Gaceta Crítica

Christophe Ventura (LE MONDE DIPLOMATIQUE), 4 de Enero de 2026

La doctrina Monroe resurge con fuerza en América Latina y se acompaña de un “corolario Trump”. Los objetivos de Estados Unidos son restaurar su dominio continental, repeler la influencia china y poner a la región al servicio de las prioridades internas definidas por la Casa Blanca. Subordinadas, las derechas locales ganan terreno y lo celebran.

José Gamarra. — El progreso de una ayuda, 1969

Fue responsable de más de tres mil desapariciones o asesinatos. Cerca de cuarenta mil personas fueron torturadas siguiendo sus órdenes, y algunas de ellas aún sufren secuelas. Poco tiene de extraño que, desde el final de la dictadura que impuso al país de 1973 a 1990, en Chile los retratos de Augusto Pinochet se hayan vuelto raros. Pese a ello, el 14 de diciembre de 2025, regresaron triunfales a las calles de Santiago para celebrar la victoria en las elecciones presidenciales de José Antonio Kast, que se proclama con orgullo admirador del general golpista.

Catorce años atrás, sin embargo, los estudiantes salían a las calles de Chile para sumarse a las mayores manifestaciones que había conocido el país desde el regreso de la democracia. Exigían una educación “gratuita y de calidad” y, más en general, el final del modelo neoliberal inscrito en la Constitución de 1980, heredada de la dictadura. Ellos también tenían su propio icono, cuyos retratos engalanaban las protestas: Salvador Allende, presidente socialista de Chile, elegido en 1970 y derrocado por Pinochet. Uno de aquellos estudiantes, Gabriel Boric, progresó en su carrera política hasta ponerse al frente del Estado en 2022 sin dejar de invocar el nombre de Allende. Dentro de unos meses, el 11 de marzo de 2026, Kast le sucederá en el cargo de presidente del país.

En 1973, la Casa Blanca apoyó el golpe de Estado de Pinochet: “No veo por qué deberíamos dejar que un país se vuelva marxista solo porque su población es irresponsable”, se justificó Henry Kissinger por entonces (1). Algo más de cincuenta años después, el presidente estadounidense se congratula de la victoria en las presidenciales chilenas del candidato al que ha brindado su “apoyo” (2).

¿Su “apoyo”? Antes del regreso al poder de Trump, Washington no mostraba tan descaradamente su parcialidad en los asuntos del subcontinente. Claro que las palabras del multimillonario presidente no han sorprendido gran cosa. América Latina ha caído en la cuenta del gran interés que despierta en el actual inquilino de la Casa Blanca.

“La democracia [en Honduras] será puesta a prueba en las próximas elecciones, que se celebrarán el 30 de noviembre”, señalaba el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social el pasado 26 de noviembre. Según las normas del Consejo Nacional Electoral hondureño (CNE), la campaña electoral había concluido tres días antes, pero Trump dirigía a los millones de votantes del país una consigna directa para que depositaran su papeleta en favor del hombre de negocios conservador Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional), el “amigo de la libertad” (3). Dos días más tarde de su primer mensaje, el presidente estadounidense precisó lo que tenía en mente, y lo hizo en forma de amenaza: si su candidato ganaba “las elecciones presidenciales […], Estados Unidos le brindará todo su apoyo. […] Si no gana las elecciones, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un mal dirigente no puede sino tener consecuencias catastróficas para un país”.

Washington concentró su presencia militar en América Central en el noroeste de Tegucigalpa, la capital de Honduras, un país que dispone de costa frente al mar Caribe. La base aérea de Soto Cano alberga la Joint Task Force-Bravo, una unidad conjunta entre ambos países y en la que participa una fuerza permanente de medio millar de soldados estadounidenses para realizar misiones teóricamente humanitarias, de formación en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. A principios de 2025, la presidenta de izquierda Xiomara Castro amenazó con poner fin a esta cooperación en protesta por la política de expulsión de personas migrantes impulsada por Trump, que pronto afectaría a decenas de miles de ciudadanos del país centroamericano. De ahí los vengativos mensajes del republicano…

