Manu Pineda (ex eurodiputado de Izquierda Unida 2019-2024), PÚBLICO, 16 de Diciembre de 2025
El secuestro por parte de fuerzas estadounidenses de un superpetrolero venezolano que transportaba 1,9 millones de barriles de petróleo, constituye un acto de piratería internacional y una demostración explícita de la impunidad con la que actúa Estados Unidos en el escenario global. El propio presidente Donald Trump lo expresó sin ambages al declarar: «supongo que nos vamos a quedar con el petróleo». Se trata, por tanto, de un mensaje político deliberado, dirigido tanto a Venezuela como al resto de América Latina y al conjunto de la comunidad internacional.
Este asalto naval funciona como una advertencia inequívoca: para el imperio estadounidense no existe línea roja alguna que limite sus ambiciones estratégicas. Al actuar de forma abierta, pública y violenta, la administración Trump, con el respaldo de sus aliados, reactualiza una interpretación abiertamente neocolonial de la vieja Doctrina Monroe, imponiendo su dominio en la región mediante una combinación de coacción militar, presión económica, chantaje político y criminalización sistemática de gobiernos soberanos. Todo ello se realiza con un desprecio consciente y explícito hacia el derecho internacional, las instituciones multilaterales y los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía de los Estados y la igualdad jurídica entre ellos.
Las acciones contra Venezuela no se limitan al secuestro del petrolero, sino que forman parte de una escalada sostenida de agresiones, que combina elementos militares, económicos y simbólicos. El asalto al Derecho Internacional y el acto de piratería y contrabando naval que supone la incautación del petrolero Skipper fue acompañado de la difusión de imágenes del abordaje por parte del propio Trump, quien manifestó públicamente su intención de apropiarse del cargamento. Esta ostentación del robo busca normalizar la idea de que Estados Unidos puede apropiarse de recursos ajenos por la fuerza sin afrontar consecuencias políticas o jurídicas.
A ello se suma un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor del mundo, más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 efectivos desplegados en las inmediaciones de Venezuela. Este dispositivo opera desde bases situadas en pequeños estados vecinos, convertidos de facto en plataformas de agresión contra un país soberano. En paralelo, la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses han atacado al menos una veintena de embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico oriental bajo la acusación genérica de narcotráfico, provocando la muerte de 87 personas. En algunos casos, se llevaron a cabo segundos ataques con el objetivo de rematar a náufragos que habían sobrevivido al bombardeo inicial, hechos que encajan claramente en la tipificación de ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional humanitario, sin que se haya presentado evidencia alguna que indique la existencia de cargamentos ilícitos.
La agresión alcanzó un nuevo umbral cuando Trump proclamó unilateralmente que «el espacio aéreo encima y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad». Esta declaración, carente de cualquier respaldo jurídico internacional, constituye un acto de una gravedad extrema, al arrogarse Estados Unidos el derecho de anular la soberanía aérea de otro Estado por simple decisión presidencial. Aunque Washington no ha detallado los mecanismos para imponer tal medida, el mensaje político es inequívoco: se asume la capacidad de imponer por la fuerza un bloqueo aéreo sin mandato internacional alguno.
En paralelo a esta ofensiva militar, se desarrolla una campaña sistemática de criminalización política. La Casa Blanca ha acusado al presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, de encabezar una supuesta organización de «narcoterrorismo», y el Departamento del Tesoro ha designado al inventado Cartel de los Soles como «organización terrorista global», atribuyéndole a Maduro su liderazgo. Estas acusaciones se han acompañado de amenazas explícitas, elogios a la posibilidad de un golpe de Estado, autorización de operaciones encubiertas de la CIA y advertencias sobre una eventual invasión militar. En este marco, Trump ha señalado directamente a Colombia y México, advirtiendo que, si no se alinean con los planes de Washington, podrían convertirse en próximos objetivos. En el caso colombiano, ha afirmado que el siguiente presidente en ser atacado podría ser Gustavo Petro, mientras que respecto a México ha reiterado amenazas de intervención directa bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
Resulta particularmente revelador que toda esta ofensiva se justifique en nombre de la llamada «guerra contra las drogas», mientras, de forma simultánea, la administración Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por introducir más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Este indulto evidencia la absoluta hipocresía del discurso antidrogas de Washington y deja claro que el narcotráfico no es el problema, sino el pretexto.
El impacto de esta escalada no se limita a Venezuela. El corte del suministro de petróleo venezolano afecta directamente a Cuba, país que depende de este flujo energético para sostener su sistema eléctrico, transporte y buena parte de su actividad económica. El robo del petróleo y la persecución de los buques que lo transportan forman parte de una estrategia destinada a asfixiar simultáneamente a Caracas y La Habana, intensificando el sufrimiento de la población cubana y agravando los efectos de un bloqueo que dura ya más de 63 años, condenado de forma reiterada por la Asamblea General de la ONU. La inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo —decidida por Trump en su primer mandato y ratificada en los primeros días de su segundo— ha multiplicado este castigo al expulsar a la isla del sistema financiero internacional. La paradoja es evidente: el mismo Estado que ha participado en la mayoría de las guerras de las últimas ocho décadas y mantiene alrededor de 800 bases militares repartidas por todo el mundo, acusa de terrorismo a un país cuya proyección internacional consiste principalmente en el envío de brigadas médicas, personal educativo y ayuda humanitaria.
