Cuando la vivienda es una mercancía y la supervivencia un pasivo, Estados Unidos obliga a sus más vulnerables a desplazarse y al exilio.
William Murphy (SUBSTACK DEL AUTOR), 21 de Enero de 2026
¿Qué sucede cuando vivir en la pobreza se convierte en un delito? En las ciudades estadounidenses, sobrevivir no solo es difícil, sino también ilegal. Así es como el sistema empuja al exilio a los más vulnerables.
Cuando la supervivencia se vuelve ilegal en tu propia ciudad, el desplazamiento no es un efecto secundario: es la política.
Esta es la lógica silenciosa de la Economía del Borrado: un sistema político que expulsa sistemáticamente a las personas una vez que dejan de ser rentables. La vivienda en Estados Unidos ya no se organiza en torno al alojamiento, sino en torno a la extracción. El alquiler, las hipotecas, la zonificación y las ordenanzas de «calidad de vida» funcionan conjuntamente como un mecanismo de clasificación, no para alojar a las personas, sino para decidir quién se queda.
Empecemos por la asequibilidad. Los salarios se estancan mientras que los alquileres y los precios de las viviendas se disparan, impulsados por la financiarización, la inversión especulativa y la consolidación de los propietarios. La vivienda se considera menos infraestructura y más un activo financiero. Una vez que esto sucede, la escasez se convierte en una característica, no en un defecto. Los precios altos no son un fallo del sistema, sino que el sistema funciona exactamente como fue diseñado.
Ahora veamos las salidas de emergencia a las que recurre la gente cuando la vivienda tradicional se vuelve imposible. ¿Casas diminutas? Prohibidas o estranguladas por códigos de zonificación diseñados para fantasías suburbanas unifamiliares. ¿Casas prefabricadas? Compradas por capital privado, alquileres disparados, residentes desplazados. ¿Vivir en un vehículo? Criminalizado mediante ordenanzas de estacionamiento, leyes anticamping y acoso policial constante. Vivir en autocaravana, antes un recurso para jubilados, ahora se considera una molestia pública. Acampar en auto se convierte en un delito menor. Vivir siendo pobre se convierte en un delito.
No se trata de seguridad, saneamiento ni estética; esas son solo excusas respetables. Si se tratara de seguridad, las ciudades proporcionarían viviendas legales y con servicios. Si se tratara de salud, invertirían en saneamiento, no en multas. Si se tratara de dignidad, priorizarían la vivienda como una necesidad humana. En cambio, las políticas públicas siguen dando vueltas a la misma pregunta sin respuesta: ¿dónde se supone que deben vivir los pobres?
La respuesta, tácita pero clara, es “en otro lugar”.
La migración forzada es el fin del juego. Las personas mayores con ingresos fijos son expulsadas de las ciudades que construyeron. Los trabajadores con bajos salarios se ven cada vez más alejados de empleos que aún dependen de su trabajo. Poblaciones enteras son desplazadas a través de las fronteras estatales, a desiertos, bosques, a la invisibilidad. Esto no es movilidad, es exilio. El mercado expulsa a las personas, y la ley se asegura de que no puedan adaptarse.
Llamar a esto política de «elección de estilo de vida» es una mentira deliberada. Nadie elige vivir en un coche porque esté de moda. Nadie estaciona una autocaravana porque las audiencias de zonificación sean divertidas. Estas son estrategias de supervivencia en un sistema que ha decidido que ciertas personas son sobrantes. Cuando se prohíben formas alternativas de vida en lugar de apoyarlas, el mensaje es inequívoco: adáptate silenciosamente, desaparece o serás castigado.
Esto es una lucha de clases con papeleo. Es violencia administrada mediante ordenanzas, permisos y multas en lugar de porras. Y se está expandiendo, porque mientras la vivienda se considere primero una mercancía y después una necesidad, el círculo de lo desechable seguirá ampliándose.
La verdadera crisis no es la falta de vivienda. Es una economía política que se niega a dar cabida a personas de las que ya no se beneficia.
Gaceta Crítica 
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