Gaceta Crítica

Víctor López (Público), 24 de Agosto de 2025

• La velocidad a la que los agentes han actuado en el caso Cerdán contrasta con la inacción denunciada por la fiscal del caso Montoro. Los errores sobre el patrimonio de Ábalos, el fichaje de un mando por Ayuso y los reproches internos en la trama de los hidrocarburos también afectan a su credibilidad.
• El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha tenido un papel relevante en varias investigaciones, como ha dejado en evidencia su enfrentamiento con la fiscal del caso Montoro.

El caso Montoro. La investigación contra el hermano de Pedro Sánchez. El procesamiento del fiscal general del Estado. La causa contra Begoña Gómez. La trama de mordidas que salpica a Koldo, Ábalos o Cerdán. Y el caso de los hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ocupa un lugar protagonista en todas estas causas. Lo ocupa, realmente, en la actualidad política del país. «Es como si no existiera ninguna otra unidad policial, todo recae sobre la UCO«, señalan algunas fuentes jurídicas consultadas por Público.

El acrónimo es de sobra conocido por casi todo el mundo. La unidad echó a andar durante el segundo Gobierno de Felipe González. La integraban entonces una veintena de profesionales; ahora, la cifra se ha multiplicado por treinta. Y con ello, también sus investigaciones. Los agentes han elaborado en los últimos años informes que, a menudo, han servido para afinar el tiro y disipar dudas sobre un amplio abanico de escándalos de corrupción. Pero la unidad también ha sido señalada por trabajar a dos ritmos, ocultar posibles pruebas de descargo o cometer errores que han planteado dudas sobre su credibilidad o imparcialidad.

Los reproches llegan normalmente de los propios encausados y de sus defensas. Ábalos, por ejemplo, denunció al cuerpo por considerar que había sido víctima de «espionaje ilegal» pese a su condición de aforado, todo ello antes de su imputación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también criticó a la unidad por las «importantes irregularidades y omisiones» que, a su juicio, cometieron los agentes en el marco de la causa que lo investiga por un presunto delito de revelación de secretos. La defensa de Santos Cerdán, por su parte, considera que el informe sobre el ex número tres del PSOE incorpora «asuntos que son claramente debatibles».

Ábalos, Cerdán y García Ortiz no son los únicos que han plantado cara a la UCO. Las acusaciones empiezan a llegar también desde ministerios, partidos políticos e incluso desde el Gobierno. Moncloa ha calificado de «tendencioso» el hecho de que los agentes ignorasen en uno de los informes del caso Koldo un audio que desvinculaba a Begoña Gómez del rescate de Air Europa. Esta es otra de las causas que, por decisión del juez instructor, ha acabado en manos de la UCO. La Fiscalía Anticorrupción y los magistrados son los que deciden realmente qué órgano se encarga de cada una de las investigaciones. «No se entiende esta derivación de casos a la Guardia Civil. La Policía Nacional tiene competencias para hacer seguimiento de este tipo de delitos de corrupción y tiene recursos a nivel provincial, pero no se utilizan, ¿por qué?», se preguntan las mismas fuentes.

El ‘caso Montoro’: tarde y mal

La fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, denotó un evidente malestar con la actitud de la UCO durante la instrucción de la trama de reformas legislativas a cambio de mordidas que investiga un Juzgado de Tarragona. El enfado se remonta a la primavera del año pasado. Anticorrupción había acordado seis meses antes requerir los movimientos bancarios de una treintena de empresas y empresarios implicados en el caso. El objetivo no era otro que «identificar y localizar los pagos realizados» por «las mercantiles del sector gasista» a Equipo Económico, despacho clave en la trama, para “trazar el posible desvío de estos fondos».

El 25 de abril, habida cuenta del «tiempo transcurrido desde que se libraron los mandamientos judiciales», García Cerdá envió un nuevo escrito al juez instructor para que la Guardia Civil informase del «estado de tramitación del informe» relativo a las cuentas incautadas. El comandante de la UCO encargado de la gestión confirmó dos meses después que aún no habían iniciado el análisis de la información recibida porque, según recoge uno de los autos incorporados al sumario del caso Montoro, consultado por Público, «de los 339 productos bancarios solicitados», les faltaban «18 por recibir», es decir, menos del 6%.