Todo este entramado de agresiones responde a una estrategia global coherente, cuyo objetivo último no son solo Venezuela y Cuba, sino también, y principalmente, China. Estados Unidos es consciente de que su hegemonía global está en declive y de que el principal desafío estratégico a su dominación es el ascenso chino. Para concentrar fuerzas contra ese adversario, Washington considera imprescindible recuperar el control absoluto de América Latina y el Caribe, su tradicional «patio trasero». Esta ofensiva busca romper una realidad que hoy resulta intolerable para el poder estadounidense: la mayoría de los países de la región tienen a China como su principal socio comercial, lo que reduce de forma estructural la capacidad de coerción económica y política de Estados Unidos.
Venezuela y Cuba son objetivos prioritarios en esta estrategia, pero no los únicos. Colombia, México y, en general, cualquier país latinoamericano que aspire a una política exterior soberana o a diversificar sus relaciones internacionales se convierte automáticamente en un obstáculo. De ahí que las amenazas de Trump no se limiten a dos países, sino que se extiendan explícitamente al conjunto de América Latina y el Caribe.
Frente a esta deriva, la reacción de la Unión Europea y del llamado mundo occidental ha sido nula o irrelevante. Más allá de declaraciones formales, la UE ha evitado confrontar políticamente a Washington, adoptando una posición subordinada que refuerza la impunidad estadounidense y debilita aún más el ya erosionado orden jurídico internacional.
El escenario mundial actual puede ser catalogado como el más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, se ha convertido en una potencia expansiva, colonial y peligrosísima, capaz de pisotear el derecho internacional, las instituciones internacionales y la soberanía de los pueblos y los Estados. Esta nueva forma de fascismo colonial no está recibiendo la respuesta que otrora enfrentó la Alemania nazi: las declaraciones de preocupación, los comunicados diplomáticos o los llamados a la negociación no son suficientes frente a un agresor que actúa con plena impunidad. Aunque existe una mayoría de Estados que defiende la soberanía y un mundo basado en el multilateralismo, no están actuando ni coordinándose eficazmente, y cada día de inacción amplía los márgenes de maniobra del imperio estadounidense. La urgencia de la situación es extrema y los márgenes de maniobra se reducen rápidamente.
Esta emergencia exige que las organizaciones de izquierda, antiimperialistas y defensoras de los derechos humanos y de la soberanía de los pueblos se coordinen de manera inmediata y efectiva. Hasta ahora, lo poco que se hace se realiza de forma dispersa, sin planificación ni acción conjunta. No somos plenamente conscientes de la tremenda gravedad del momento histórico: si no actuamos ya, cuando lo intentemos será demasiado tarde. La situación recuerda a la conocida fábula de la rana que permanece inmóvil mientras el agua hierve lentamente; en este caso, la «temperatura» del escenario geopolítico está aumentando rápidamente y los márgenes de maniobra se reducen. No es momento de ocultarse, de ponerse de perfil ni de aceptar la narrativa del neofascismo estadounidense. La alternativa es clara: o nos unimos y resistimos juntos, o seremos eliminados uno por uno.
Ante esta situación, la unidad de las fuerzas democráticas, populares e internacionalistas se vuelve absolutamente imprescindible. Las organizaciones de izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y los defensores de los derechos humanos deben coordinarse a escala internacional para ejercer una presión política y social sostenida contra el Gobierno de Estados Unidos y contra aquellos gobiernos que apoyan, justifican o toleran esta escalada.
El Foro Internacional por la Paz, que reunió a más de treinta organizaciones políticas y sociales el pasado mes de junio en Bruselas y que ahora intenta desarrollar un espacio de cooperación y coordinación de la lucha por la paz, constituye un paso en la buena dirección. Sin embargo, aún necesita tiempo para consolidarse como un espacio realmente operativo, con capacidad efectiva para incidir en la agenda política internacional.
Es ahora cuando articulaciones más consolidadas, como el Foro de São Paulo, el Consejo Mundial por la Paz o el Partido de la Izquierda Europea, deben asumir plenamente su responsabilidad y desempeñar el papel que les corresponde, defendiendo la necesidad urgente de frenar la actual ofensiva de Trump antes de que nos conduzca al precipicio de una confrontación global de consecuencias imprevisibles.
Del mismo modo que no era necesario apoyar a Sadam Husein para movilizarse contra la guerra de Irak —gritar «No a la guerra» no implicaba necesariamente su defensa ni su apoyo—, hoy las personas demócratas que critican o rechazan al chavismo deben comprender que lo que está en juego no es solo el futuro de la Revolución Bolivariana, sino la supervivencia del derecho internacional, de la soberanía de los pueblos y de unas reglas mínimas de convivencia entre Estados.
En el mismo sentido, los gobiernos soberanos, especialmente los de América Latina y el Caribe, deben avanzar de forma decidida en la coordinación política, diplomática y defensiva, fortaleciendo y reactivando espacios regionales como ALBA, Petrocaribe, UNASUR y CELAC. Solo mediante una estrategia colectiva, articulada y coherente con el derecho internacional será posible frenar esta ofensiva imperialista desesperada, que busca prolongar una hegemonía que hace tiempo dejó de existir.
La alternativa es clara y no admite equidistancias: o nos unimos en la resistencia frente a esta espiral sin límites, o acabarán con cada uno de nosotros por separado.
Gaceta Crítica 
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