Gaceta Crítica

Ana María Pascual (PÚBLICO), 1 de Septiembre de 2025

Los investigadores se muestran cautos ante el Proyecto de Ley de Información Clasificada y creen que no se desclasificarán por defecto todas las materias anteriores a 1982 cuando entre en vigor la nueva ley que sustituirá a la franquista ley de secretos oficiales.

En España no existe una lista de acceso público con todos los secretos de Estado. Esa es la premisa de partida que los investigadores destacan al valorar el Proyecto de Ley de Información Clasificada que acaba de aprobar el Consejo de Ministros con el que se quiere sustituir, por fin, a la franquista Ley de Secretos Oficiales, de 1968. Una herramienta que todos los gobiernos españoles en democracia han utilizado para proteger sus propios intereses invocando la seguridad nacional.

El proyecto de ley, impulsado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, implica la desclasificación automática de toda la documentación decretada como secreto oficial hace 45 años, lo que podría significar que dependiendo de cuando entre en vigor la nueva norma, podría corresponderse a documentación de 1982 y anterior. Los posteriores secretos irán levantándose cuando vayan cumpliendo los plazos que marca la nueva ley. 

Mientras que la vigente norma no tiene plazos de caducidad y los secretos oficiales en España son eternos, la nueva ley contempla un plazo máximo de 60 años para las materias clasificadas como ‘alto secreto’; 45 años para la documentación con el sello de ‘secreto’; entre siete y nueve años para las materias clasificadas como ‘confidenciales’; y, por último, para los documentos calificados como ‘restringidos’ será un plazo de cuatro años. Estas nuevas categorías corresponden al catálogo de clasificación que se utiliza en el ámbito de la Unión Europea y de la OTAN. 

La vigente ley franquista

La Ley 9/68 fue refrendada por el dictador Francisco Franco siete años antes de morir. En su preámbulo se indica la necesidad de una ley que no existía anteriormente para «evitar que trascienda lo que debe permanecer secreto» y con ella se pretende preservar «la causa pública, la seguridad del Estado y los intereses de la colectividad nacional». Fue reformada en 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, pero solamente para despojar de la capacidad de clasificar información a los embajadores, gobernadores civiles y al director de la Guardia Civil. Desde entonces, son solo el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, y la cúpula militar, a través de la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem), los que pueden decretar secretos oficiales. Para que una materia se desclasifique es necesario que lo apruebe el Ejecutivo o bien, los jueces a través de un procedimiento contencioso-administrativo, algo que ha ocurrido en escasas ocasiones. Es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el encargado de proteger la información clasificada.

El profesor de historia contemporánea en la Universidad de La Laguna Alejandro Pérez-Olivares pone el foco en la inexistencia de un índice de cuestiones declaradas como secretos de Estado. «No sabemos qué fondos están afectados por esta ley. El gobierno y los ministerios implicados deberían hacer un listado de lo que está clasificado de acuerdo con esta ley para poder calibrar el alcance de la medida. ¿Van a desclasificar documentación que piensen que afecta a la seguridad nacional? No lo creo», dice contundente este investigador especializado en la «construcción de archivos político-sociales bajo las dictaduras del siglo XX».

OTAN y venta de armas 

El cajón de los secretos oficiales se fue llenando nada más llegar la democracia. Si bien no puede saberse, de momento, qué cuestiones concretas han sido declaradas secretas porque constituye en sí un secreto, sí se conocen los grandes temas sobre los que pesa un candado. En los gobierno de Felipe González(1982-1996) se clasificó toda la información relacionada con operaciones militares e instalaciones del Ejército. Ocurrió en el Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986. Hacía ocho meses que se había celebrado el referéndum de la OTAN. Pero además de en la necesidad de protección de las operaciones de la Alianza Atlántica, lo cierto es que la decisión obedecía también a esconder la venta de armas a las dictaduras de Chile y Paraguay.

El Consejo de ministros del 13 de marzo de 1987 declaró secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio de Armas y desde entonces las cuestiones relacionadas con la exportación de armas están vetadas a la opinión pública.

Felipe González blindó los GAL

Un mes antes de celebrarse las elecciones generales que dieron la victoria a José María Aznar, los socialistas declararon secretos los asuntos cruciales relacionados con la lucha antiterrorista, de la que formaba parte la ‘guerra sucia’ contra ETA. El acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1996 echó el manto de silencio sobre «la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». También se declaraban secretos los ficheros que sobre esta cuestión obren en la administración penitenciaria y a las personas informantes en materia antiterrorista. En pleno escándalo por el terrorismo de Estado perpetrado a través de los GAL y a pocos meses para que arrancase el juicio contra el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, que los llevaría a la cárcel, se blindaban, como información inaccesible, los documentos sobre la ‘guerra sucia’ y los colaboradores de la misma.