La fiscal respondió entonces con un nuevo escrito en el que pidió al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil iniciar «con CARÁCTER URGENTE [en mayúsculas en el original]» el análisis de cuentas bancarias «interesado en la causa» y emitir, como mínimo, «un informe de avance». La UCO mantuvo durante meses esta diligencia en un cajón, tal y como desveló Público, hasta que finalmente lo entregó al juez el pasado 19 de febrero.

El informe llegó tarde –casi 16 meses después de que fuese solicitado– y mal. Este periódico pidió a expertos que investigan habitualmente causas de corrupción que analizaran dicho informe de la UCO. Su conclusión es rotunda: «O existe falta de interés en la investigación, o quienes redactaron el informe desconocen cómo funcionan estas tramas». Entre otras lagunas cabe destacar que la UCO no analiza todas las operaciones bancarias de Equipo Económico y sus socios, no identifica a algunos beneficiarios de fondos o pagadores, y no intenta localizar otras cuentas de los investigados pese a los indicios claros de que existen.

El papel de Luzón

García Cerdá también se quejó de la pasividad de los agentes en un escrito formal difundido por elDiario.es. La fiscal insistía aquí en la necesidad de analizar las cuentas de correo electrónico de los investigados, también la del exministro Montoro: «Los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil (…) no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión». Esta actitud contrasta con la de los Mossos d’Esquadra, que también actúan como policía judicial en la instrucción. Y choca de lleno con la velocidad demostrada en otras investigaciones, como la que tiene encarcelado de manera preventiva a Santos Cerdán.

Es la policía catalana, y no la Guardia Civil, quien está detrás de los mailsque dieron origen al caso Montoro en el Juzgado de Tarragona. La fiscal encargada del caso tuvo que sortear infinidad de trabas internas para conseguir avances contra el criterio de sus superiores, Alejandro Luzón y Antonio Romeral. «Cuando la UCO actúa bajo las órdenes de Anticorrupción, no llega nada al juez sin pasar previamente por las manos de Luzón», recalcan fuentes jurídicas vinculadas al PSOE.

«Es imposible entender lo que está pasando con algunas investigaciones de la UCO sin tener en cuenta el papel que juega Luzón», señalan a Público fuentes jurídicas vinculadas al PSOE. Entre otras cuestiones, dichas fuentes destacan que «en las denuncias que llegan a la Fiscalía Anticorrupción es Luzón quien decide qué cuerpo policial realiza la investigación. Por las manos de Luzón pasaron los informes de la UCO del caso Montoro antes de llegar al juez. Es él en persona quien actúa en casos como el de Cerdán, donde se opuso a que fuera puesto en libertad, y fue él quien apoyó que Aldama pudiese salir de la cárcel«. El comisionista Víctor de Aldama estaba encarcelado en una trama del fraude del IVA con hidrocarburos y fue puesto en libertad tras prometer aportar pruebas en el caso Koldo.

Ábalos, ¿dueño de una finca de 2,5 millones?

La Guardia Civil también ha dado golpes cuando menos cuestionables en el caso Ábalos. El más evidente tuvo lugar el 18 de marzo de 2025. La Sala Segunda del Tribunal Supremo recibió ese día un informe en el que los agentes desgranaban «la situación económico patrimonial» del exministro de Transportes y de uno de sus hijos. Los investigadores se hacían eco en el escrito de la compra de una propiedad en Colombia por «$ 2.500.000,00, que, convertido a moneda nacional en el momento de la transacción, resultarían ser 2.137.848,37 euros«. La cifra se coló en periódicos, tertulias y programas de televisión, pero no era correcta.

«Se ha detectado un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de este inmueble. Se consideró el empleo de dólares americanos en lugar de pesos colombianos, motivo por el cual la cantidad correcta sería 751,23 euros», rectificó la propia unidad policial dos días después, en otro escrito consultado por Público y enviado bajo el título Salvando un error. La instrucción le quitó hierro a lo sucedido.

Esta no fue la única polémica, tampoco la primera. Leopoldo Puente, juez encargado del caso, dictó en febrero un auto en el que citaba como investigado al exministro de Transportes y pedía expresamente la intervención de la UCO. «Se interesa de la referida unidad que de manera periódica se participen al instructor los avances en la investigación que pudieran resultar de los materiales intervenidos hasta este momento en el procedimiento, aún pendientes de ser analizados», reza el escrito. El magistrado solicitaba también un «informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas» de Ábalos, Aldama y Koldo García, así como de los mensajes que «pudiera haber intercambiado» el conseguidor de la trama con Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán.

