Alejandra Jacinto (PÚBLICO), 13 de Enero de 2026
Durante demasiado tiempo, en nuestro país se ha aceptado como inevitable una anomalía profunda: que el derecho a la vivienda está subordinado a la lógica de la rentabilidad financiera y especulativa.
Mientras los precios se disparaban -un 75% en España en la última década según Eurostat- los salarios se estancaban y generaciones enteras quedaban paulatinamente excluidas del acceso a una vivienda, el debate político se ha ido refugiando en medias tintas: incentivos, bonos, deducciones fiscales o apelaciones abstractas al aumento de la oferta como si fuese la panacea. Todo, salvo afrontar el núcleo del problema: que las casas son para vivir y no para especular. O, lo que es lo mismo: que las viviendas deben dejar de ser activos financieros.
Hoy, esa contradicción empieza a ser cuestionada incluso allí donde parecía intocable. Y ese hecho, por sí solo, debería provocar una sacudida política en nuestro país porque al fin parece que el consenso neoliberal empieza a resquebrajarse y debemos aprovecharlo.
El endurecimiento de las políticas contra la especulación inmobiliaria ya no es una rareza. Países Bajos, Singapur, Canadá o Nueva Zelanda han aplicado restricciones directas, impuestos disuasorios o prohibiciones parciales a la compra de vivienda por parte de inversores. No son experimentos marginales ni ocurrencias sino respuestas estatales a un diagnóstico compartido: cuando la vivienda se convierte en un activo financiero global, deja de cumplir su función social.
Lo verdaderamente significativo es que este giro no se limita a gobiernos progresistas. El anuncio de la semana pasada de que Donald Trump pretende prohibir que grandes fondos de inversión compren viviendas unifamiliares en Estados Unidos marca un punto de inflexión discursivo. No porque Trump sea un aliado en la defensa del derecho a la vivienda —obviamente—, sino porque incluso desde una derecha populista y violadora de los derechos humanos como la que él representa se reconoce, de facto, que la financiarización de la vivienda ha generado una crisis social insostenible.
Obviamente, Trump no es la solución, ni puede ser ejemplo de nada, es el síntoma. El presidente de Estados Unidos no plantea esta medida por convicción social ni por una defensa estructural del derecho a la vivienda. Su trayectoria política y empresarial está marcada por la especulación inmobiliaria, la desregulación y la concentración de riqueza, y se caracteriza por ser cooperador necesario de genocidas como Benjamín Netanyahu por meros intereses inmobiliarios y comerciales en la franja de Gaza que él mismo ha llegado a denominar “ la Riviera de Oriente Medio”. Repugnante.
Su propuesta no cuestiona el modelo de fondo, ni la acumulación de vivienda en manos privadas, ni el papel de Wall Street en la economía cotidiana. Es, en el mejor de los casos, una corrección cosmética; en el peor, una maniobra electoral envuelta en retórica populista. Quizás influido por el éxito electoral de Mamdani en Nueva York y su nítida apuesta prohabitacional. Nunca se sabe.
Pero precisamente por todo esto su anuncio resulta políticamente incómodo para Europa y para España. Si incluso un líder que ha defendido sistemáticamente los intereses del gran capital reconoce que la compra masiva de viviendas por fondos es un problema, ¿qué justificación queda para la inacción de gobiernos que se declaran defensores del Estado social?
Nuestro país tiene un mercado capturado, las viviendas se concentran en las manos de los que los que las utilizan únicamente para especular con ellas y todo ello combinando un parque público de vivienda público irrisorio, una histórica desprotección del alquiler, una fiscalidad favorable a la inversión inmobiliaria. El resultado es un mercado cautivo en manos del capital especulativo y el reto es precisamente ese: sacar la vivienda del mercado, protegerla del mismo, desmercantilizarla.
No se lleven a engaño, la situación que padecemos no es un fallo puntual del mercado, es el mercado funcionando a pleno rendimiento.
Ante esta situación, esta misma semana el Presidente Sánchez y la ministra de Vivienda han vuelto a anunciar su enésimo paquete de medidas para frenar la situación: un sistema de incentivos para que los propietarios que deben renovar contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio, una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquel que decida no especular y que compensaría lo que supuestamente dejan de ganar. Una compensación pública al lucro cesante.
Llegados a este punto, me pregunto ¿en serio hay que premiar con bonificaciones fiscales al que decida no especular?; ¿en serio tenemos que pagar, entre todos, la fiesta al rentista de turno que decida que los 1.200€ de alquiler que cobra hasta la fecha ya son suficientes? ¿Se imaginan bonificar fiscalmente a aquel que decida, por ejemplo, no conducir bajo los efectos del alcohol y comportarse cívicamente o al empresario que decida no explotar a sus trabajadores?
Prorrogar la duración de los contratos de alquiler y hacerlo sin abusar no puede ser un premio que encima paguemos todos, una nueva subvención al rentismo, tiene que ser un derecho de los inquilinos. Las conductas antisociales deben ser perseguidas y no premiadas. Menos zanahorias y más palos.
Igualmente se ha anunciado limitar los contratos de temporada estableciendo un régimen sancionador y extender las garantías de los alquileres habituales a los alquileres de habitaciones en zonas tensionadas. Ya era hora.
Sin embargo, el Real Decreto anunciado no incluye limitación alguna a la compra especulativa de vivienda. Ojalá me equivoque y ojalá dicha ausencia no tenga que ver con que el Gobierno haya asumido una mentira jurídica que no por mucho repetirla se convertirá en verdad: que no es posible prohibir. Porque sí, uno de los argumentos más repetidos contra la prohibición de la compra especulativa es su supuesta inviabilidad legal, pero es un argumento falso. El ordenamiento jurídico español, empezando por la Constitución, reconoce la propiedad privada pero la subordina de forma explícita a su función social y al interés general.
Desde ese marco, nuestro país podría adoptar de forma inmediata medidas como prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas a quienes no acrediten su uso como residencia habitual, establecer periodos obligatorios de ocupación antes de permitir el alquiler o la reventa, limitar o vetar la adquisición de vivienda por parte de grandes tenedores y aplicar recargos fiscales que hagan inviable o muy poco atractiva ese tipo de operaciones. El debate sobre la compra especulativa no es técnico, es político.
Si el Gobierno quiere demostrar que va en serio con esto de la vivienda, debe dejarse de parches y de regalos fiscales y empezar a consolidar derechos.
La prohibición de la compra especulativa no acabará por sí sola con la crisis de la vivienda, pero marcará una frontera clara: la vivienda no es un producto financiero más.
España no puede ni debe copiar en nada a Trump, ni sus políticas ni su retórica, pero sí debe tomar nota de lo que su anuncio revela: el consenso de que el mercado inmobiliario es intocable se ha roto. Aprovechémoslo.
Alejandra Jacinto es Abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES
Gaceta Crítica 
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