textil, como de algunos subsectores alimentarios (vino, aceite, lácteos, comidas procesadas) y los servicios, se verán claramente favorecidos, siendo una de las grandes impulsoras del tratado. En los países del Mercosur se verán favorecidos fundamentalmente la agroindustria y el sector minero que profundizará en la explotación y exportación de los minerales estratégicos para la transición a las renovables de la UE, siguiendo la lógica colonial extractivista habitual del Norte con respecto a las materias primas del Sur.

Desde el punto de vista ambiental, un informe de la London School for Economics (LSE)^[9] encargado por la Comisión Europea advierte del aumento sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por la puesta en marcha del TLC, algo que contraviene las propias normas ambientales de la UE. Este informe es considerado, no obstante, limitado, según se desprende de una análisis jurídico encargado por Greenpeace Alemania, al considerar en su análisis solo el aumento global de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, pero no tener en cuenta los aumentos derivados de los cambios de uso, la deforestación y el transporte internacional de mercancías^[10], de lo que se deduce que el impacto es mucho mayor del considerado por la LSE. La respuesta ha sido, ante los temores suscitados en distintos sectores europeos, añadir en marzo de 2023, antes del análisis jurídico de Greenpeace, un instrumento adicional para afrontar la deforestación, el cambio climático y los DD.HH. Como suele ser habitual, el documento resultante se ha quedado en una declaración general de intenciones sin medidas vinculantes ni mecanismos para aplicarlas.

La UE ha apoyado —aunque no de forma unánime como hemos visto— este acuerdo además de por las razones económicas enunciadas por la necesidad de intensificar su posicionamiento geoestratégico en sus políticas comerciales. La rivalidad comercial entre EE.UU. y China y las decisiones estratégicas de ambos países en su búsqueda de la hegemonía en este campo está dejando en evidencia la pérdida de influencia europea en el concierto global. Por ello trata de afianzar un lugar autónomo en el tablero mundial en el que poder jugar sus bazas económicas y en este sentido interpreta que un tratado comercial como el que se firma con Mercosur puede servir para fortalecer su posicionamiento político y económico, que puede reforzar su papel en las negociaciones existentes con México, Australia o la India y potenciar asimismo los acuerdos comerciales firmados con Nueva Zelanda, Chile, Indonesia o Kenia en los últimos años.

Pero este acuerdo no cuenta en Europa con el apoyo de gran parte de las asociaciones y sindicatos agrarios, de consumo y de los grupos ecologistas que han mostrado su preocupación —y su consiguiente rechazo— por un tratado que no ha sido suficientemente explicado a todos los colectivos afectados y tampoco a la ciudadanía. Para las asociaciones agrarias lo preocupante es la falta de reciprocidad en las normas sanitarias, sociales y ambientales que hacen al producto europeo menos competitivo en precio, es decir, lo que se plantea es un problema de pérdida de rentabilidad y consecuentemente de pérdida de medio de vida, por lo que abogan por las cláusulas espejo, una medida en teoría de equilibrio entre estas normas. Para los colectivos de consumo, el problema es el poco acceso a la información de los productos alimentarios debido al poco conocimiento de su trazabilidad, de los productos químicos utilizados y las dudas sobre la seguridad alimentaria y para los ecologistas el problema radica en el impacto ambiental, con el uso de pesticidas, hormonas y antibióticos prohibidos en la UE, con la proliferación de maíz y soja transgénicos, con una ganadería intensiva con baja protección animal y con la deforestación consiguiente para implementar los espacios de la agroindustria que agravan el cambio climático.

En la UE, el acuerdo ha sido respaldado políticamente por socialdemócratas, conservadores y liberales, algo habitual en lo que se refiere a los llamados tratados de libre comercio, manifestándose en contra, por motivos distintos, la extrema derecha, los verdes y la izquierda alternativa. La extrema derecha basa su oposición en el tacticismo más allá de su retórica nacionalista y populista de apoyo al campesinado con el objetivo de alcanzar mayores cotas de poder en la UE y en los países que la integran. Buen ejemplo de ello es España donde su postura contraria al acuerdo ha hecho matizar el apoyo del PP al acuerdo, al ver este partido menguar sus apoyos electorales en el medio rural. Los verdes y la izquierda alternativa, aunque con matices, defienden una posición similar basada en una agricultura social y profesional, aferrada al territorio y fijadora de población, con una producción extensiva de menor impacto ambiental.

Pero indudablemente no hay que culpar al campesino argentino, uruguayo, paraguayo o brasileño por esa falta de reciprocidad normativa, sometido como está al dictado desde hace décadas de multinacionales de los monocultivos de la soja y del maíz transgénicos y de la ganadería industrial deforestadora de la Amazonía y destructora de ecosistemas como los ya citados y aniquiladora de derechos humanos de las poblaciones indígenas y sociales en general. No es un enfrentamiento entre agricultores del Norte y del Sur, es entre pequeños productores y la poderosa agroindustria sudamericana y europea, respaldada por la extrema derecha y parte de la derecha a ambos lados del Atlántico, que está detrás de los ataques en Europa a la Agenda 2030 o del rechazo del Parlamento Europeo del Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (SUR), propuesto por la Comisión Europea, que imponía limitaciones de uso sobre determinados pesticidas claramente señalados por la ciencia como amenazas para la salud humana y para la biodiversidad, que hacía peligrar un negocio de 12.000 millones de euros anuales de venta de agroquímicos^[11].

