Por William Castillo Bolé (RESUMEN LATIONAMERICANO) el 24 de diciembre de 2025

El pecado que hemos cometido en Venezuela es atrevernos, por primera vez en cien años, a enfrentarnos a los groseros privilegios de una oligarquía insensible e insensible… Hugo Chávez , enero de 2003
El 18 de diciembre de 2014, mientras los venezolanos se preparaban para la Navidad —fecha celebrada con una devoción sin igual en nuestro país—, el Congreso de Estados Unidos aprobó una extraña ley dirigida específicamente a Venezuela. Más allá de la inusualidad de que el parlamento de un país aprobara una ley sobre otro, en ese instrumento legal —votado por unanimidad de demócratas y republicanos— Estados Unidos se atribuyó el derecho a intervenir en Venezuela «en defensa de la democracia y la sociedad civil».
Demasiado ocupados preparando hallacas (un plato tradicional navideño) y eligiendo ropa nueva para los niños, los venezolanos desconocían que se les había diseñado un traje a medida. Ese día en el Capitolio, los congresistas estadounidenses se justificaron alegando la necesidad de defender a los «manifestantes pacíficos venezolanos», aludiendo a las acciones violentas y vandálicas lideradas por la oposición ese año, que dejaron 43 ciudadanos muertos. La verdad: esa ley de «defensa de la sociedad civil» estableció el marco legal y allanó el camino para futuras sanciones contra Venezuela.
Tres meses después, en marzo de 2015, Barack Obama , invocando este instrumento legal, emitió un decreto presidencial declarando a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. En la Orden Ejecutiva 13692, Obama expresó su preocupación por “la situación en Venezuela”; y esa preocupación, como era previsible, lo llevó a crear el programa de sanciones contra nuestro país, destinado a “disciplinar” a esa democracia bolivariana rebelde e incómoda que no cumplía con los estándares estadounidenses.
Desde entonces, Venezuela ha sido blanco de una brutal política de devastación económica y agresión multifacética. En diez años, Estados Unidos, otros gobiernos y el sistema financiero internacional han impuesto 1.043 medidas coercitivas unilaterales, sanciones, persecución, asfixia y castigo contra el Estado, la economía, las finanzas públicas, la industria petrolera y el comercio exterior. Esta agresión, sin precedentes en la historia venezolana y en casi 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se conoce como el bloqueo a Venezuela.
Bloqueo significa sitiar, cercar el país. Sometida a un creciente proceso de hostilidad económica y política, y a una incesante campaña de criminalización a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales, Venezuela ha visto impedido el acceso a los mercados financieros, el comercio de petróleo y otros minerales, y ha sufrido el bloqueo, congelamiento y confiscación de valiosos activos en el extranjero durante los últimos diez años. Durante este período, se le ha negado al país el acceso a alimentos, medicamentos, materias primas y productos esenciales, incluidas las vacunas durante la pandemia de COVID-19.
En una década, el bloqueo ha devastado la economía venezolana, con graves impactos en la vida, el bienestar y los derechos humanos del pueblo venezolano. Entre 2015 y 2022, la economía se contrajo a una quinta parte de su valor de 2015; los ingresos de divisas cayeron un 90 % durante el mismo período, lo que generó un fuerte déficit en el presupuesto nacional que, en consecuencia, afectó la prestación de servicios públicos y los programas de protección social.
El costo estimado de las pérdidas para la economía venezolana debido a la caída del PIB ascendió a 642.000 millones de dólares en siete años, o una pérdida anual promedio de 91.000 millones de dólares.
Los expertos estadounidenses en el diseño de sanciones —como el ex funcionario de la administración Obama Richard Nephew— sostienen que las sanciones deberían “causar dolor” y aplicarse “donde puedan causar más dolor”.
Debido a este diseño, las medidas coercitivas unilaterales impusieron severas restricciones a la industria petrolera venezolana, impidiendo a nuestro país ejercer su soberanía sobre sus fuentes de energía. Desde 2017, mediante diversas órdenes ejecutivas emitidas por Estados Unidos, se ha impedido a PDVSA , la petrolera nacional, renegociar sus compromisos internacionales, y se han impuesto severas restricciones a sus operaciones en todo el mundo. El sector petrolero ha sido objeto de 163 medidas coercitivas económicas, lo que representa el 16 % del total de medidas contra el país.
Como resultado de las sanciones, en los primeros siete años del bloqueo, la industria petrolera venezolana dejó de producir 3.993 millones de barriles de petróleo, lo que se tradujo en pérdidas por 232 mil millones de dólares.
Como resultado, Venezuela perdió el 90% de sus ingresos en divisas entre 2014 y 2020. Para tener una idea de las cifras, Venezuela pasó de recibir 39.000 millones de dólares en ingresos extranjeros en 2014 a recibir 743 millones en 2020. De 39 a menos de 1. Es extremadamente difícil graficar esta disminución debido a la enorme brecha entre ambas cifras.
