Gaceta Crítica

Roser Gari Pérez (THE LEFT BERLIN), 20 de Noviembre de 2025

Cincuenta años después de la muerte del dictador, España sigue marcada por la impunidad del régimen franquista. Los movimientos sociales que lucharon durante décadas contra la dictadura salieron a las calles durante la llamada “transición”, solo para enfrentarse a la brutal represión de un aparato estatal que nunca se depuró de sus elementos fascistas. Este período no fue la transición pacífica que a menudo se describe, sino uno de intensa lucha social que se topó con la violencia estatal.

Varios movimientos lideraron esta lucha. Los trabajadores exigieron leyes laborales justas frente a una élite franquista; las mujeres lucharon por los derechos fundamentales frente al arraigado patriarcado; y el movimiento LGTBIQ+ se enfrentó a la legislación que criminalizaba su identidad. Estudiantes, grupos juveniles y asociaciones vecinales lucharon simultáneamente por la libertad educativa, el derecho al voto y la justicia en materia de vivienda, creando un poderoso tejido político

En contraste con estos avances sociales logrados con tanto esfuerzo, las reformas políticas fueron en gran medida cosméticas. La ley de amnistía de 1977 consolidó la impunidad de los funcionarios del régimen, exonerando a jueces, policías y torturadores con un simple plumazo. Instituciones clave, como el represivo Tribunal de Orden Público, simplemente cambiaron de nombre, dando lugar a lo que se conoce como el “Régimen del 78”.

Esta impunidad heredada aún se percibe hoy en día. Los símbolos franquistas y las calles que llevan el nombre de líderes fascistas persisten debido a una profunda falta de voluntad política, no a obstáculos legales. El esfuerzo del Estado por exhumar a las decenas de miles de desaparecidos de fosas comunes ha sido sumamente inadecuado, dejando a los grupos de la sociedad civil la tarea de liderar la búsqueda de la verdad y la identificación

Este blanqueamiento se extendió a la educación, donde durante décadas la dictadura fue presentada como la “era de Franco” y el golpe de Estado de 1936 ni siquiera fue nombrado como tal. Fue una estrategia deliberada de las élites españolas, muchas de las cuales deben sus fortunas a la corrupción de la dictadura, para ocultar los crímenes del régimen y evitar rendir cuentas.

El legado económico del régimen también perdura. Grandes empresas españolas, como el gigante energético Naturgy, se construyeron sobre la expropiación violenta de propiedades de aquellos asesinados por el régimen. Los campos de concentración franquistas, aunque no fueron diseñados para el exterminio industrial, sirvieron, sin embargo, como instrumentos de terror político y trabajo forzado, destinados a aplastar la oposición e infundir un miedo duradero.