Gaceta Crítica

por Guillem Pujol (Catalunya Plural), 27 de Julio de 2025

Una trama que va del BOE al despacho privado: el caso Montoro revela cómo redactar leyes “a medida” si pagas lo suficiente.

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El caso de Montoro no es un caso de corrupción convencional. No existen sobres en metálico, ni comisiones en una bolsa de deporte, ni una grabación en un reservado de restaurante. No. Es peor. Es un caso de corrupción legalizada , planificada , sistemática . Un sistema en el que las empresas más poderosas del país —del gas a la construcción, de las eléctricas a los casinos— pagaban a un despacho privado fundado por el exministro de Hacienda , Cristóbal Montoro, por redactar normas que después se aprobaban desde el propio ministerio.

Este despacho, Equipo Económico , creado en 2006 por Montoro y varios colaboradores cercanos que después ocuparían cargos clave en su ministerio, ingresó más de 11 millones de euros entre 2008 y 2015 procedentes de empresas que, poco después, verían modificaciones legales a medida. Las últimas revelaciones, avanzadas por El País , confirman que Ferrovial pagó casi 600.000 euros a esta consultora coincidiendo con la aprobación del plan estatal para el pago a proveedores municipales —una medida que, casualmente, favoreció directamente a la empresa constructora.

Cuando la ley se hace fuera y se aprueba dentro

Según el sumario del caso, los pagos que varias empresas realizaban a Equipo Económico no eran por servicios técnicos ni por informes analíticos con ninguna incidencia pública objetiva. Eran otra cosa: pagos por influencia normativa . Dicho claramente: la empresa pagaba, el despacho hacía un informe, y el ministro (el mismo que había fundado el despacho) aprobaba la norma. Lo grave es que muchas de estas operaciones se hacían mientras Montoro era ministro —entre 2011 y 2018— y mientras sus exsocios y antiguos empleados ocupaban puestos de responsabilidad en la administración pública.

No se trata de un hecho puntual. El caso Ferrovial se suma a las operaciones ya documentadas con empresas del sector gasista, como AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gasas Industriales y Medicinales), que consiguieron rebajas fiscales millonarias (del 85 por ciento en el impuesto eléctrico) tras pagar 270.000 euros por un informe de doce páginas. renovables… Sectores regulados por el Estado, donde cualquier cambio legal puede suponer cientos de millones en beneficios . La puerta giratoria aquí no es un símbolo.

El delito, perfectamente ordenado

El juez instructor del caso en Tarragona, de donde parte la investigación, ha imputado a 28 personas por delitos de soborno, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios y corrupción entre particulares. Montoro es su figura central, pero no es el único. También aparecen altos cargos de Hacienda como Rogelio Menéndez (exdirector de la Agencia Tributaria) u Óscar del Amo , así como ex secretarios de Estado y figuras del poder económico e institucional de la época Rajoy.

La arquitectura era clara: Equipo Económico elaboraba informes o propuestas, a menudo en formato de notas legales pero altamente orientadas, las presentaba a las empresas interesadas, y éstas presionaban por su aprobación Mientras, los mismos redactores participaban, vía altos cargos públicos, en su validación por lo que era Esto es captura institucional .

El Estado como herramienta de explotación

La gravedad del caso Montoro no reside sólo en el delito. Estará también —y quizás sobre todo— en la impunidad social que ha rodeado esta práctica. Durante años, este sistema funcionó sin escándalo público , sin debate parlamentario , sin control efectivo . Nadie, dentro o fuera del gobierno, puso freno. Por el contrario: mientras las políticas públicas recortaban en servicios, congelaban salarios e incrementaban la presión fiscal sobre la ciudadanía, algunas empresas obtenían rebajas multimillonarias o acceso preferente a las arcas públicas.

Es esto, exactamente esto, lo que define la corrupción institucionalizada : el uso del poder de Estado para el beneficio privado. No es sólo una desviación puntual del sistema. Es el propio sistema trabajando contra su propia finalidad. Cuando quien dicta las normas es lo mismo que cobra para que las normas cambien, el Estado deja de ser un garante y se convierte en una máquina de favores . El derecho público se hace derecho clientelar.

¿Y después?

El PP, incómodo por el alcance del caso, ha reaccionado tarde y mal. Primero, desvinculándose de Montoro, que se ha dado de baja del partido para no arrastrarle más. Luego, cesando a algunos de los altos cargos imputados. Pero nadie –ni el partido ni el gobierno español actual– ha abierto todavía una auditoría sobre todas las leyes y reformas fiscales aprobadas durante el mandato de Montoro. Nadie se ha preguntado hasta qué punto las políticas públicas de los años de crisis fueron dictadas desde un despacho privado.

Y, sin embargo, ésta es la pregunta esencial: ¿ cuántas de las decisiones que empobrecieron al Estado respondieron en realidad a intereses pagados? ¿Cuántas reformas fiscales fueron impulsadas no por necesidad económica, sino por encargo? Si hoy sabemos que Ferrovial pagó medio millón por una reforma legal concreta, ¿por qué creer que el resto de decisiones se tomaron con neutralidad?

La democracia, en venta

La corrupción es siempre un ataque a la democracia. Pero cuando la corrupción es normativa , estructural , planificada desde dentro , el ataque es total. Ya no se trata sólo de dinero desviado. Se trata de privatizar la soberanía . De poner la voluntad legislativa en manos de quien más puede pagar. Y eso, si no se corrige, no sólo empobrece al Estado. También empequeñece la democracia .

Porque cuando la ley deja de ser igual para todos y pasa a ser una mercancía negociable, la política se transforma en una transacción y la ciudadanía en una comparsa. Y esto, hoy, es lo que ha quedado al descubierto.