Por si algunos hondureños no lo habían entendido del todo, entre el 27 y el 29 de noviembre más de 90.000 habitantes —todos titulares de una cuenta bancaria nacional receptora de remesas, el dinero que los emigrantes transfieren a sus familias— recibieron mensajes en sus teléfonos móviles con un enlace que los dirigía a un audio en el que se les anunciaba que si Rixi Moncada (del mismo partido que Castro) salía elegida, no recibirían sus remesas en el mes de diciembre. Los envíos de dinero de los cerca de dos millones de personas instaladas en territorio estadounidense suponen más de un cuarto del producto interior bruto (PIB) de Honduras (4). El 1 de diciembre de 2025, sucedió el milagro: pese a la derrota augurada por los sondeos, el “amigo” de Trump ganó las elecciones presidenciales.

Este último, a quien preocupaba que el jefe de Estado venezolano “y sus narcoterroristas” puedan “apoderarse de otro país, como hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela”, se quedó tranquilo: desde septiembre de 2025, Estados Unidos concentra las mayores fuerzas navales reunidas en la región desde la crisis de los misiles de Cuba, en 1962 (5). Según el presidente estadounidense, cuya Administración está imponiendo una guerra híbrida a la República Bolivariana, el dirigente chavista “tiene los días contados” (Politico, 9 de diciembre de 2025). Su caída significará también, espera él, la del “régimen cubano”.

La connivencia europea

A las sanciones financieras y económicas que asfixian Venezuela se les añade una campaña de demonización mediática contra Maduro, de hecho cuestionado tanto en el país como en la región. En la actualidad, Washington ha puesto en marcha un bloqueo marítimo petrolero a Caracas; la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ha recibido autorización para realizar operaciones secretas con vistas a una potencial intervención en el territorio, y la Armada estadounidense ha intensificado los ataques contra embarcaciones en las que supuestamente se transporta droga. Para el 18 de diciembre de 2025, estos ataques, calificados de “ejecuciones extrajudiciales” por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habían causado ya la muerte de más de cien personas (6).

Estas injerencias no suscitan la menor recriminación por parte de las cancillerías occidentales, bien dispuestas a denunciar agresiones militares o manipulaciones electorales a condición de que puedan atribuirse a Moscú. La estrategia funciona. Antes de los comicios legislativos en Argentina, el pasado 26 de octubre, el presidente estadounidense procedió a un chantaje económico y financiero semejante al que “convenció” a los hondureños: o bien le hace entrega a Buenos Aires de financiación e inversiones en caso de victoria del candidato de la Casa Blanca, Javier Milei, o bien deja en la estacada al país y le complica la vida con la interrupción de las ayudas bilaterales, un aumento de los aranceles, el cierre del acceso al mercado estadounidense… Aunque los sondeos le prometían una victoria por la mínima, el aliado libertario de Trump acabó ganando las elecciones con una cómoda ventaja sobre la oposición peronista.

Son muchas las herramientas de presión o de represalia de las que dispone Washington contra los países latinoamericanos, lo que favorece su despliegue en sus territorios. A menudo menos llamativas que las injerencias políticas directas, los mensajes en Truth Social o las sanciones extraterritoriales (Cuba, Nicaragua, Venezuela), las medidas de represión comercial de la Administración estadounidense sumen en el marasmo a los Estados de la región. Todos buscan el modo de esquivar las iras del presidente estadounidense y se ponen a “negociar” con la esperanza de lograr una suavización o el levantamiento de tal o cual arancel.

México, país al que Estados Unidos amenaza regularmente con una intervención en nombre de la lucha contra el narcotráfico, ha visto cómo se le imponían unos aranceles del 25% sobre sus exportaciones de productos no incluidos en el acuerdo comercial firmado por ambos países más Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) y del 50% sobre el aluminio y el acero. El día a día del Gobierno de Claudia Sheinbaum consiste en evitar las amenazas de penalizaciones suplementarias que su vecino del norte profiere regularmente y por diverso motivo: la lucha contra la inmigración o el narcotráfico, la exigencia de reducir las exportaciones chinas con destino a Estados Unidos vía el USMCA, la petición de un aprovisionamiento de agua dulce más abundante… Lo que la presidenta mexicana desea es, ante todo, abordar en las condiciones menos malas posibles las negociaciones con vistas a preparar la revisión periódica del USMCA (en vigor desde 2020 para 16 años), que darán comienzo el 1 de julio de 2026. Estas discusiones decidirán, ante todo, la prórroga (o no) hasta 2042 de este acuerdo, vital para una economía mexicana acoplada al mercado estadounidense.