La defensa de Ábalos presentó un recurso contra la designación de la UCO como «policía judicial actuante», toda vez que la unidad había sido denunciada por el exministro «hasta en tres ocasiones» por «vulneración de derechos fundamentales y por una pretendida revelación de secretos«, tal y como consta en otro de los documentos incorporados a la causa. El diputado, ahora en el Grupo Mixto, alegó en su escrito que los agentes se habían «extralimitado en el ejercicio de sus funciones» y cuestionó los motivos por los que no lideraba la investigación la Policía Nacional, con «una comisaría en las dependencias» del Supremo. Esta es una pregunta que también aplica al caso del hermano de Pedro Sánchez. La UCO tomó las riendas de la investigación por orden de un Juzgado de Badajoz, donde la Policía Nacional tiene también efectivos y herramientas. 

Leopoldo Puente desestimó el recurso de Ábalos, al que también se sumó la defensa de Koldo García. «Resulta obligado recordar que al instructor corresponde, y no a la defensa de cualquiera de los investigados ni a las acusaciones, dirigir la investigación. (…) No existe un derecho (…) a que sea el investigado quien escoja la unidad policial que le parezca más idónea para la averiguación de los hechos que se le atribuyen», argumentó, no sin cierta ironía, para luego insistir: «Resulta del todo evidente la conveniencia de mantener como policía judicial actuante en la misma a la unidad que hasta el momento ha venido investigando la posible trama delictiva y practicando las complejas diligencias de investigación».

Las fuentes jurídicas que han hablado con Público ponen el foco asimismo en lo ocurrido con los 20.000 audios incautados por los investigadores, todos ellos sin expurgar. La UCO recogió unas pocas grabaciones y mensajes de WhatsApp en su último informe para el caso Koldo, el que motivó la dimisión de Santos Cerdán. Los distintos investigados hablaban de licitaciones sospechosas, contrataciones en el sector público, mordidas y hasta de Pedro Sánchez. Los agentes, eso sí, ignoraron audios como uno en el que el presunto conseguidor de la trama desvinculaba a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, del rescate de Air Europa.

La UCO también hace referencia en el citado informe al posible amaño de las primarias del PSOE de 2014, que le dieron la victoria a Pedro Sánchez frente a Eduardo Madina. «Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas». Este es el mensaje que le envió Santos Cerdán a Koldo García. El entonces diputado socialista hablaba con el futuro asesor de Ábalos de las votaciones en Navarra, donde, precisamente, Madina fue el candidato más votado. La defensa de Cerdán considera que, en cualquier caso, esta cuestión no tiene que ver con la causa que aquí se investiga, por eso no entiende el empeño en incorporarla al informe. Llama la atención, siempre para las mismas fuentes, el hecho de que Antonio Balas, jefe del grupo de delitos económicos de la UCO, participase in situ en el registro de la sede de Servinabar. «No es nada frecuente que un mando acuda en persona a un registro», insisten.

Koldo, Aldama y los hidrocarburos

El origen del caso Koldo está en una denuncia del PP de Madrid, presentada por Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso. Los populares advertían en su querella de una serie de irregularidades en varios contratos de emergencia relacionados con la covid y formalizados por la administración pública. Anticorrupción decidió darle el caso al fiscal Luis Pastor Motta, exasesor en varios ministerios del PP. Resulta también llamativo que el Gobierno de Ayuso terminase fichando a Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO cuando Serrano puso la denuncia. Bonilla trabaja desde octubre de 2023 para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El nombre del ahora gerente de Seguridad en el Servicio Madrileño de Salud sale en varios de los documentos que la instrucción ha incorporado a la causa, pero queda fuera en otros muchos. Es precisamente en el marco del caso hidrocarburos donde Sánchez Yepes, también agente de la UCO, denuncia a cuatro de sus compañeros, entre ellos, al capitán Bonilla. «El Sr. Sánchez Yepes nunca consultó bases de datos de las personas aquí investigadas. El Sr. Bonilla sí consultó activa y reiteradamente tales bases de datos», relata el su escrito de denuncia, consultado por Público. «Hay al menos tres guardias civiles que consultan bases de datos para los investigados, al tiempo que cobran sueldos de ellos», insiste la defensa de Sánchez Yepes. 

