Gaceta Crítica

The Struggle – La Lucha, 3 de Diciembre de 2025

La ejecución de sobrevivientes indefensos en el agua —un acto que cumple con todos los requisitos de crimen de guerra— expone la verdadera esencia de las acciones estadounidenses en el Caribe. No se trata de narcotráfico. Se trata de una agresión abierta llevada a cabo por un sistema imperialista en crisis, que recurre cada vez más a la fuerza a medida que su autoridad se erosiona.

Las ejecuciones extrajudiciales en el mar y las amenazas a la soberanía de Venezuela no son atropellos aislados. En conjunto, muestran un sistema que pierde el control y recurre a la fuerza, la ilegalidad y los crímenes de guerra.

Estados Unidos no actúa desde una posición de fuerza. Responde al declive del imperialismo estadounidense en la economía mundial y a la disminución de su capacidad para imponer su voluntad en el extranjero. La historia demuestra que el imperialismo se vuelve más peligroso en tiempos de crisis, recurriendo a la fuerza abierta cuando ya no puede salirse con la suya mediante el dominio económico o la manipulación política.

Una orden criminal que quita la máscara

El 2 de septiembre, una aeronave estadounidense avistó una pequeña embarcación cerca de Trinidad y la administración Trump rápidamente declaró que era «sospechosa» de transportar drogas. Un misil destruyó la embarcación. Dos sobrevivientes, heridos y desarmados, se aferraron a los escombros en el agua.

Según una investigación detallada del Washington Post, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una instrucción verbal: «Maten a todos». Se ordenó un segundo ataque. Los supervivientes murieron donde flotaban.

No se trató de una confusión en el campo de batalla. Fue la matanza deliberada de náufragos, un acto explícitamente condenado en el propio Manual de Derecho de la Guerra del Pentágono. Exabogados Generales advirtieron que, si Estados Unidos alega que se trató de un conflicto armado, la orden equivalía a una orden prohibida de «sin cuartel», un crimen de guerra. Si no se tratara de un conflicto armado, la matanza de civiles indefensos constituiría asesinato según la legislación estadounidense.

Trump restó importancia al asunto, calificando la misión de «cinética letal» y etiquetando a los muertos de «narcoterroristas». La terminología cambia según la época, pero el propósito es el mismo: despojar a los seres humanos de sus derechos y justificar la violencia sin límites. Así se comporta el poder imperialista cuando su fachada legal se derrumba.

Crecientes fracturas dentro del estado

Las consecuencias de estos asesinatos ilegales no se limitan al Caribe. También están generando tensión y división dentro del gobierno y el ejército de Estados Unidos. 

El 18 de noviembre, seis congresistas demócratas, todos con experiencia en el ejército o agencias de inteligencia, publicaron un video que recordaba a las tropas estadounidenses su deber de rechazar órdenes ilegales. Su intervención sacó a la luz un conflicto que llevaba meses latente.

La respuesta de Trump fue inmediata y drástica: acusó a los seis de traición y sugirió que debían ser ejecutados. Su diatriba solo atrajo más atención al video.

Los seis no llamaron a la desobediencia en general. Afirmaron un hecho jurídico fundamental: las tropas no pueden defenderse posteriormente alegando que «solo cumplían órdenes» si cometen crímenes de guerra. La importancia reside en otra parte. Su intervención señala la creciente preocupación de sectores de la clase dominante y del aparato estatal por la posibilidad de que Trump esté conduciendo a las fuerzas armadas hacia la confrontación con la población, acelerando así el declive del imperialismo estadounidense.

Estas tensiones han sido visibles durante meses. Unidades de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles para apoyar las redadas de ICE reportaron descontento y negativas a servir. Miembros del Congreso afirman haber recibido cada vez más llamadas de tropas en servicio activo y miembros de la Guardia que cuestionan la legalidad de las misiones a las que son enviados. Sean cuales sean sus motivos, el video de los seis legisladores ha hecho que la cuestión de negarse a cumplir órdenes ilegales sea innegable.

Esa pregunta aplica tanto al Caribe como a las calles de las ciudades estadounidenses. Las tropas tienen el mismo deber de desobedecer las órdenes de disparar contra embarcaciones civiles cerca de Venezuela que de desobedecer las órdenes de disparar contra personas en sus países. Las matanzas perpetradas por la flota estadounidense desde agosto —más de 100 personas destrozadas en el agua con el pretexto de combatir el narcotráfico— son delitos. Quienes las perpetran son responsables de esos delitos, incluso si los oficiales que dan las órdenes son los más culpables. 

La destitución del almirante Alvin Holsey, quien al parecer se opuso a los ataques y ordenó que se rescatara a los sobrevivientes, subraya la profundidad del conflicto interno.

La amenaza de Trump contra los seis legisladores expuso una división dentro del gobierno que se venía gestando desde hacía meses. Algunos ahora responden a cualquier crítica como si fuera un acto criminal, mientras que a otros les preocupa que el uso de la fuerza militar por parte de Trump, tanto dentro como fuera del país, esté dañando al estado del que dependen. Este enfrentamiento refleja la creciente inestabilidad del estado imperialista en medio de su declive global.

Para los antiimperialistas, ahora hay espacio para hablar directamente con las tropas estadounidenses y la Guardia Nacional: deben rechazar las órdenes ilegales, ya sea que exijan disparar contra migrantes, manifestantes o civiles en el Caribe. Rechazar las directivas criminales no solo está permitido, sino que es obligatorio.