En julio de 2025, Brasil vio cómo sobre su economía se abatían los mayores aranceles impuestos por Trump a país alguno (con la excepción de China a principios de 2025): el 50%. Además, el presidente estadounidense quiso presionar, sin éxito, contra el ingreso en prisión de su aliado Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Tras semanas de arduas negociaciones, Brasilia consiguió la exención del arancel del 40% sobre muchos productos agrícolas (carne de vacuno, café, cacao, fruta, etc.) aprovechando los temores inflacionistas en Estados Unidos.

Mantener un perfil bajo

En las presentes circunstancias, plantar cara de consuno al presidente estadounidense sobre otros asuntos se revela difícil y arriesgado. Verdad es que las injerencias electorales, la belicosidad de la escalada contra Venezuela o la perspectiva de un derrocamiento de Maduro provocado por Washington (por medio tanto de la presión económica como de una acción militar) pueden suscitar condenas formales u ofertas de mediación política —como las de Brasil o México—. Pero las principales potencias regionales evitan entrar en una confrontación directa —ya no digamos concertada— contra Trump. Mal que le pese al presidente colombiano Gustavo Petro, “el próximo en la lista de Trump” en su pretendida lucha contra los narcotraficantes (Politico, 10 de diciembre). El dirigente de izquierda ostenta hasta marzo de 2026 la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que agrupa a 33 Estados de la región. “Yo soy presidente de la CELAC y les quiero decir que, a estas alturas, eso sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada”, declaró en una rueda de prensa (11 de diciembre de 2025) en referencia a la ausencia de reacción de los países de la región a los ataques del presidente estadounidense.

¿Qué proyecto subyace a la ofensiva de este último? Parte de la respuesta la encontramos en el documento sobre estrategia de seguridad nacional publicado por la Casa Blanca el 5 de diciembre de 2025 (7). Según este, el regreso de Washington a su “patio trasero” debe contribuir a “garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más fuerte, más rico, más poderoso y más próspero en las décadas por venir”. Se trata de la expresión de unas miras imperialistas asumidas como tales: América Latina debe contribuir a la reconstrucción, el refuerzo y el desarrollo de las capacidades y las fuerzas productivas, tecnológicas, estratégicas y militares de Estados Unidos con el fin de mantener un “equilibrio de poderes” con otros actores con reconocido estatuto de potencias, como China en primer término, o bien Rusia.

En resumen: una concepción de las relaciones internacionales basada en la prioridad de las relaciones de fuerzas interestatales (lo que no excluye la cooperación) y el reconocimiento de zonas de influencia de cada superpotencia. Washington afirma que no es su intención agredir a sus competidores, pero se niega en redondo a tolerar la expansión de estos últimos por el “hemisferio occidental” (es decir, en su terminología estratégica, el conjunto del continente americano) o facilitarla por su propio debilitamiento. En términos generales, “el objetivo de las políticas de seguridad nacional es proteger los intereses nacionales fundamentales [de Estados Unidos], y ciertas prioridades trascienden las fronteras regionales”. Preservar esta seguridad exige, supuestamente, el dominio de Washington desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego.

El presidente republicano ha recuperado los famosos principios de la doctrina Monroe, llamados así por el presidente James Monroe (1817-1825), el primero que se refirió a América Latina como una esfera de influencia perteneciente a su país y en la que prohibió toda nueva colonización o intervención europeas. Cerca de un siglo después, en 1904, el presidente Theodore Roosevelt afinó su teoría declarando que “en el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligarle, incluso contra su voluntad, a ejercer un poder de policía internacional en casos flagrantes de actos reprensibles o de impotencia”. Una postura que fue bautizada como “corolario Roosevelt”. Hoy, el documento de estrategia nacional añade un “corolario Trump” a la doctrina ya constituida.

