Gaceta Crítica

Mundo Obrero, 30 de Junio de 2025

El acuerdo supone un golpe al pacto multilateral de 2021, defendido entonces como un avance contra la evasión fiscal, y representa una victoria diplomática del nuevo Gobierno estadounidense, con el respaldo explícito del resto de las potencias del G-7

El Vicepresidente JD Vance con el Administrador de la EPA Lee Zeldin y el Secretario del Tesoro Scott Bessent. Fuente: Office of the Vice President of the United States

El G-7 ha alcanzado un acuerdo para dejar fuera a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15 % sobre beneficios, una medida pactada en 2021 por más de 130 países con el objetivo de limitar la evasión fiscal de las grandes corporaciones. El nuevo entendimiento fue anunciado este sábado y supone un giro de calado en la arquitectura tributaria internacional. El cambio satisface una antigua exigencia de Donald Trump, que había amenazado con abandonar el acuerdo y tomar represalias económicas si no se atendían sus demandas.

El nuevo marco se produce tras la última cumbre del G-7, celebrada la semana pasada en Canadá, y se dio a conocer oficialmente a través de un comunicado conjunto de los siete países participantes: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. La nota afirma que el pacto “proporcionará mayor estabilidad y certeza al sistema tributario internacional en el futuro”, pero su contenido real implica una renuncia explícita a aplicar el impuesto mínimo a las empresas estadounidenses con facturación superior a 750 millones de euros anuales.

El anuncio representa un giro respecto al compromiso alcanzado en 2021 bajo impulso de la OCDE y apoyado entonces por la Administración Biden. El actual equipo de Trump, encabezado por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha conseguido ahora que los demás socios del G-7 respalden esta exención, e incluso que apoyen la posición estadounidense en futuras negociaciones con el G-20 y la OCDE.

Bessent fue quien adelantó el acuerdo el jueves, a través de su cuenta de X, vinculándolo a una modificación de última hora en la nueva normativa fiscal impulsada desde Washington. Como contrapartida, pidió al Congreso estadounidense la eliminación de la llamada “cláusula 889”, que autorizaba a imponer aranceles a países que, a juicio de EE. UU., aplicasen una fiscalidad discriminatoria a sus empresas.

“El presidente Trump allanó el camino para este logro histórico”, escribió Bessent en redes, al tiempo que recordaba las dos órdenes ejecutivas firmadas el mismo día de la toma de posesión, dirigidas a defender la “soberanía fiscal” del país. El acuerdo se presenta así como una victoria nacional y una reafirmación de la autonomía frente a normas internacionales.

No obstante, el consenso alcanzado deja zonas grises. Una de ellas es el tratamiento de los llamados impuestos a los servicios digitales, que algunos países aplican a gigantes tecnológicos como Meta, Amazon o Apple. El viernes, Trump reaccionó con ira al anuncio de Canadá de que aplicará a partir de este lunes un impuesto del 3 % a estas compañías, y suspendió de inmediato las negociaciones arancelarias con Ottawa. Desde su red Truth, acusó al Gobierno canadiense de “imitar a la Unión Europea” y amenazó con imponer nuevos aranceles a las importaciones desde el país vecino en los próximos días.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ha calificado el paso dado por el G-7 como “un hito importante en la cooperación fiscal internacional”, aunque lo cierto es que vacía de contenido buena parte del acuerdo firmado hace cuatro años, considerado entonces como un avance histórico frente a la competencia fiscal entre Estados.

España, al no formar parte del G-7, no ha tenido voz en esta negociación. Tampoco grandes economías como China, India o Brasil, ausentes pese a su peso creciente en la economía global. La composición del grupo se suele justificar por su origen histórico en los años setenta, pero la selección responde también a una lógica de bloque político y económico que refleja la alineación geoestratégica de sus miembros. No es casual que el G-7 actúe de forma coordinada con los intereses de la OTAN o de otras estructuras de poder occidental, especialmente en momentos de reconfiguración global como el actual.