Miguel Montero (Secretario general del PCE en Madrid), 22 de Enero de 2026

La semana pasada, un estudio del Ministerio de Consumo alertaba que la renta de quienes tienen una vivienda alquilada es un 82% superior a la de quienes viven de alquiler. Mientras, en 2025 el precio por metro cuadrado subió un 13% en el conjunto del país, y un 21% en Madrid.
La misma semana, el propio Presidente del Gobierno anunciaba bonificaciones fiscales adicionales para los caseros «que no subieran los alquileres«. Por otra parte, se anuncian planes para la construcción de vivienda. Cuando se pongan en venta esas viviendas que se anuncian tendrán un precio inasequible para cualquier joven o cualquier familia trabajadora.
La construcción de vivienda y las bonificaciones fiscales a propietarios son medidas poco originales, que ya empleó a fondo el gobierno del PSOE de Zapatero durante la burbuja inmobiliaria. El resultado ya lo conocemos. Regalar suelo público o bonificar construcciones que pasan rápidamente al mercado libre, mientras se hacen regalos fiscales a quienes se enriquecen a costa de sus inquilinos, solo cronifican la desigualdad y alimentan una crisis estructural.
La crisis de la vivienda, que afecta igual a quién vive de alquiler o paga una hipoteca, va de la mano de un crecimiento continuo de la carestía de la vida. Mientras los responsables económicos se congratulan de «la moderación del IPC», la realidad es que las familias trabajadoras de este país no notan mejoría alguna. Ni siquiera una contención en los precios. Los salarios cunden menos cada año, invariablemente. Y cuando no está disparado el precio del aceite, lo está el de la carne, el combustible o los huevos. Nos sobra mes a final de sueldo. La alegría que se desprende con los datos macroeconómicos que se respira en las ruedas de prensa no casa con la situación que sufrimos.
La población de nuestro país está sometida a un bombardeo de ideas autoritarias y turbocapitalistas. Y, mientras tanto, la izquierda se presenta como una constante promesa incumplida. Los mensajes que se lanzan son una lista de exigencias a un gobierno del que formamos parte. Planes que no se concretan en avances tangibles. Y declaraciones que llevan años preconizando que de las crisis de gobierno provocadas por el rearme, la corrupción del PSOE o la parálisis del gobierno solo se sale «con avances decididos en derechos sociales». Avances que llevan ya varios años sin llegar. Que suenan a gestos de confianza hacia un Partido Socialista que, en las cuestiones materiales, siempre proclama cosas de izquierdas para acabar tomando decisiones de derechas, como reza el meme de «has sido PSOEizado».
Cuando se acerquen las próximas campañas electorales, las organizaciones de izquierdas nos lanzaremos a intentar representar a quienes vivimos de alquiler, a quienes somos pasto de la ansiedad por si nos renovarán el contrato y cuánto nos subirán al mes. Saldremos en tromba a hacer declaraciones radicales sobre el coste de la vida. Y, por desgracia, habrá muchas personas que no nos crean ya.
Esto no va (solamente) de formar parte del gobierno o no. Va de en qué condiciones se hace, para qué y qué se consigue en el gobierno. Las medidas arrancadas al PSOE durante la pandemia, o avances como la reforma laboral que sí supusieron una mejoría tangible para millones de personas quedan lejos ya en el imaginario colectivo. No se puede vivir de las rentas de conquistas de hace 3, 4 o 5 años. Hasta el inquilino naranja de la Casa Blanca ha prohibido la adquisición de vivienda a fondos de inversión . Y nosotras en punto muerto, sin arrancar avances y aguantando medidas que solo favorecen a las promotoras, las inmobiliarias y los caseros. No es posible soplar y sorber.
Si la desigualdad en la renta disponible la genera la propiedad de la vivienda, es la estructura de la propiedad la que debe ser modificada. Es imprescindible poner el foco en la propiedad privada de la vivienda, en las personas físicas y jurídicas que poseen decenas de viviendas en el mismo municipio. Prohibir la adquisición de un elevado número de viviendas en el mismo área metropolitana es una medida sencilla de comprender, incluso para personas conservadoras. Igual que recibiría un amplio consenso ilegalizar las agencias de alquiler, las mafias como Desokupa y cualquier forma legal o alegal que adopte el brazo armado del rentismo para continuar forrándose. Si después lo anula la Unión Europea o el Tribunal Constitucional, podremos poner el foco en las leyes y tratados que anteponen siempre a la propiedad privada de la vivienda frente a la necesidad de un techo de cualquier ser humano. Pero continuar en esta parálisis, conniviendo con el disparado gasto en armamento mientras nuestros bolsillos menguan, solo nos puede llevar a la derrota ideológica y política.
Los únicos que pueden vivir de las rentas son los fondos buitre y los caseros. La izquierda tiene que ser creíble, coherente y ganarse el pan todos los días, como la clase trabajadora. No echemos balones fuera, en nuestras manos está.
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