Gaceta Crítica

Mundo Obrero, 11 de Noviembre de 2025

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno español y convalidado por las Cortes y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia prohíben la importación de productos provenientes de los territorios ocupados.

Buque Chemical Master

El pasado día 7 de noviembre el portavoz parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y Juan Moreno en calidad de letrado de esta formación, registraron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras haber tenido conocimiento de la próxima llegada al puerto de Cartagena del buque Chemical Master, procedente del puerto de Ashdod (Israel), de donde partió el pasado 30 de octubre con una carga de 1.500 toneladas de ácido fosfórico que tiene previsto descargar en la dársena del puerto de Escombreras en Cartagena, según figura en el registro de la web de la Autoridad Portuario.

La denuncia de IU detalla que la carga química que transporta el Chemical Master “irá a parar a la filial de la multinacional israelí ICL ubicada en la propia ciudad murciana (Cartagena), donde se fabrica fertilizante” y añade que es ya el segundo barco en el último mes y medio que con una carga similar descargará material en este puerto y que viene directamente de territorios ocupados por el Ejército Israelí en el mar Muerto, hecho que ha denunciado el colectivo BDS, que insta a los Estados a que adopten medidas que impidan relaciones comerciales y de inversión con Israel para contribuir a poner fin a la ocupación de Palestina.

El escrito presentado ante la Fiscalía cita el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España el pasado 23 de septiembre y convalidado posteriormente por las Cortes, por el cual el Gobierno de España acordó «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, medidas que vienen a reforzar el embargo al Estado de Israel de armas y otros materiales de doble uso y la denegación de autorización de tránsito de estos productos con finalidad bélica”. Menciona también que ese Real Decreto establece “la prohibición de la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024».

La denuncia destaca, en línea con la posición del movimiento BDS, que la multinacional israelí ICL hace de la ocupación militar un lucrativo negocio, pues extrae recursos como la roca de fosfatos en la zona del mar Muerto, que luego son exportados a puertos como el de Cartagena. Según el portal de investigación Who Profits, la empresa ICL tiene una concesión hasta el 2030 para extraer sal, potasa y bromuro de la cuenca norte del mar Muerto en la Cisjordania ocupada.

Desde Izquierda Unida solicitan a la Fiscalía que verifiquen la información que se contiene en el escrito de denuncia sobre la actividad de importación y descarga del ácido fosfórico procedente de territorios ocupados militarmente por Israel; que impulsen los procedimientos judiciales para determinar las personas responsables de haber tratado de contravenir la legislación española y realizar contrabando con productos que provenientes de territorios ocupados militarmente por Israel; impulsar medidas cautelares ejecutivas de bloqueo e incautación de la carga que sean procedentes y eficaces; dar cuenta a la Corte Internacional de Justicia de las actuaciones realizadas y, en su caso, de dicha incautación.