Gaceta Crítica

Gary Wilson (THE STRUGGLE – LA LUCHA), 6 de Enero de 2026

El 3 de enero de 2026, la administración Trump llevó a cabo uno de los actos de agresión imperialista más abiertos en la historia reciente de América Latina. Las fuerzas estadounidenses invadieron Venezuela y secuestraron a su presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro, junto con Cilia Flores.

Esta no fue una operación encubierta ni una maniobra de poder. Fue un ataque directo a la soberanía venezolana, llevado a cabo abiertamente y justificado a posteriori mediante decretos ejecutivos y bravuconería imperialista. El objetivo no era simplemente un presidente, sino el derecho de una nación oprimida a determinar su propio rumbo político y económico.

Cilia Flores no es una figura ceremonial. Mucho antes de ser etiquetada como «Primera Dama», fue una figura política central por derecho propio. Abogada de formación, Flores presidió la Asamblea Nacional y fue una de las defensoras institucionales más visibles del proceso bolivariano durante períodos de intensa presión opositora. Desempeñó un papel clave en el mantenimiento de la continuidad legislativa tras el intento de golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez y posteriormente se desempeñó como fiscal general y alta dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La propia Flores ha rechazado durante mucho tiempo el título de «Primera Dama», un término arraigado en el protocolo de la élite más que en la lucha política. En cambio, ha descrito su rol como el de la «Primera Combatiente Revolucionaria», enfatizando que su lugar dentro del proceso bolivariano no es simbólico, sino activo. Esta formulación refleja cómo entiende su posición: como participante de un proyecto político colectivo, no como un complemento del poder presidencial.

Su inclusión en las acusaciones estadounidenses y su captura junto a Maduro subrayan el carácter político de la operación. Flores ha sido atacada no por ninguna actividad criminal comprobada, sino porque representa la columna vertebral civil e institucional del Estado bolivariano: una líder con su propia base, trayectoria y autoridad. Su secuestro pretendía decapitar no solo a la presidencia, sino también al liderazgo político en general que se ha resistido a la intervención estadounidense durante más de dos décadas.

Para entender por qué Washington detuvo a Nicolás Maduro, es necesario entender quién es él y qué ha significado para Venezuela el liderazgo bolivariano que él representa.

De chofer de autobús a líder bolivariano

Maduro no provenía de la élite política tradicional venezolana. Comenzó su carrera política como conductor de autobús en Caracas y organizador sindical en el sistema de transporte de la ciudad. En la década de 1980, ayudó a formar un sindicato no oficial para los trabajadores del Metro, una experiencia que cimentó su política en las luchas cotidianas de los trabajadores, más que en maniobras electorales o el patrocinio de la élite.

Estos antecedentes fueron importantes. Cuando Hugo Chávez irrumpió en la escena nacional a finales de la década de 1990, se fortaleció gracias a militantes, organizadores y trabajadores de base que comprendían los límites del antiguo orden político venezolano. Maduro formaba parte de ese sector. Su ascenso dentro del movimiento bolivariano no fue accidental ni se basó únicamente en su carisma personal. Reflejó años de trabajo organizativo, disciplina partidaria y lealtad política durante períodos de intensa presión.

Maduro fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2000 y posteriormente se desempeñó como presidente. Posteriormente, se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores, donde desempeñó un papel central en la construcción de alianzas contra la dominación estadounidense, en particular mediante proyectos de integración regional y el fortalecimiento de vínculos con Cuba y otros países que se resistían a los dictados de Washington. En 2012, Chávez lo nombró vicepresidente y lo identificó públicamente como su sucesor político.

Sucesor elegido en medio de creciente presión

Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro asumió el liderazgo en un momento de profunda incertidumbre. Las elecciones presidenciales extraordinarias que siguieron fueron reñidas, pero Maduro ganó. Su oponente, Henrique Capriles Radonski, provenía de una de las familias más adineradas de Venezuela y contaba con el apoyo abierto del capital nacional y del gobierno estadounidense. El resultado electoral nunca fue aceptado por Washington, que ya había comenzado a tratar la presidencia de Maduro como ilegítima desde el primer día.

Cuando las sanciones y la presión diplomática no lograron doblegar al Estado venezolano durante los años siguientes, Washington cambió de táctica. La invasión se justificó a posteriori mediante amplias demandas legales y declaraciones ejecutivas que replantearon el cambio de régimen como una medida de aplicación de la ley en lugar de una guerra.