Las derechas ganan terreno

Tal como lo ve la Casa Blanca, la amenaza china ha sustituido a la europea, y los Estados “comunistas” o “narcoterroristas” latinoamericanos son considerados responsables de “casos flagrantes de actos reprensibles o de impotencia”. Según el documento estratégico oficial, de lo que se trata es de “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a zonas geográficas claves en toda la región”. “Impediremos a los competidores no hemisféricos posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o bien poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. Aunque nunca se menciona, no hay línea del documento que no se refiera a China. Su influencia comercial, financiera y tecnológica sobre América Latina es a la vez descrita en detalle y denunciada implícitamente.

El presidente Trump preconiza una nueva “diplomacia comercial” con los países del subcontinente para contener a Pekín. Les obliga a obrar al servicio de las orientaciones de Washington, tanto en el plano doméstico como en el internacional, ya que América Latina “posee numerosos recursos estratégicos” que Estados Unidos necesita (hidrocarburos, materias primas, recursos naturales, productos agrícolas, infraestructuras y localizaciones geográficas) y sus países pueden contribuir al “refuerzo de las cadenas de suministro críticas en el hemisferio, lo que reducirá las dependencias y aumentará la resiliencia económica estadounidense”. El documento invita a los diversos gobiernos a hacer de Washington “su socio prioritario”. Los que acaten serán recompensados. En cuanto a los testarudos, “los disuadiremos (por diversos medios) de colaborar con otros”.

En la actualidad, Washington puede contar con muchos países alineados, incluso entre aquellos que tienen en Pekín a su primer o segundo socio comercial. Argentina (Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (Kast), Costa Rica (Rodrigo Chaves), El Salvador (Nayib Bukele), Ecuador (Daniel Noboa), Honduras (Asfura), Guatemala (Bernardo Arévalo), Guyana (Mohamed Irfaan Ali), Panamá (José Raúl Mulino), Paraguay (Santiago Peña) y la República Dominicana (Luis Abinader) están gobernados por dirigentes conservadores, de ultraderecha o dependientes de Washington. Todos se someten a las exigencias de Trump.

Y algunos con singular celo. Bukele ha puesto a su disposición su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para encerrar a los migrantes expulsados de Estados Unidos y considerados peligrosos. Los presidentes de Argentina, Ecuador —principal centro regional de exportación de la cocaína colombiana—, Guyana, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago (situado a once kilómetros de Venezuela) participan en la coalición internacional contra el narcotráfico creada por el secretario de Estado Marco Rubio, además de apoyar la política de Estados Unidos contra Caracas. Estos países han puesto a disposición de Washington su territorio, sus infraestructuras y su espacio aéreo para la operación Lanza del Sur (Southern Spear), oficialmente puesta en marcha con vistas a desmantelar los cárteles de la droga de la zona.

Mientras la mayor potencia mundial empezó hace meses su reimplantación militar en todo el subcontinente por medio de múltiples acuerdos de cooperación reactivados, actualizados o de nuevo cuño (8), sus bases de Guantánamo (Cuba), Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Granada o las islas de Aruba y Curazao (a ochenta kilómetros de Venezuela) completan su dispositivo caribeño. Esta última isla sirvió de escala a María Corina Machado en su exfiltración de Venezuela, organizada para que pudiera recoger en Oslo su Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 2025. Los presidentes José Raúl Mulino, Javier Milei, Santiago Peña y Daniel Noboa aprovecharon la ocasión para desplazarse también a Noruega en su afán tanto de dar muestras de su solidaridad con Machado como de manifestar su servilismo a Trump.

Las derechas ganan terreno por todas las latitudes de América Latina. Con las especificidades propias de cada configuración nacional, sus polos radicales están aumentando su influencia o, directamente, ganan elecciones. Un poco por todas partes, los “empresarios-jefes de Estado” de antaño —pensemos en el argentino Mauricio Macri (2015-2019) o el chileno Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022)—, que ponían de relieve sus habilidades de buenos gestores neoliberales, han sido eclipsados por figuras que más bien explotan el registro ideológico. Según afirman los nuevos tenores de la derecha latinoamericana, ha llegado la hora de acabar con la hidra comunista.

