Gaceta Crítica

Juan Oliver (Público), 21 de Noviembre de 2025

Dos días después de su coronación en 1975 tras la muerte del tirano, el rey condecoró a su viuda y a su hija con sendas distinciones nobiliarias que incluían entre sus prebendas el uso de pasaporte diplomático.

Una de las primeras decisiones de Juan Carlos de Borbón al frente de la jefatura del Estado tras la muerte de Francisco Franco en 1975 fue entregar a su viuda, Carmen Polo, un título nobiliario: el Señorío de Meirás, ligado a las Torres de Meirás, el pazo –palacio, en gallego– de Sada (A Coruña) que ella y su marido habían expoliado casi 40 años antes en plena guerra civil, simulando una falsa donación pública, y que frecuentaban como residencia estival. Sobre él, los Franco construyeron primero la imagen de caudillo del dictador y, posteriormente, la red corrupta de favores e influencias que durante años alimentó su fortuna familiar.

El 26 de noviembre de ese año, apenas seis días después de la muerte de Franco, cuatro tras la coronación del nuevo rey y solo uno después de la constitución de su Casa Real como institución rectora de los intereses de la Corona, Juan Carlos I firmó un decreto ley por el que creaba y otorgaba a Carmen Polo el Señorío de Meirás, en testimonio de sus «sentimientos de afecto y admiración a la egregia figura» de la viuda del tirano. En el texto del decreto publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, el rey destacaba su «singular relieve en una gloriosa etapa histórica de nuestra patria». A la única hija del dictador, Carmen, que ya era marquesa consorte de Villaverde, le concedió el mismo día, pero en otro decreto, el título de duquesa de Franco, «en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren» y eximiéndola del pago de los impuestos legalmente vinculados a la honra que recibía.

Los títulos de madre e hija también iban acompañados de la consideración de grandes de España, la máxima dignidad de la nobleza y que en el pasado acarreaba regalías fiscales y numerosos privilegios simbólicos. Entre otros, el permiso para no descubrirse frente al monarca y para permanecer sentados en presencia de su esposa; el tratamiento oficial de «excelentísimo» frente al «ilustrísimo» del resto de aristócratas; y el derecho a no ser detenidos ni privados de libertad sin una orden real específica. En la época en la que Juan Carlos de Borbón distinguió a la viuda y a la hija del tirano con esas prerrogativas, esa máxima consideración nobiliaria conllevaba otra prebenda: el uso y disfrute de pasaporte de estatus diplomático.

Explotación del pazo

Durante la dictadura, las Torres de Meirás, en teoría propiedad personal de Franco pero mantenidas y engordadas con recursos y personal del Estado, funcionaron como núcleo de la red creada por el dictador para engordar su fortuna, que empezó a amasar durante la guerra con ayuda de militares y de familias afines a la sublevación y a la sanguinaria represión que la sucedió. Desde empresas dedicadas a la producción agrícola y maderera, como Pazo de Meirás Productos de la Huerta, que empleaba medios humanos y materiales de otras sociedades públicas para explotar fincas expoliadas a campesinos de la zona; hasta pelotazos urbanísticos con terrenos expropiados por la Administración y pagados con fondos públicos, que luego se registraban como parte del inmueble a nombre del tirano.

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Lo cuentan Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, ambos descendientes de víctimas del franquismo en Sada, en Meirás. Un pazo. Un caudillo. Un expolio, el libro que recoge la histórica investigación que permitió después a la Abogacía del Estado demostrar en los tribunales que Franco se había hecho ilegalmente con las Torres. Luego,  fue ampliando la propiedad utilizando la capacidad coercitiva del Estado para anexarse las tierras aledañas que le interesaban o se le antojaban, y con las que luego él y su familia hacían negocios privados.

En 2021, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó que la operación mediante la que el dictador se apropió de todo aquello fue «una mera apariencia» destinada «a crear una ficción, a plasmar un negocio jurídico no existente», que le permitió registrar las Torres a su nombre, añadirles más propiedades y luego legar el conjunto resultante a sus herederos. La Audiencia de A Coruña también consideró que éstos tenían derecho a que el Estado los indemnizara por los gastos de mantenimiento del pazo en los que habrían incurrido entre 1975 y diciembre de 2020, cuando, después de haberlo disfrutado durante décadas «de buena fe», como aseguraban, lo devolvieron al patrimonio público por orden judicial. El caso aún está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.

Contenido

La decisión de los jueces sobre la titularidad pública de las Torres no afecta sólo al inmueble y a las fincas, sino a buena parte de su contenido, compuesto en buena medida por bienes de diversa riqueza artística, histórica, cultural y patrimonial. Desde las estatuas medievales de la catedral de Santiago hasta las antigüedades y los regalos que Franco fue recibiendo como jefe del Estado, muchos de los cuales fue acumulando en el interior del pazo, pasando por los libros y la documentación personal de Emilia Pardo Bazán, promotora y primera dueña del inmueble y cuya biblioteca los albergaba.

El 17 de febrero de 1978, apenas tres años después de que Juan Carlos nombrara a Carmen Polo señora de Meirás, un incendio que la prensa local atribuyó a un cortocircuito arrasó buena parte de las Torres. Los Franco las vaciaron entonces de bienes que no fueron catalogados ni registrados, pero sí trasladados en camiones militares a un supuesto almacén del Ejército. Así lo recordaba hace cinco años en un documental el fotoperiodista Xosé Castro, que aquella noche entró en el inmueble con los bomberos que acudieron a extinguir el fuego.