La afirmación de Trump de que Venezuela le «robó» petróleo y tierras a Estados Unidos es completamente infundada. Venezuela nacionalizó su industria petrolera a mediados de la década de 1970, mucho antes de que Chávez o Maduro llegaran al poder, como una reivindicación de soberanía nacional que posteriormente se expandió bajo el proceso bolivariano. Las empresas estadounidenses recibieron indemnizaciones en ese momento, y ningún organismo legal serio ha reconocido jamás la propiedad estadounidense de los recursos naturales de Venezuela. Estas afirmaciones no funcionaron como prueba, sino como una fachada ideológica.

La Doctrina Don-Roe: un imperio sin disfraz

Lo que hizo diferente a esta operación no fue su ilegalidad, sino el hecho de que se declaró abiertamente y se justificó políticamente como un acto de poder imperialista. El propio Trump describió la acción como la primera aplicación de lo que llamó la «Doctrina Don-Roe», una versión personalizada de la Doctrina Monroe. Su propósito, dijo sin rodeos, era reafirmar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental y expulsar cualquier presencia independiente de estados como China, Rusia e Irán. Tras la invasión, Trump se jactó de que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado».

Fue aún más explícito sobre la propia Venezuela. Estados Unidos, dijo, «gobernaría el país» hasta que se pudiera organizar una transición. Habló con entusiasmo sobre la reapertura de los yacimientos petrolíferos, la reconstrucción de la infraestructura a través de corporaciones estadounidenses y la garantía del acceso a las vastas reservas de petróleo, oro y tierras raras de Venezuela. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Ese hecho por sí solo explica más sobre la invasión que cualquier acusación.

La reacción internacional no se hizo esperar. Rusia, China, Irán y otros gobiernos condenaron la acción como una flagrante violación del derecho internacional. El secretario general de las Naciones Unidas advirtió que se había violado la prohibición del uso de la fuerza. 

Un patrón familiar en América Latina

El precedente es conocido. 

En 1965, Estados Unidos invadió la República Dominicana para bloquear el regreso de Juan Bosch, presidente electo democráticamente, cuyo programa de reformas había sido derrocado dos años antes por un golpe militar respaldado por Washington. Cuando un levantamiento popular intentó restituir a Bosch en el cargo, las tropas estadounidenses ocuparon el país, aplastaron a las fuerzas constitucionalistas y allanaron el camino para la consolidación de un régimen dócil y alineado con los intereses estadounidenses. 

Casi dos décadas después, Washington invadió Granada para destruir un gobierno revolucionario que había roto con la dominación estadounidense en el Caribe, un ataque que incluyó el asesinato del primer ministro Maurice Bishop y la muerte de personal civil cubano que trabajaba en el país para construir un hospital.

En ambos casos, la legalidad se improvisó a posteriori y se empleó la fuerza militar para decidir resultados políticos que no se podían controlar solo mediante la presión. La operación contra Venezuela sigue el mismo patrón, actualizado para una nueva fase de decadencia imperialista.

El costo humano fue inmediato. Las autoridades venezolanas informaron que más de 80 personas murieron en los ataques, incluyendo civiles y miembros de las fuerzas armadas. Cuba confirmó que 32 efectivos cubanos estacionados en Venezuela a petición del gobierno murieron al resistirse al asalto. Residentes de Caracas describieron explosiones, viviendas destruidas y temor generalizado. Una funcionaria pública, Linda Unamumo, dijo que la explosión que destrozó su techo la obligó a huir con su familia. «Fue realmente traumático», dijo.

La administración Trump reconoció que hubo heridos entre las tropas estadounidenses, pero afirmó que nadie murió.

Un gobierno que sigue en pie

En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina conforme a las disposiciones constitucionales y denunció la captura de Maduro y Flores como un secuestro. Exigió pruebas de vida e instó a la comunidad internacional a reconocer la violación de la soberanía venezolana. El Estado venezolano, afirmó, permanece intacto. Maduro, a pesar de su destitución forzosa, sigue siendo el presidente legítimo.

“Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas”, dijo Rodríguez, “en un ambiente de respeto y cooperación internacional”.

Esa aspiración es precisamente lo que Washington se propuso aplastar.