Y eso que la izquierda pocas veces ha estado tan debilitada en América Latina desde el final de las dictaduras. Pese a todos los alaridos de la derecha sobre la “amenaza roja”, de lo que más se ha beneficiado es del desgaste de unos gobiernos progresistas que llevaban largos años en el poder. En especial los que siguieron a la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid-19. Los efectos combinados de ambas crisis —que la izquierda gestionó manteniendo constante el sistema socioeconómico, esto es, sin poder o querer emprender reformas estructurales ambiciosas— han causado daños duraderos a las sociedades latinoamericanas. Y han contribuido a generar un fuerte resentimiento contra el Estado en cuanto institución, así como, en algunos países, contra los dirigentes políticos asociados a esos dolorosos periodos. En la mayoría de ellos, el balance de las formaciones progresistas en materia de lucha contra la criminalidad —un fenómeno que se ha intensificado y extendido por la región de forma concomitante— se juzga muy insatisfactorio.

Pero hay otros factores que contribuyen a alimentar el ascenso de las derechas. Desde el final de la crisis sanitaria han aparecido muchas actividades económicas que han adoptado la forma del autoemprendimiento, en especial en los servicios relacionados con el desarrollo de las plataformas digitales (transportes, restauración, importación-exportación, etc.). Este auge se ha producido en economías donde el sector informal absorbe a cerca de uno de cada dos trabajadores, e incluso a más del 70% en determinados países, como Bolivia, Ecuador o Perú (9). Las mujeres y los hombres jóvenes urbanos están entre quienes más se ha dado el fenómeno. Esta extensión del trabajo por cuenta propia alimenta las tendencias al individualismo social y político y a la fragmentación de los electorados. El rechazo de los gobiernos salientes se radicaliza conforme se alejan las perspectivas de movilidad social (10).

Finalmente, la feminización de las sociedades latinoamericanas se ha acelerado desde principios de la década del 2000 (mayoría demográfica, mayor acceso a la educación superior y al mercado laboral, avances en materia de derechos individuales y colectivos, sobre todo en cuestiones sexuales y reproductivas, etc.). Las corrientes conservadoras, religiosas y tradicionalistas aprovechan el contexto de degradación económica generalizada para presentar una visión reaccionaria del lugar de las mujeres en la sociedad, soplando así en las velas de las formaciones ultraderechistas.

Está previsto que en 2026 se celebren elecciones en varios países clave de la región: Brasil (octubre), Colombia (marzo y mayo), Costa Rica (febrero y abril) y Perú (abril). Dos de ellos, Brasil y Colombia, verán cómo Gobiernos progresistas defienden su legado frente a unas derechas poderosas y con ánimo de cobrarse su “revancha”. Todo parece indicar que los latinoamericanos van a seguir recibiendo muchos mensajes de parte de Donald Trump…

(1) Citado por Grace Livingstone, America’s Backyard: The United States and Latin America from the Monroe doctrine to the War on Terror, Zed Books, Nueva York, 2009.

(2) Francisco Sánchez, “Donald Trump reacciona al triunfo de José Antonio Kast en Chile y su mensaje ya da la vuelta al mundo”, 15 de diciembre de 2025, www.chile.as.com

(3) Véase Maurice Lemoine, “La izquierda reivindica su gestión en Honduras”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2025.

(4) “Honduras ha recibido más de 11.000 millones de dólares en remesas, un 13,9% más que 2024”, 10 de diciembre de 2025, www.laprensa.hn

(5) Riley Millen, “Satellite data reveals how the U. S. Navy is deployed near Venezuela”, The New York Times, 21 de noviembre de 2025.

(6) “ONU acusa a EEUU de violar el derecho internacional con los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico”, 31 de octubre de 2025, www.elnacional.com

(7) “National Security Strategy of the United States of America”, 5 de diciembre de 2025, www.whitehouse.gov

(8) Véase Vincent Ortiz, “Ecuador vuelve al sendero de la dependencia”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2025.

(9) “Panorama Laboral 2025. América Latina y el Caribe”, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 11 de diciembre de 2025.

(10) Véase Maëlle Mariette y Franck Poupeau, “Las razones del regreso de la derecha en Bolivia”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2025.