Gaceta Crítica

Inés García Rábade y Víctor López (PÚBLICO), 20 de Noviembre de 2025

«Españoles, Franco ha muerto». El anuncio corrió como la pólvora por hogares, centros de trabajo y universidades de todo el país. Las medios internacionales se hicieron eco de la noticia, llegó a los represaliados en el exilio. El blanco y negro se transformó –por unos instantes– en resplandor. Las víctimas de la dictadura en España esbozaron una ligera sonrisa, eso sí, para sus adentros. El miedo tardaría años todavía en desaparecer.

El 20 de noviembre de 1975 quedó marcado en todos los calendarios. España dejaba atrás cuatro décadas de autoritarismo y terror. Cuatro décadas de represión, barbarie, control y dominio. Lo hizo sin saber lo que vendría después. Y pese al vertiginoso reguero de víctimas: 160.000 asesinados entre 1936 y 1945, más de 100.000 desaparecidos y 150.000 exiliados. Esto sin contar los cientos de bebés robados, los activistas torturados, las miles de presas políticas. Y el reguero de fosas comunes. La mayoría, todavía sin abrir.  Aún duele. Y seguirá haciéndolo mientras la extrema derecha continue negando los estragos de la dictadura. En los tribunales, en los colegios, en las calles y, lo que es peor, desde las instituciones.

España, una inmensa fosa común

Las cicatrices de la dictadura permanecen intactas. Las de la piel, en los cientos de miles de víctimas de torturas y penas de encarcelamiento. Y las de la tierra. Más de 6.000 fosas salpican de norte a sur el país, escondiendo en su interior los restos de, por lo menos, 114.000 desaparecidos. Sin olvidar los efectos de los estómagos vacíos de una población asediada durante décadas por el hambre. Crímenes, todos ellos, silenciados bajo el peso de la amnesia institucional que sancionó la Ley de Amnistía del 77. El instrumento de la «reconciliación nacional» y de la «superación del pasado», se repetía incansablemente durante los años de la Transición. «El instrumento de la impunidad», matizan sin miramientos las asociaciones memorialistas.

De los 8.941 cuerpos exhumados de las fosas en entre 2019 y 2025, solo se han identificado 70.

«El duelo de las desapariciones, de la violencia y la represión de la dictadura es una herida que se ha heredado de generación en generación», apunta a Público Tina Merino, presidenta de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), en Badajoz, y sobrina de dos víctimas de desapariciones forzosas. Una herida que sigue abierta, que no ha recibido la reconocimiento institucional que merecía y que no va a cerrar el paso del tiempo. «Se está empezando a morir ya la generación de los nietos, pero no es esta la manera de solucionar la relación que tenemos con nuestro pasado», continúa la también historiadora. «Basta de negacionismo y de silencio institucional. Toca posicionarse del lado de las víctimas. De parte de la Verdad, la Justicia y la Reparación», insiste.

A pesar de todo, algunas cosas se están haciendo bien, conceden las asociaciones. Como el reconocimiento de cada vez más víctimas y lugares de memoria o la retirada y resignificación de importantes símbolos de la dictadura. Pero no basta con eso. «El tema de las exhumaciones es un caso claro. El dinero que nos llega es algo mayor, sí, pero insuficiente»,  pone sobre la mesa Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Una infrafinanciación que lastra las labores de excavación y, sobre todo, lo que viene después: la identificación genética de las víctimas. Las cifras lo demuestran. De los 8.941 cuerpos exhumados en España entre 2019 y 2025, solo se han identificado 70. Dos exigencias más: el siempre pospuesto banco de ADN y una oficina de atención integral para las víctimas de la dictadura.

Las «contradicciones» en torno a los monumentos

No son los únicos compromisos pendientes. La Ley de Memoria Democrática obligaba también a retirar los vestigios franquistas de los espacios públicos. La norma contemplaba, para ello, la creación de un catálogo de «edificios, escudos, insignias, placas, calles y elementos» conmemorativos de la dictadura y la «sublevación militar». El texto salió adelante en octubre de 2022. Tres años después de hacer público este compromiso, la lista todavía no ha trascendido más allá del papel. Aunque parece que las cosas empiezan a moverse. El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, El Gobierno anunciaba la aprobación del real decreto para la elaboración de este inventario. ¿El problema? Las competencias, por lo menos en lo que al callejero se refiere, son, en última instancia, municipales. Y no todas las administraciones están a favor de su sustitución.