En definitiva, un nuevo TLC, firmado en un contexto geopolítico preocupante, que profundizará en el modelo de producción deslocalizada, a gran escala y a bajo precio, pero con un alto coste humano y graves repercusiones sobre el cambio climático y la biodiversidad, que poco tiene que ver con la libertad y mucho con la acumulación de capital de unos pocos actores transnacionales. Este tratado sitúa a Mercosur como proveedor de materias primas y productos agropecuarios mientras que la UE exporta bienes industriales y tecnológicos, singularmente coches y maquinaria, pero también productos químicos y farmacéuticos, atacando el tejido industrial americano y el sector primario europeo del pequeño campesinado, comunidades rurales y comercio de proximidad asociado, sin olvidarnos de los servicios, particularmente los financieros, digitales, postales, de telecomunicaciones, entre otros, además del acceso a la contratación pública, algo de mucho interés en la UE.

Notas:

1. Coprofam (2023). Declaración del Mercosur social y Participativo. Confederación Internacional de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado. https://coprofam.org/2023/12/07/declaracion-de-buenos-aires-2023-copia/
   ↩︎
2. Ponce de León, R. (2026) Los países de la UE aprueban el acuerdo comercial con Mercosur. elDiario.es. https://www.eldiario.es/economia/paises-ue-aprueban-acuerdo-comercial-mercosur_1_12895241.html ↩︎
3. Noticias elDiario.es (2026). El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea. https://www.eldiario.es/economia/parlamento-europeo-paraliza-acuerdo-ue-mercosur-envia-justicia-europea_1_12924068.html ↩︎
4. Euroefe (2026). El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea. https://efe.com/euro-efe/2026-01-21/parlamento-europeo-ue-mercosur-justicia-europea/ ↩︎
5. La Comisión Europea separó del acuerdo el pilar comercial del político.  Climate Action Network (2025). La Comisión Europea toma una medida antidemocrática al dividir el controvertido acuerdo UE-MERCOSUR. CANLA. https://www.canla.org/2025/09/03/la-comision-europea-toma-una-medida-antidemocratica-al-dividir-el-controvertido-acuerdo-ue-mercosur/ ↩︎
6. Gómez, M.V. (2026). Los obstáculos que quedan por delante en el pacto comercial de la UE con Mercosur: ajustadas mayorías en la Eurocámara y votación en los Parlamentos nacionales. El País.  https://elpais.com/economia/2026-01-10/los-obstaculos-que-quedan-por-delante-en-el-pacto-comercial-de-la-ue-con-mercosur-ajustadas-mayorias-en-la-eurocamara-y-votacion-en-los-parlamentos-nacionales.html ↩︎
7. Torres Cabreros, D. (2026). Claves del Acuerdo Mercosur-UE, que promete crear la mayor zona comercial del mundo. El País. https://elpais.com/america/2026-01-17/claves-del-acuerdo-mercosur-ue-que-promete-crear-la-mayor-zona-comercial-del-mundo.html ↩︎
8. Justicia Alimentaria (2022). Justicia Alimentaria alerta de que abrir la puerta a la importación de maíz de Argentina y Brasil supone la entrada de pesticidas prohibidos en la Unión Europea. https://justiciaalimentaria.org/justicia-alimentaria-alerta-de-que-abrir-la-puerta-a-la-importacion-de-maiz-de-argentina-y-brasil-supone-la-entrada-de-pesticidas-prohibidos-en-la-union-europea/ ↩︎
9. Mendez-Parra, M., Garnizova, E., Baeza Breinbauer, D. et al. (2020). Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement Negotiations between the European Union and Mercosur. London School for Economics (LSE). https://www.lse.ac.uk/business/consulting/assets/documents/SIA-in-Support-of-the-Association-Agreement-Negotiations-between-the-EU-and-Mercosur-Final-Report.pdf ↩︎
10. Greenpeace (2024). El acuerdo comercial UE-Mercosur incumple la legislación climática de la UE. Greenpeace comunicación. https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/el-acuerdo-comercial-ue-mercosur-incumple-la-legislacion-climatica-de-la-ue/ ↩︎
11. Kálmán, A. y Pena, P. (Investigate Europe) (2022). El negocio multimillonario de los pesticidas que se resiste a cambiar. Infolibre. https://www.infolibre.es/politica/negocio-multimillonario-pesticidas-resiste-cambiar_1_1266629.html ↩︎

(*) Geógrafo. Red de Medioambiente de Izquierda Unida -España-