En 2017, Donald Trump bloqueó la deuda soberana y de PDVSA y, como era previsible, el país incurrió en impago. Debido a un fenómeno que la Relatora Especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, denomina «sobrecumplimiento» —que ocurre cuando las empresas exceden las sanciones por temor a ser sancionadas—, Venezuela fue prácticamente expulsada del sistema de mensajería interbancaria (Swift), lo que la aisló financieramente del mundo.
Más de 22.000 millones de dólares en recursos y activos del país se encuentran actualmente bloqueados o congelados en el sistema financiero o por medidas estadounidenses. Lo irónico es que, si bien Venezuela no pudo vacunar a sus niños debido al bloqueo de las vacunas, gran parte de esos fondos fueron confiscados por Estados Unidos y entregados en 2019 a la oposición venezolana para financiar al falso y autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, una creación política de Donald Trump, quien lo hizo ovacionar con fuerza en el… ¡Congreso estadounidense!
Hasta 41 bancos internacionales congelaron transacciones provenientes de Venezuela, incluyendo importaciones de alimentos y medicinas, turbinas para el sector eléctrico, repuestos para sistemas de agua potable y materias primas e insumos para la industria nacional.
Estas restricciones incluyen medidas contra empresas privadas y personas nacionales y extranjeras, prohibiciones de viajes, prohibiciones de visas y la congelación de activos públicos y reservas internacionales en bancos internacionales.
Mientras lees esto, Venezuela aún tiene 32 toneladas de oro congeladas en el Banco de Inglaterra y 5.000 millones de dólares en el FMI, cantidades que ambos organismos se niegan a devolver porque «no reconocen» al gobierno venezolano. La famosa doctrina de la inmunidad estatal, que actualmente se debate en relación con el intento de confiscar las reservas rusas, ya ha sido completamente violada en el caso de Venezuela.
Estados Unidos ha confiscado o destruido varios activos venezolanos. El principal activo de Venezuela en el extranjero, la petrolera CITGO, fue bloqueado por una orden ejecutiva de Donald Trump en 2019 y está en proceso de subasta en el sistema judicial estadounidense.
Como era de esperar, los impactos económicos se trasladaron rápidamente al presupuesto nacional, y de allí a los programas sociales y los servicios públicos.
Entre 2016 y 2017, se impidió la importación de vacunas y medicamentos, lo que incrementó la prevalencia de algunas enfermedades durante al menos tres años. El bloqueo alimentario provocó que el déficit nutricional aumentara de menos del 3%, donde lo había dejado Hugo Chávez, a más del 35%. Las sanciones unilaterales y el fenómeno del incumplimiento redujeron la producción local de medicamentos hasta en un 60%, y las principales farmacéuticas dejaron de enviar sus productos a Venezuela por temor a sanciones.
Esta crisis provocó una ola migratoria sin precedentes que afectó a amplios sectores profesionales, laborales y sociales, en particular en la salud, la educación, la ingeniería y las áreas técnicas especializadas. En algunas áreas médicas, Venezuela perdió casi la mitad de sus especialistas. Más de 2,5 millones de personas abandonaron el país, una cifra muy alejada de la reportada por la propaganda antivenezolana, pero que representó un shock cultural y social sin precedentes.
El bloqueo trascendió con creces las preocupaciones de Obama en 2015 y hoy trasciende las amenazas militares de Trump. Es una constante, una política de Estado. El control de Venezuela y sus inmensos recursos es un objetivo estratégico de la política exterior estadounidense. Y la recolonización de Venezuela está allanando el camino —como dijo Álvaro García Linera en 2017— para la reconquista económica y social de América Latina y el Caribe.
Las sanciones contra Venezuela fueron diseñadas e implementadas para provocar un “cambio de régimen político”, un concepto que, según los propios estrategas de Washington, va más allá de un simple cambio de gobierno o liderazgo e implica una especie de “reinicio” del sistema político, económico y legal del país objetivo.
Como dijo Marx, la historia a veces se repite como tragedia y a veces como farsa: el cambio de régimen o de modelo es algo que Estados Unidos ya hizo en Chile en 1973 y ahora intenta hacer en Argentina. Lo que antes se hacía con sangre, propaganda y guerra económica, ahora se hace con guerra económica, propaganda (en redes sociales)… y sangre.
Las sanciones dañaron profundamente el tejido económico venezolano, pero han fracasado rotundamente en dañar el espíritu nacional y lograr un cambio de régimen político. Hoy podemos afirmar, sin arrogancia, que la Revolución Bolivariana ha sido sometida a una prueba histórica y la ha superado con éxito.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro lanzó un programa económico para enfrentar la coerción de las sanciones; y en 2020, en medio de la pandemia, diseñó una audaz estrategia financiera y legal contra el bloqueo. Durante todo este tiempo, más allá de las calumnias y mentiras que se difunden a diario contra nuestro país, la Revolución que Chávez inició, basada en las ideas de Bolívar, ha contado con un pueblo dispuesto a resistir la agresión mediante la conciencia, el trabajo y la producción.
Cómo resistió el pueblo venezolano, qué recursos y estrategias utilizó para enfrentar la presión extranjera y convertirse hoy en la economía más dinámica de Sudamérica, es un tema verdaderamente sorprendente que abordaré en un próximo artículo.
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