Gaceta Crítica

Mario Espinoza Pino (VIENTOSUR), 23 de Noviembre de 2025

El Tribunal Supremo condenó el pasado 20N al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por «revelación de secretos». Parece que no se tomaron en cuenta los testimonios de diversos periodistas que, durante el juicio, dejaron claro que el Fiscal nunca fue la fuente primaria de la filtración que se le atribuía. Y es que la información sobre la petición de un pacto con la Fiscalía por parte de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estaba en manos de varios periodistas antes de que llegara al Fiscal General. Es decir, se trataba de una información  de dominio público en varias redacciones, con lo que la acusación de «revelar secretos» o de cooperar a ello no puede sostenerse más que a la fuerza. A fuerza de un ejército togado y conservador a las órdenes del PP, claro.

González Amador había defraudado 350 951 euros a Hacienda y solicitó un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel. Miguel Ángel Rodríguez (MAR), el gran escudero de Ayuso, difundió el bulo de que el pacto se había «echado para atrás por órdenes de arriba». Todo falso. Pero ahí parece que la justicia no ha visto ningún problema. De hecho, se han cumplido las expectativas de MAR: los jueces han ido “P’alante”. Tanto la investigación de la UCO como la del Juez Ángel García Hurtado siempre jugaron con una única hipótesis: García Ortiz era culpable de la filtración, sí o sí. De modo que descartaron informes, recortaron noticias, quitaron relevancia a datos importantes e incluso trocearon mensajes. Solo había un posible culpable, cualquier otra otras vía de investigación alternativa quedaba cancelada.

El 20N el Tribunal Supremo anticipó su fallo condenatorio, no sabemos bien si para reivindicar el legado franquista que pervive en la judicatura. Y es que la transición nunca destituyó como debía a la vieja élite judicial, ni trabajó tampoco por un sistema de acceso que no reprodujese el viejo conservadurismo. Por supuesto, la eficacia simbólica de la fecha no deja de oler a rancio. Así que no es extraño que resuene en nuestros oídos aquello del «atado y bien atado». Aunque aún no ha compartido su razonamiento jurídico, el Tribunal ha decidido inhabilitar por dos años al Fiscal General, que tendrá que pagar una multa y además indemnizar con 10 000 € a González Amador en concepto de «daños morales». «O me voy de España o me suicido», llego a decir la pareja de Ayuso en el juicio. Pues ni lo uno ni lo otro. De hecho, se acaba de comprar el ático del que disfruta con Isabel Díaz Ayuso gracias a una hipoteca de 600 000 €, ahí es nada. Un segundo piso de lujo encima de su ya lujosa casa. Y todo en plena crisis de vivienda para el común de los mortales. No descartemos que encima use algún vericueto de la sentencia final para salvarse de sus deudas con Hacienda. ¿Se imaginan?

Aunque el caso tiene aún recorrido y el Fiscal General puede recurrir al Tribunal Constitucional, el daño ya está hecho. De hecho, si no hay algún giro inesperado de guion, Ayuso se habría cobrado ya su primera pieza de Caza mayor: Álvaro García Ortiz. Pero la verdadera pieza de caza que desea, la que anhela de veras es Pedro Sánchez, pues todo este tinglado se organiza para ir a por él. Sus declaraciones el día posterior al fallo lo han dejado claro: «No es el fiscal general sino Sánchez quien está en el banquillo. Es propio de una dictadura», sentenció. De lo que se ha tratado siempre es de ejercer presión contra el gobierno para lograr un adelanto electoral, de ahí lo de pedir por tierra, mar y aire dimisión y más dimisión. Recordemos que el PP ha deslegitimado el gobierno de Sánchez y Sumar desde el inicio de la legislatura. Feijóo, ese pequeño napoleón que solo conoce waterloos, anduvo varios meses sintiéndose presidente aunque no le dieran los votos. Así que al final el PP ha tenido que acudir al partido ultra de la judicatura para forzar un poco las cosas. «El que pueda hacer, que haga», que decía Aznar.

El caso de «González Amador contra la Fiscalía General del Estado» deja claro que quien se mete con Ayuso o su entorno debe andarse con mucho cuidado. En un abrir y cerrar de ojos puede verse enredado en un Lawfare y asediado por la prensa. El fallo del Tribunal Supremo a favor del defraudador confeso pone sobre las mesa dos cuestiones. La primera es que la judicatura ultra protege a la Presidenta de la Comunidad de Madrid como si se tratase de la joya de la corona de la derecha –tal vez lo sea–. Su influencia en este sector judicial está más que demostrada. La segunda es que en sus declaraciones posteriores al 20N, Ayuso llamó a elecciones sin mencionar en ningún momento a Feijóo. Eso significa algo. Y algo quizá no menor dado el contexto en que nos encontramos.