Sin embargo, ya con Aznar en el Gobierno, el 19 de abril de 1997 se produjo la histórica desclasificación por parte del Ejecutivo de 13 documentos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por mandato del Tribunal Supremo, conocidos como ‘los papeles del CESID’. 

Los viajes oficiales

El Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, engordó considerablemente la lista de los secretos oficiales. De una tacada, se clasificaron como secretas catorce materias y tres como materia reservada, es decir, con un grado menos de protección. Así, los preparativos de los viajes del rey y del presidente del Gobierno son materia secreta.

Las negociaciones por la liberación de los cooperantes españoles secuestrados en Mali y Somalia  —liberados tras 270 días, en julio de 2012—; las gestiones en apoyo a Repsol en Argentina antes de la expropiación; los preparativos del viaje oficial del rey Juan Carlos a Brasil, acompañado por una nutrida delegación empresarial española; la candidatura del exministro Miguel Ángel Moratinos para dirigir la FAO, la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; y la petición de plácet para el nombramiento de Federico Trillo como embajador en Londres son materias clasificadas como secreto oficial en base al acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010. Todos los acontecimientos semejantes tienen la misma consideración, aunque el acuerdo no establece retroactividad. 

Evitar un ‘wikileaks’ español

Otras materias fueron clasificadas en aquel Consejo de Ministros, como «asilo y refugio» o cuestiones que «afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España o países amigos»; «contactos de mediación con terceros países»; «asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre la que pude tener jurisdicción la Corte Penal Internacional» y sobre todo, las relaciones diplomáticas de España. 

En julio de 2010 había estallado el escándalo ‘wikileaks’, es decir, la filtración de miles de informes del Pentágono sobre la Guerra de Afganistán. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quiso evitar en España una filtración semejante. Dos años antes se había desvelado que José María Aznar había permitido, en 2002, la escala de aviones de Estados Unidos con prisioneros ilegales rumbo al campo de Guántanamo, donde eran terriblemente torturados. 

El Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014, presidido por Mariano Rajoy, aprobó en secreto el acuerdo de clasificación de cuestiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y amplió la batería de secretos en torno a la información diplomática, y ello, seis meses después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. El contexto de aquella medida se topó de lleno con la actividad de la llamada ‘policía política’ y la operacion Kitchen para espíar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Las primeras desclasificaciones

Los primeros documentos que podrán desclasificarse en función de la nueva ley que se comenzará a tramitar este próximo otoño son los relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el 23-F. Y más antiguos aún, cuestiones relacionadas con la dictadura franquista. Para el investigador Alejandro Pérez-Olivares, «lo importante no es tanto la desclasificación de «secretos» puntuales — algunos de ellos podemos intuirlos gracias a otros archivos, tanto nacionales como internacionales—. La clave es una gestión democratizadora transversal de los archivos de la dictadura, activando la documentación (movimientos memorialistas, investigación, pero también acceso ciudadano con o sin el reconocimiento de víctimas de la dictadura), según el horizonte trazado por la ley de memoria democrática».  

Según considera Alejandro Pérez-Olivares, «el archivo histórico del Ministerio del Interior es la gran anomalía respecto a otros archivos de la represión franquista. Por acceso, por falta de descripción y porque ni siquiera se puede ir físicamente al archivo, todos los trámites son telemáticos. Ese es el gran reto para una gestión democrática y democratizadora de la documentación de la dictadura»

El terrorismo de Estado

La violencia estatal durante la Transición también es uno de los asuntos que más interés concita entre los investigadores y las víctimas. Ante que los GAL, durante el gobierno de Felipe González, ya existía otra guerra sucia contra la disidencia política que dejó crímenes impunes. Por ejemplo, el asesinato de José Miguel Etxeberria, Naparra, miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una organización armada de inspiración anarquista, que desapareció en 1980 en el marco del terrorismo de Estado y cuyos restos aún no han aparecido.

Sáhara y Marruecos

El nuevo proyecto legislativo puede arrojar luz en episodios esenciales de la historia reciente de España sobre los que aún no se conocen todos los detalles, por ejemplo la descolonización del Sáhara Occidental, en 1975, con la Marcha Verde. El Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares (Madrid), conserva varios expedientes con el sello de ‘secreto’, sobre el plan del régimen franquista para abandonar el Sáhara como potencia administradora de la colonia. La desclasificaciones de la documentación podría desvelar cómo fueron las presiones de Estados Unidos y las negociaciones con Marruecos para hacerse con el Sáhara. La agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, ha desclasificado casi un millón de documentos relacionados con este episodio.

Ana Marí Pascual. Periodista de investigación, responsable de la información judicial en Público. Trabajó en Interviú, donde investigó corrupciones políticas y dio voz a las víctimas de violaciones de DDHH. Premio de la Coordinadora de Asociaciones de Bebés Robados, fue corresponsal de la agencia pública de noticias de México, asesora en comunicación y guionista de 360 Grados en ETB.