Gaceta Crítica

Thomas Faci (The Delphi Iniciative -Grecia-) 02/07/2025

Un nuevo informe expone un vasto sistema, hasta ahora poco examinado, a través del cual la Unión Europea desembolsa anualmente 80 millones de euros a proyectos de medios de comunicación en toda Europa y más allá.

En un  nuevo informe exclusivo  para MCC Bruselas —La  maquinaria mediática de Bruselas: la financiación de los medios de comunicación de la UE y la configuración del discurso público—  revelo un vasto sistema, hasta ahora poco examinado, a través del cual la Unión Europea desembolsa anualmente casi 80 millones de euros a proyectos de medios de comunicación en toda Europa y más allá.

En él, sostengo que esta extensa financiación, a menudo presentada como apoyo a la libertad de prensa, en realidad sirve con frecuencia para promover narrativas explícitamente pro-UE y marginar las voces críticas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la independencia editorial y la integridad democrática.

El informe sostiene que la influencia financiera de la UE crea una “relación semiestructural” con los principales medios de comunicación, en particular las emisoras públicas y las agencias de noticias, difuminando las líneas entre el periodismo independiente y la comunicación institucional y comprometiendo seriamente la capacidad de los medios de exigir cuentas al poder.

Principales conclusiones y ejemplos del informe:

Financiación masiva y poco supervisada:  la Comisión Europea y el Parlamento Europeo desembolsan en conjunto cerca de 80 millones de euros anuales a proyectos de medios de comunicación. Esta estimación se considera conservadora, ya que el total de la última década probablemente superó los 1000 millones de euros. Esta cifra no incluye las fuentes de financiación indirectas, como los contratos de publicidad o comunicación adjudicados a empresas de marketing que posteriormente redistribuyen los fondos a los principales medios de comunicación.

Promoción de narrativas pro-UE:  Los programas de financiación suelen formularse con palabras de moda como «combatir la desinformación» o «apoyar la programación factual», pero el informe presenta pruebas de que tienen objetivos estratégicos claros para influir en el debate público y promover la agenda de la UE. Muchos proyectos, por ejemplo, promueven explícitamente narrativas pro-UE, como «promover la integración europea», la «desmitificación de la UE» y la «lucha contra los movimientos nacionales extremistas y euroescépticos». En temas geopolíticamente sensibles, en particular el conflicto entre Rusia y Ucrania, estos proyectos fomentan un entorno en el que los medios de comunicación se ven incentivados económicamente para hacerse eco de las posiciones oficiales de la UE y la OTAN, lo que limita aún más el espacio para el periodismo independiente.

Campañas de propaganda encubierta:  el programa Medidas de Información para la Política de Cohesión de la UE (IMREG) ha destinado cerca de 40 millones de euros desde 2017 a medios de comunicación y agencias de noticias para producir contenido que destaque los beneficios de la política de la UE. El informe destaca ejemplos en los que esta financiación no se divulga con claridad, lo que equivale en la práctica a «marketing oculto» o «propaganda encubierta». Otros proyectos buscan explícitamente «concienciar sobre los beneficios» o «contribuir a una mejor comprensión» y fortalecer el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a la UE. Estos eufemismos enmascaran lo que, en realidad, es un intento desde arriba de crear un demos europeo: una conciencia política unificada que, en las condiciones políticas y culturales actuales, sigue siendo más una aspiración ideológica que una realidad democrática.

Las agencias de noticias como guardianas de la narrativa:  la UE colabora estratégicamente con importantes agencias de noticias como ANSA (Italia), EFE (España) y Lusa (Portugal) a través de programas como IMREG, garantizando una difusión masiva de mensajes pro-UE en cientos de medios que dependen del contenido de las agencias. El proyecto European Newsroom, financiado con 1,7 millones de euros por la UE, por ejemplo, que reúne a 24 agencias de noticias en Bruselas, constituye un esfuerzo para estandarizar y armonizar los mensajes sobre asuntos de la UE.

Verificación de hechos y control del discurso:  Iniciativas como el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), financiado con al menos 27 millones de euros, involucran a agencias de noticias y medios de comunicación en redes para combatir la desinformación. El informe advierte que cuando las entidades que financian campañas publicitarias también participan en la definición de la desinformación, corren el riesgo de convertirse en una herramienta para vigilar los límites del discurso aceptable y etiquetar la disidencia como desinformación.

El periodismo de investigación centrado hacia afuera, nunca hacia adentro:  el informe examina los proyectos de periodismo de investigación financiados por la UE y detecta un patrón según el cual gran parte de la atención se dirige hacia países no pertenecientes a la UE, como Rusia o Kazajstán, con escaso escrutinio de la propia UE, a pesar de los numerosos escándalos documentados dentro de la Unión.

Propaganda propia del Parlamento Europeo:  El Parlamento Europeo, a través de su Dirección General de Comunicación, ha destinado casi 30 millones de euros desde 2020 a medios de comunicación para campañas, incluyendo contenido explícitamente autopromocional antes de las elecciones. El objetivo es «aumentar el alcance a públicos específicos de forma más eficaz con mensajes relacionados con la labor del Parlamento Europeo», aportando «legitimidad a las campañas del PE». Esto debe interpretarse como un intento de fabricar legitimidad democrática debido a la falta de apoyo orgánico.

El informe concluye que la evidencia apunta a que la UE invierte sistemáticamente en la creación de un entorno mediático favorable que refuerce su legitimidad y sus objetivos políticos, en lugar de simplemente apoyar la libertad de prensa. Exige un reconocimiento público urgente y que se examinen y, en última instancia, se rompan los vínculos institucionales entre el poder político y el periodismo.