Como suele suceder, las declaraciones de Ayuso eclipsaron las del candidato oficial del Partido Popular. Se dirá que es una dinámica que ya se ha convertido en habitual. Y es que la Presidenta gusta de marcar la agenda mediática del PP midiéndose con Sánchez. El problema es que esta táctica comunicativa siempre deja a Feijóo en segundo plano, poniéndole en la situación de tener que rebajar el discurso o simplemente plegarse a lo dicho sin mucho margen –algo que no debe resultarle demasiado agradable–. La cuestión es que Ayuso ha demostrado, con un golpe de fuerza, que es una figura casi intocable, cuyo vínculo con el aparato judicial es muy estrecho. Feijóo, sin embargo, parece un segundo de abordo que además está en horas bajas: recordemos que VOX arrebataría al PP casi un millón de votos a día de hoy. Tendencia que se verá reforzada con sus concesiones a los de Abascal en la Comunidad Valenciana. El errático liderazgo de Feijóo no deja de estar en cuestión, recordando por momentos al de Pablo Casado.

¿Estamos en el umbral de nuevos cambios en el Partido Popular frente a las posibilidades de un ciclo electoral? A medio plazo resulta probable. Pese a las reticencias que Ayuso pueda despertar en las baronías populares, no parece que tengan mucho más para unas elecciones generales.

En cuanto al PSOE, su reacción de respeto institucional y disconformidad era esperable. Apoyaron en todo momento al Fiscal General del Estado. Eso sí, ha habido voces más duras, como la de Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública: » (el Fiskal) Es inocente, a pesar de lo que diga el Supremo». Es dudoso que los socialistas hagan algo más allá del guion del disenso institucional. Lo que es cierto que el escándalo de la condena al Fiscal ha conseguido cohesionar a la izquierda parlamentaria. Algo que previsiblemente capitalizará el PSOE en detrimento de su izquierda – bastante rota y desgastada–.

Regresando al fallo del Tribunal Supremo, cabe señalar que solo dos magistradas de los 7 miembros del tribunal emitieron un voto particular: D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García. Una excepción insuficiente. Los jueces progresistas son cada vez más una rara avis en las altas esferas del poder judicial. Lo cierto es que dicho poder sigue aquejado de un conservadurismo endémico, elitizado por un sistema de promoción que reproduce una ideología regresiva. Este 20 de noviembre nos han recordado quienes son los que mandan allí escenificando un golpe judicial. Algo que no deja de ser harto preocupante en un sistema que se presume democrático. Es obvio que de aquellas transiciones, estos lodos, pero hoy predomina la sensación de que se ha traspasado una línea roja en el marco de la democracia. Es cierto que el Lawfare se ha practicado contra el independentismo, contra el sindicalismo y el antifascismo. Pero aquí parece haber un salto de escala en la medida que lo que se busca es destituir a un gobierno por las bravas. A golpe de mazo y toga polvorienta un 20N.

Sabemos que la derecha escenificará su victimismo por todos los medios, hablando de que Sánchez ha roto la división de poderes y que es  quien está detrás de la persecución a Ayuso y a su entorno. Pero lo que ha sucedido es que han dejado claro que sus jueces pueden hacer activismo político desde el Supremo sin que nadie se despeine. De hecho, parece que pueden ir con todo si les place: aquí se ha condenado a un Fiscal frente a un defraudador confeso que también está imputado por mordidas millonarias. Qué no podrá suceder en otros casos. Se abre un período incierto. Si se da el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo electoral, quienes nos situamos en una izquierda que piensa más allá del capitalismo deberemos permanecer organizados y atentos. La progresía apelará de nuevo al miedo y al voto útil, herramientas débiles dado el contexto en que nos encontramos. El previsible ascenso del fascismo al poder institucional será un duro reto, pero también provocará un revulsivo social que puede generar nuevos escenarios políticos, nuevas luchas y articulaciones colectivas. En ellas habrá que participar y cooperar de un modo u otro. Vienen tiempos interesantes, que decía la vieja maldición, y nada fáciles.