«La aprobación del reglamento es un avance, pero lamentamos tanto la lentitud del proceso como la nula información que hemos recibido los colectivos memorialistas. El Gobierno debería obligar a los municipios y comunidades autónomas que están sublevados contra la Ley de Memoria a cumplir las normas, porque, al fin y al cabo, hablamos de una cuestión de derechos humanos», señalan a Público desde la plataforma Maestra Julia Freire – Calles Dignas. Y es que Madrid tiene todavía medio centenar de avenidas y plazas con referencias franquistas. La capital cuenta además con una docena de centros educativos y varios centros de salud con nombres de reconocidos generales y ministros de la dictadura. Como Moscardó, Varela, Suanzes o Girón. Por eso, desde la plataforma han anunciado una nueva manifestación: partirá al mediodía de este domingo, día 23, de la estación de Cercanías Justa Freire de Madrid.

Lo mismo ocurre con decenas de monumentos y emblemas, muchos de ellos, visitables en museos o exposiciones, sin ningún tipo de contextualización histórica. Daniel Rico, profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona, publicó el año pasado un ensayo en el que aborda este y otros debates: ¿Quién teme a Francisco Franco? (Cuadernos Anagrama). El autor ha charlado con Público y califica de «sinsentido» las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo. «Lo único que demuestra es que no existe una política de memoria seria con respecto a los monumentos y vestigios franquistas. El Gobierno está sumido en una gran contradicción: no puede anunciar un inventario de símbolos de la dictadura –para retirarlos– mientras convoca un concurso para conservar el símbolo más flagrante del franquismo», señala, en referencia al proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Rico cree que la solución pasa por «despolitizar el tema» y apostar por la «intervención crítica» del patrimonio. «Y remarco lo de crítica, porque no basta con una plaquita que explique contexto. Hace falta provocar, desautorizar, recordar lo malos que fueron los nazis», termina. 

El ¿fin? de las asociaciones franquistas

Las huellas del franquismo se extienden más allá de las calles. Contaminando asociaciones, fundaciones y partidos. Quizá la más icónica, la Fundación Francisco Franco, cuenta ya las horas para su desaparición. El Ministerio de Cultura ha concluido hace dos semanas que la entidad no persigue «fines de interés general», toda vez que hace «apología del franquismo» y «humilla la dignidad de las víctimas». El departamento de Urtasun ha anunciado, además, la incoación de los trámites para extinguir otras cuatro fundaciones. Por los mismos motivos. Se trata de las dedicadas a Primo de Rivera, Serrano Suñer, Blas Piñar y Queipo de Llano. Estos movimientos no implicarán, sin embargo, la caída de todos los colectivos que hacen apología de la dictadura, al menos, mientras sigan registrados los partidos políticos y asociaciones que defienden abiertamente la exaltación del régimen franquista. 

El listado de asociaciones y partidos franquistas que siguen teniendo actividad  es una ofensa a la memoria democrática.

La Plataforma 2025, creada inicialmente para rendir homenaje al dictador en el año en el que se cumple medio siglo de su fallecimiento, busca consolidarse como la «sucesora» de la Fundación Francisco Franco. Los responsables del grupo aseguraron en un comunicado reciente que seguirán «en esa trinchera» para continuar reivindicando «la figura y la obra» del dictador. La Hermandad de Defensores de Oviedo, la Asociación Luz de Trento y la Asociación Gerona Inmortal son otros de los colectivos legalmente constituidos que defienden el «legado» de la dictadura. Estas tres organizaciones figuran entre las firmantes del manifiesto que impulsó la Plataforma 2025. La misiva recibió además el apoyo de un grupo de militares retirados. 

El listado de asociaciones y partidos franquistas que siguen teniendo actividad no termina aquí. El Movimiento Católico Español, una formación con sede en un sótano de la calle General Lacy de Madrid, profusamente decorado con imágenes de Franco, tiene como tarea última la reivindicación del franquismo. El acto estrella de este grupo suele ser un mitin en Plaza de Oriente cada 20 de noviembre, pero también organiza salidas a Cuelgamuros y al cementerio de Mingorrubio para honrar al dictador. José Luis Corral figura como líder del partido, un veterano activista de la extrema derecha. En el mismo escenario se mueve la Falange Española de las JONS. El partido exhibe –sin ningún tipo de pudor– simbología franquista y organiza «entrenamientos» de «defensa personal» para sus militantes. La Falange no está registrada como asociación, sino como «un partido político legalmente constituido». La pregunta del millón: ¿Por qué no se procede a su ilegalización?