El mismo escrito añade: «Es especialmente grave el caso del Sr. Bonilla en el que la causa aparente es protegerle por motivación política ya que su función, como consta, era recabar información de personas y sociedades cercanas al exministro Ábalos y su auxiliar Koldo, para de nuevo utilizarla en otros procedimientos ocultando que se originan aquí». El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la denuncia presentada por Sánchez Yepes, investigado, él sí, por facilitar información confidencial a un empresario del sector de los hidrocarburos. Estas acusaciones contra el capitán Bonilla no han sido por tanto incorporadas a la causa.

La ansiada imputación del fiscal general

La UCO establece en este caso una hipótesis clara desde que arrancaron las pesquisas: Álvaro García Ortiz y Moncloa están detrás de la filtración del correo en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoce haber defraudado 350.000 euros a Hacienda. El empeño por seguir esta línea de actuación queda en evidencia tanto en los informes de la unidad policial como en los autos del juez Ángel Hurtado. «Datos objetivos que aporta el informe de la UCO del 19 de diciembre de 2024 son que, después de que la [Cadena] Ser revelara a las 23.51 horas del día 13 el contenido del correo (…) y apuntase a la generación de una nota por la Fiscalía [para desmentir que la propuesta de acuerdo para evitar el procesamiento llegara por parte del Ministerio Público], y antes de que cualquier otro medio hiciera pública la imagen de ese mail, Presidencia del Gobierno pudo disponer de él (…) con la finalidad de utilizarlo políticamente«, señala el magistrado en uno de sus autos.

Hurtado habla en el mismo escrito de las «indicaciones recibidas» desde Moncloa, pero no incorpora ninguna prueba que acredite su existencia. El auto, eso sí, menciona hasta en 13 ocasiones las palabras Presidencia del Gobierno. La falta de pruebas objetivas es habitual en casi todos los documentos. El Ministerio Fiscal, de hecho, presentó un recurso en el que alegaba: «Han prestado declaración periodistas de distintos medios que han afirmado conocer el correo con antelación a que fuera remitido al fiscal general del Estado, de lo que se deduce la ausencia de pruebas de que la filtración procediese del investigado [Álvaro García Ortiz] y de que actuara en concierto con la Fiscal Jefe Provincial de Madrid».

La instrucción, sin embargo, sigue a pies juntillas lo que dice la Guardia Civil. El magistrado ha tomado declaración en los últimos meses a cerca de veinte personas, entre periodistas, fiscales, agentes y procesados, sin embargo, sólo ha tenido en cuenta los informes de la UCO, que desde noviembre del año pasado apuntan a la «participación preeminente» del fiscal general en la filtración. Hurtado, además, pidió a los efectivos de la mencionada unidad policial que entrasen en el despacho de Álvaro García Ortiz y requisaran todos sus dispositivos electrónicos. El fiscal general está ahora a un paso de sentarse en el banquillo para rendir cuentas por un presunto delito de revelación de secretos. Las pruebas son más bien escasas. Los titulares que ponen el foco en el letrado, infinitos.

La polémica en la instrucción de la DANA

Es importante recordar que efectivamente existen otros órganos policiales con plantilla y recursos para llevar a cabo investigaciones como las que está asumiendo –y casi monopolizando– desde hace un tiempo la UCO. La Policía Nacional puede actuar también como policía judicial y así lo hizo, por ejemplo, en el caso Gürtel, que investigó las tramas de corrupción del PP desde la época de José María Aznar. Incluso la Guardia Civil puede liderar este tipo de causas a nivel territorial, sin necesidad de derivarlas a la UCO. Eso sí, tampoco en estos casos las actuacionesestán exentas de polémica. La más reciente posiblemente sea la que tiene que ver con la instrucción de la DANA.     

La jueza de Catarroja pidió la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil en València para recibir «una cronología de los desbordamientos en los ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos» tras las inundaciones del pasado 29 de octubre en distintos municipios del País Valencià. Los agentes, sin embargo, respondieron con un informe que la propia magistrada calificó de «erróneo» e «incompleto», en el que realizan una «valoración respecto de las actuaciones de los intervinientes» y señalan tanto a la Aemet como a la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Es un informe erróneo por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración. (…) Refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada (…) y que fue descartada judicialmente», insiste la encargada de la instrucción. Los reproches son constantes en las veinte páginas que tiene el auto y reflejan –»desgraciadamente», apuntan fuentes jurídicas– una suerte de anomalía en el panorama político y judicial del país. 

Víctor López. Periodista. Redactor de Vivienda. Escribe también sobre Memoria y Ultraderechas. Empezó cubriendo información local en Galicia y pasó por varias redacciones antes de aterrizar en ‘Público’.