Gaceta Crítica

Pablo Meriguet (PEOPLE’S DISPATCH), 18 de Diciembre de 2025

17 de diciembre — Tras una pausa de cinco días y más de dos semanas desde las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras reanudó el recuento de votos en un proceso electoral que ha sido ampliamente cuestionado por diversas fuerzas políticas de izquierda y derecha en Honduras. Según el CNE, varios problemas técnicos están dificultando el recuento.

Según datos oficiales , el candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH), el derechista Nasry Asfura (apoyado, entre otros, por el presidente estadounidense Donald Trump) mantiene una ligera pero sostenida ventaja (40,53%) sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras (PLH) (39,21%).

Así, Asfura obtendría 1.302.264 votos a su favor, mientras que Nasralla contaría con 1.258.580. Por su parte, la candidata del partido oficialista, la izquierdista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), obtuvo el 19,3%.

Moncada y LIBRE denunciaron que el proceso electoral se vio empañado por la interferencia extranjera (presión de Trump) e irregularidades. Pero no es solo el partido gobernante el que ha cuestionado severamente las elecciones.

Nasralla denuncia “fraude”

El candidato Nasralla declaró en una entrevista con CNN que se había cometido fraude en el recuento de votos: «Hoy están robando del lugar donde se encuentran las urnas con los votos. Representantes del Partido Nacional apagaron las cámaras e impidieron la entrada a los representantes del Partido Liberal».

También acusó directamente al PNH , que gobernó Honduras entre 2010 y 2022, de estar detrás de un posible plan de fraude: “[El CNE] debe revisar voto por voto las urnas que hemos reclamado al Partido Liberal de Honduras, que son más de 14,000 (2,773 en un conteo especial que comienza hoy a las 7 a. m.) de las 19,167 en las que hicieron trampa. Si no lo hacen, los votantes de Honduras y del mundo sabrán que las elecciones hondureñas no las decide el pueblo con sus votos, sino el crimen organizado que gobernó de 2010 a 2022”.

Asimismo, una comisión del Congreso ha cuestionado severamente la forma en que se ha realizado el recuento de votos y anunció que de comprobarse las irregularidades, no validarán las elecciones del 30 de noviembre: “Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso… Condenamos absolutamente la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

Defensa de los resultados

Por su parte, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió la reanudación inmediata del recuento. «La misión insta urgentemente a las autoridades electorales a iniciar de inmediato el recuento especial y a buscar todos los medios posibles para obtener los resultados oficiales lo antes posible… La demora actual en el procesamiento y la publicación de los resultados es injustificable», declaró Eladio Loizaga , jefe de la misión, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

La presidenta del CNE, Ana Hall, defiende la actuación de la institución que preside y afirma que el máximo organismo electoral está siendo intimidado: “Hoy he ratificado que rechazo las tácticas de intimidación que se están utilizando y que me opondré a quienes pretendan impedir la declaración de las Elecciones Generales”.

El espectro del fraude

El candidato Asfura, que actualmente mantiene una ligera ventaja, ha solicitado que la revisión de las actas se haga pública y se televise: “Que no haya dudas sobre los resultados, [para que el nuevo gobierno] pueda trabajar en paz y tranquilidad”.

Asfura sabe que la demora en anunciar oficialmente los resultados, sumada a las acusaciones de fraude por parte de sus dos principales oponentes, socava la legitimidad de su posible victoria. Una cosa es que uno de los tres principales partidos políticos de Honduras rechace los resultados, y otra muy distinta es que dos partidos, que juntos representan casi el 60% de los votos emitidos, lo hagan.

No han pasado muchos años desde que gran parte del espectro político denunció un presunto fraude electoral en 2017 que dio la victoria a Juan Orlando Hernández (2014-2022), del PNH, el mismo partido que hoy apoya a Asfura. Tras las elecciones, se produjeron importantes manifestaciones que dejaron decenas de heridos y varios muertos. A pesar de ello, Hernández asumió la presidencia y culminó su mandato tras una serie de cuestionamientos sobre la persecución a líderes de izquierda.

Tras su condena, Hernández fue investigado, acusado y condenado a más de 40 años de prisión en Estados Unidos por formar parte de una red de narcotráfico que presuntamente traficaba varias toneladas de drogas al país. A pesar de ello, Trump indultó a Hernández, quien actualmente se encuentra en libertad en Estados Unidos.

Presidente Castro denuncia intento de golpe de Estado

Según la presidenta hondureña, Xiomara Castro , la liberación de Juan Orlando Hernández podría tener consecuencias más graves. Como declaró en X, la próxima entrada de Hernández al país centroamericano tiene como objetivo un golpe de Estado: «Informo con responsabilidad histórica que, con base en información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, indultado en Estados Unidos, planea su ingreso al país para proclamarse ganador de las elecciones mientras se lleva a cabo un atentado que busca quebrantar el orden constitucional y democrático mediante un golpe de Estado contra mi gobierno».

También hizo un llamado al pueblo hondureño a defender la República y el orden constitucional: «Ante esta grave situación, solicito urgentemente el apoyo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Hago un llamado al pueblo, movimientos sociales, colectivos, organizaciones de base, activistas y ciudadanos a reunirse urgente y pacíficamente en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento de golpe de Estado y dejar claro al mundo que un nuevo golpe de Estado se está gestando aquí».

Se han producido varias manifestaciones de activistas de LIBRE y otros movimientos sociales. En respuesta, la policía ha desplegado una represión brutal, condenada por Castro, quien ha solicitado una investigación y la destitución de los agentes del orden que participaron en la represión.