La Ley de Partidos es la que rige en estos supuestos. El texto, modificado por el Gobierno de José María Aznar en 2002, solo permite iniciar los trámites para la disolución de un partido si considera que este busca «eliminar el sistema democrático» utilizando «conductas» que se apoyen en la «violencia» o el «terrorismo». Los términos utilizados no son casuales. El texto salió adelante en plena actividad terrorista de ETA. Público ha abordado este tema con distintas fuentes y todas coinciden al señalar que la Falange y el resto de partidos franquistas «suelen estar bien asesorados» y saben «cuándo se pueden activar los mecanismos para su ilegalización». Los Ministerios de Interior y Justicia reconocen además que quien debe tomar la iniciativa en estos casos es la Fiscalía. Lo mismo ocurre con las asociaciones. Cultura, por su parte, no tiene competencias ni herramientas para actuar más allá de las fundaciones.

El Tribunal Constitucional ha aplicado el principio de prescripción del delito y la irretroactividad de la ley penal desfavorable en los procesos impulsados por víctimas del franquismo.

La impunidad judicial de los criminales

La investigación penal de los crímenes de la dictadura franquista sigue siendo otra de las cuentas pendiente en España a pesar de la ya mencionada Ley de Memoria Democrática. Unaque recoge explícitamente la necesidad de «garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario». En virtud de este precepto, el Ministerio Fiscal ha apoyado la admisión de múltiples querellas interpuestas por víctimas de la represión franquista y de asociaciones memorialistas y de derechos humanos. Y ha recurrido los archivos de plano acordados por los órganos judiciales, según informan fuentes de la Fiscalía a este medio. Pero, hasta la fecha, «todos los recursos interpuestos» -al menos nueve en 2024- han sido desestimados, tal como agregan las mismas voces.

Los fundamentos son, básicamente, la extinción de la responsabilidad criminal por aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de prescripción del delito, la irretroactividad de la ley penal desfavorable -tanto para la aplicación del delito de lesa humanidad como para el de la imprescriptibilidad- y la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Aunque «sin entrar en el alcance y significado del derecho a la investigación y el deber de investigar», remachan las fuentes oficiales, indicando además que algunas resoluciones remiten a la vía civil -expedientes de jurisdicción voluntaria- para dar efectividad a ese derecho.

El 19,6% de los jóvenes de entre 18 y 24 años creen que la dictadura fue «buena o muy buena», según una encuesta reciente del CIS. 

No por ello ha dejado de intentarse. El 8 de noviembre de 2024, la Fiscalía, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática (creada al albur de la ley), presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo frente al archivo de plano de la querella interpuesta porlos hermanos Ferrándiz en un caso de torturas en Vía Laietana. El recurso se fundamentaba en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, ya que el Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el alcance, significado y contenido del derecho a la investigación y el deber de investigar consagrado en la Ley de Memoria. Si bien, el tribunal de garantías volvió a cerrar la puerta a esta posibilidad al inadmitir el amparo por providencia de 10 de febrero de 2025 por «falta de interés constitucional del asunto». Las puertas de los tribunales, de la justicia, siguen cerradas para las víctimas de la dictadura.

El franquismo se cuela en las aulas (y en los móviles)

Las alarmas llevan un tiempo activadas en colegios e institutos. El 19,6% de los jóvenes de entre 18 y 24 años creen que la dictadura fue «buena o muy buena», según una encuesta reciente del CIS. El fascismo parece que está de moda. Y las causas son evidentes. «El alumnado tiene unos inputs y unas influencias que van más allá de la información que reciben en las aulas. La asignatura de historia en los institutos no supera las tres o cuatro horas semanales, nada comparado con la cantidad de tiempo que pasan los chavales con el teléfono, viendo vídeos en los que se dice que la dictadura creó la Seguridad Social, construyó los pantanos y fue una etapa de estabilidad idílica. Esto no es fácil de contrarrestar«, desliza Toni Morant, profesor de Historia Contemporánea y coordinador del Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València.