«¿Qué sucedió con ellos [los bienes que los Franco sacaron de Meirás tras el incendio de 1978]? Pues hay que preguntárselo a los militares y al gobernador civil»

El reportero fotografió a agentes de la Guardia Civil sacando de las estancias amenazadas por las llamas decenas de muebles, obras de arte y otros enseres y objetos, como un enorme retrato del dictador, que al día siguiente se acumulaban en los jardines del pazo. «¿Qué sucedió con ellos? Pues hay que preguntárselo a los militares y al gobernador civil», afirma Castro. El gobernador civil era entonces Antonio Pol González, notario, procurador en las Cortes y exalcalde franquista de Arzúa (A Coruña) y Lugo, quien en 1982 obtuvo un escaño en el Congreso por Alianza Popular, la formación que siete años más tarde se refundaría en Partido Popular. Pol falleció en 2013.

Joyas con destino a Suiza

El 7 de abril de 1978, cuando no habían pasado ni dos meses desde el incendio del pazo, la duquesa de Franco, hija del dictador y de la Señora de Meirás, fue retenida en el aeropuerto de Barajas cuando pretendía volar a Suiza con un bolso repleto de medallas oficiales, monedas conmemorativas, insignias, broches y emblemas de oro y piedras preciosas, algunas regaladas o impuestas a Franco en el ejercicio de su cargo como jefe del Estado. Los funcionarios de Aduanas estimaron el valor de los objetos que portaba Carmen Franco y Polo en unos dos millones de pesetas –unos 105.000 euros en la actualidad, aplicando la inflación– y le advirtieron de que precisaba de un permiso especial para sacarlos de España.

La hija de Franco declaró entonces a Diario 16 que pensaba que el valor de aquellos objetos no superaban las 300.000 pesetas –hoy serían unos 15.300 euros–, y que se trataba de regalos de su padre que le llevaba a un joyero suizo con la pretensión de que le hiciera con ellos un reloj de mesa para regalar a su madre. También confirmó a la prensa que viajaba con su pasaporte diplomático, del que disponía como grande de España y que le había sido expedido por orden de Juan Carlos de Borbón el 19 de julio del año anterior. Es decir un día después del 41 aniversario del golpe de Estado de 1936.

Pocos meses antes, según cuenta el periodista Mariano Sánchez Soler en La familia Franco, SA, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, había ordenado al Ministerio de Hacienda que paralizara de inmediato una operación destinada a localizar el dinero supuestamente llevado al extranjero y evadido al fisco español por los herederos del tirano.

Prebendas

Carmen Polo murió en 1988. Su título de señora de Meirás no era hereditario y expiró. Pero su nieto Francisco Franco y Martínez-Bordíu lo reclamó para sí, y Juan Carlos de Borbón volvió a concedérselo ese mismo año anunciándoselo por carta personal. Para entonces, hacía cuatro años que el Gobierno de Felipe González (PSOE) había eliminado la prebenda del pasaporte diplomático para los y las grandes de España. El ducado de Franco sí era hereditario, y la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez-Bordíu, no tuvo que reclamarlo y lo asumió automáticamente tras el fallecimiento de su madre el 29 de diciembre de 2017.

Cinco años después, la ley de memoria democrática retiró a los herederos de Franco los títulos y la grandeza de España que les había concedido Juan Carlos I, que ya se había fugado a Abu Dabi escapando de sus propios fraudes fiscales. La norma de memoria contemplaba expresamente la inmediata anulación de aquellas honras, junto a otros 31 honores similares concedidos entre 1948 y 1978: 28 de ellos otorgados por el propio Franco y otros cinco, por su sucesor.

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Además del Señorío de Meirás y del ducado de Franco, el nuevo jefe del Estado designado por el dictador había hecho condesa en 1977 a Rita Gómez Nales, viuda de Antonio Iturmendi, quien había ocupado altos cargos durante la dictadura; y marqués a Carlos Arias Navarro, el último presidente del Gobierno del tirano, apodado como El carnicero de Málaga por su papel como fiscal en los consejos de guerra que acabaron tras el 36 con la condena a muerte de miles de personas leales a la República. A título póstumo, el monarca señalado por Franco también había otorgado un condado al falangista Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, teniente del Ejército fascista durante la guerra civil y quien ejerció diversos cargos durante la dictadura, entre ellos la jefatura del Estado durante los tres días entre la muerte de Franco y la coronación de Juan Carlos de Borbón.

Francis Franco: «Seguiré siendo señor de Meirás»

Unas semanas antes de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática en octubre de 2022. Francisco Franco Martínez-Bordíu consideró que la supresión de todos los títulos entregados por el monarca a su familia era «una mamarrachada» que no tendría «ningún efecto práctico» «Yo seguiré siendo señor de Meirás aunque el Gobierno no lo reconozca», aseguró entonces en declaraciones a El Independiente.

Público se ha dirigido a la Fundación Nacional Francisco Franco para tratar de obtener la versión de la familia sobre los asuntos tratados en este artículo. La institución, cuya presidenta de honor es a título póstumo Carmen Polo y su presidente, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordíu, bisnieto del tirano y primo segundo de Juan Carlos de Borbón, no habían ofrecido respuesta a la hora en que se terminó de redactarlo.