Gaceta Crítica

Pedro Barragán (PÚBLICO), 4 de Enero de 2025

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos ha cruzado una línea histórica y moral al ejecutar un ataque militar directo contra la República Bolivariana de Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Se trata de un acto de guerra, una agresión abierta contra un Estado soberano, realizada sin mandato internacional y al margen de cualquier legalidad.

No estamos ante una «operación quirúrgica», ni ante una acción de «seguridad hemisférica», como intenta presentarla Washington. Lo ocurrido es un ataque criminal, ejecutado por la principal potencia militar del planeta contra un país debilitado por años de sanciones, asedio económico y aislamiento diplomático. Un ataque que pone en riesgo a millones de civiles y que confirma, una vez más, que el discurso del respeto al derecho internacional por parte de Estados Unidos es pura retórica vacía.

El secuestro del jefe de Estado venezolano y de su esposa constituye un acto despreciable en toda regla. No existe precedente reciente en América Latina de una potencia extranjera apresando al presidente legítimo de otro país mediante una acción militar directa. Este hecho, por sí solo, debería haber provocado una condena inmediata y unánime de la comunidad internacional.

Sin embargo, el silencio, la tibieza o la ambigüedad de muchos gobiernos revela la incómoda verdad de que cuando el agresor es Estados Unidos, las normas se relativizan. Aquello que sería calificado como terrorismo de Estado si lo ejecutara cualquier otro país, pasa a denominarse «intervención», «operación especial» o «acción preventiva».

El ataque contra Venezuela viola de forma directa la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No existe declaración de guerra, no existe autorización del Consejo de Seguridad, no existe amenaza inmediata que justifique la legítima defensa. Existe, únicamente, la voluntad unilateral de imponer la fuerza.

Estados Unidos ha decidido actuar como juez, jurado y verdugo, arrogándose el derecho de derrocar, capturar o castigar gobiernos que no se someten a su agenda. Este comportamiento erosiona el derecho internacional y lo convierte en papel mojado.

Más allá del secuestro presidencial y de los objetivos militares atacados, el mayor crimen de esta agresión es el terror infligido a la población civil. Bombardeos nocturnos, explosiones en zonas urbanas, cortes de servicios y pánico generalizado forman parte del saldo inmediato de la operación.

No hay «bombas humanitarias». No hay ataques «limpios» cuando se bombardea una capital. Cada misil lanzado sobre Caracas es una amenaza directa contra vidas inocentes. Y cada justificación posterior es una burla a quienes se esconden, huyen o lloran a sus muertos.

Las razones esgrimidas por Washington -narcotráfico, autoritarismo, seguridad regional- no resisten un análisis serio. Si esos fueran los criterios, Estados Unidos debería intervenir en decenas de países aliados donde existen violaciones de derechos humanos mucho más documentadas.

Las motivaciones reales son otras. En primer lugar, Venezuela ha sido durante décadas un símbolo de desafío a la hegemonía estadounidense en América Latina; en segundo lugar, el petróleo venezolano y el resto de recursos estratégicos siguen siendo un botín codiciado; en tercer lugar, se trata de un escarmiento político, enviando un mensaje claro a cualquier gobierno que pretenda salirse del guión impuesto desde Washington; y, por último, el uso interno en EEUU del conflicto, utilizando la agresión externa como herramienta de cohesión política y distracción interna.

No es una operación aislada. Es la culminación de años de sanciones, intentos de golpe, bloqueo económico y guerra híbrida. Cuando todo eso no ha logrado doblegar al Estado venezolano, se ha recurrido a la fuerza bruta.

Si esta agresión queda impune, el mensaje va a ser devastador, ningún país será realmente soberano si no cuenta con poder militar suficiente para disuadir a EEUU. Se normaliza la idea de que un Estado puede secuestrar libremente al líder de otro, bombardear su territorio y decidir su futuro político.

Ese precedente no amenaza solo a Venezuela. Amenaza a toda América Latina, al Sur Global y a cualquier nación que no se alinee plenamente con los intereses de Estados Unidos.

No basta con llamados genéricos a la «calma». No basta con comunicados diplomáticos vacíos. La agresión debe ser condenada con claridad, investigada y sancionada. El secuestro de un presidente en ejercicio y el ataque a un país soberano no pueden convertirse en un hecho más del ciclo informativo. Callar hoy es legitimar la ley del más fuerte. Y aceptar esa lógica es aceptar un mundo más violento, más inestable y más injusto.

Lo ocurrido en Venezuela no es un «incidente». Es un crimen internacional y un acto de agresión imperialista en su forma más descarnada. Estados Unidos ha demostrado que, cuando sus intereses están en juego, no reconoce límites legales ni morales. La historia juzgará este ataque. Pero lo hará con mayor dureza aún si el resto del mundo decide mirar hacia otro lado.

Ante esta agresión intolerable, la movilización popular se vuelve una responsabilidad moral y política. Las manifestaciones convocadas en Madrid y en distintas ciudades de todo el país no son solo un gesto de solidaridad, sino una defensa activa del derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin amenazas ni bombardeos. Salir a la calle hoy es decir no a la guerra, no al secuestro de gobiernos soberanos y no a la ley del más fuerte. Es exigir el fin inmediato de la agresión, la devolución de los secuestrados y el respeto al derecho internacional. El silencio favorece al agresor y la movilización colectiva es la única respuesta legítima frente a la injusticia.