El temario, además, no siempre abarca todas las cuestiones que debería. Ángel Talavante, profesor de secundaria en la Comunidad de Madrid, lo resume de la siguiente manera: «El alumnado termina secundaria con unos conocimientos básicos de lo que fue la dictadura, pero no suficientes. Los libros de texto presentan conceptos como la guerra civil y el franquismo, pero ignoran la parte de la represión, la memoria, las persecuciones, la vida social y la pobreza». Una tendencia que se refuerza desde la agenda educativa de algunas comunidades. Como Madrid, que el mes pasado llevaba a los colegios un taller sobre el «presente» de ETA, a la vez que silenciaba otro en formación de memoria para el profesorado.

«Vox ha funcionado como altavoz y legitimador de narrativas antes relegadas a los márgenes», explica la politóloga Anna López Ortega.

El problema, con todo, no son tanto los contenidos, sino la forma de enseñarlos. «La clave está en generarles [a los jóvenes] la necesidad de seguir investigando y hacerles ver que tienen que ser críticos con la información que reciben por Internet», añade el docente. Señalando a un culpable: la extrema derecha. «Es quien está generalmente detrás de las narrativas de que con Franco se vivía mejor».

Los bulos que circulan por las redes sociales terminan -cada vez más- llegando a las aulas. Y los docentes, no siempre tienen las herramientas para combatirlos. «Los jóvenes tienen que ser conscientes de que la historia está muy viva. Los profesores tenemos que convencerlos de que es importante estudiar el franquismo y rebatir las ideas falsas que reciben a través de Internet», señala Toni Morant. Las redes sociales son el actor clave. «Son las que aúpan estos discursos de banalización de la dictadura. Discursos que antes no se decían o tenían una repercusión negativa», razona, por su parte, Talavante. «La situación se agrava cuando ves ciertos comentarios desde el terreno político, precisamente en esta línea, sobre el franquismo, la represión y la memoria. Llega un punto que asusta», concluye el docente.

El altavoz político de Vox

Quedan pocas dudas. El franquismo se ha atrincherado en el debate público, permeando las instituciones. Lo ha hecho, señalan los expertos consultados por este medio, por tres vías fundamentales. «La repetición constante de mensajes simplificados que blanquean la dictadura, la falta histórica de una respuesta institucional firme que frenara esas narrativas y la legitimación política que le ha dado la derecha radical», desarrolla Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant). Tampoco es que sea un fenómeno nuevo. «Durante décadas hubo una normalización del silencio -como el desmantelamiento de políticas de memoria durante el Gobierno de Rajoy- y una serie de gestos desde sectores conservadores que nunca rompieron del todo con la cultura franquista», corrobora la autora. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? El «desacomplejamiento» con el que ahora se lanzan este tipo de mensajes. Discursos que minimizan la represión, equiparan a víctimas y verdugos y presentan la dictadura como un suerte de periodo de orden y estabilidad. «Discursos que borran el carácter criminal del franquismo», incide la politóloga.

Vox ha tenido un papel protagonista en esta normalización. «Ha funcionado como altavoz y legitimador de narrativas antes relegadas a los márgenes», explica López. Obligando a la derecha tradicional a asumir parte de ese marco para no perder votos. Uno de los síntomas más claros es la retirada de las leyes de memoria autonómica y su sustitución por las famosas leyes de la concordia. Un movimiento que saca a la luz la alianza estratégica PP-Vox en el discurso antimemorialista. «Optar por el término concordia es una forma de equiparar bandos y diluir responsabilidades, instalando un relato equidistante que beneficia al franquismo», valora la politóloga. 

Tiene su explicación histórica. «El PP nunca ha escenificado una ruptura política y simbólica clara con el franquismo sociológico, a diferencia de otras derechas europeas, que reniegan abiertamente de sus dictaduras», señala López. En otras palabras: arrastra una herencia no resuelta. Una herencia que problematiza las relaciones con su propia historia, poniéndoles de parte del negacionismo de la memoria. «Es el mismo patrón que vemos en Europa del Este: relativizar dictaduras para rearmar proyectos reaccionarios actuales», analiza López. Deshistorizar para poder reescribir.