Gaceta Crítica

Raul Navas (publicado en Viento Sur), 22 de Junio de 2025

Recientemente se cumplen 40 años de la Huelga General del 20 de junio de 1985, (convocada por CC.OO, CNT y USO) que fue la movilización obrera y contestación social más amplia y masiva del primer gobierno de Felipe González. Pese a ello hablamos de huelga importante y a la vez profundamente olvidada y escasamente investigada. Sergio Gálvez se ha referido a “la casi siempre ignorada huelga general de 1985”¹, añadiendo que fue el paro general en la “España democrática menos recordada y la que menos atención académica ha recabado. Si acaso alguna referencia casi obligada por las circunstancia o algún pequeño capítulo como excepción a la norma”². Por otro lado fue una huelga impensable tan solo dos años y medio antes cuando, en un momento de fenómenos generalizables de crisis internacional de la izquierda, en España ganaba las elecciones el PSOE. Era el primer partido de izquierdas que iba a gobernar desde 1939. Fue un acontecimiento inédito que género una oleada de esperanzas e ilusiones, no solo en la militancia de UGT y CC.OO, siendo generalizable en el sindicalismo y el electorado de izquierdas. El PCE votó a favor de la investidura de Felipe González en el Congreso y CC.OO saludó positivamente la victoria electoral del PSOE, en ocasiones incluso eufóricamente. Recordamos que las relaciones entre CC.OO con el gobierno de UCD empeoraron con la presidencia de Calvo Sotelo. Textos del sindicato de la época defendían que no había posibilidades de conseguir avances progresistas en derechos laborales con el Gobierno de la UCD, y criticando la política de pactos y negociación de UGT, planteando que era mejor esperar a negociar con el próximo gobierno progresista³. Aunque a su vez, ante la idea de que los problemas se arreglarían con un futuro Gobierno del PSOE, advertían del peligro de la parálisis sindical y movilizadora⁴.

En agosto de 1982, el presidente del gobierno, Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre. Antes de la celebración de los comicios, el 20 de septiembre, Marcelino Camacho junto con otros representantes de CC.OO mantuvieron un encuentro con Felipe González en la sede del PSOE⁵. Tras la entrevista, Camacho declaró que su sindicato y el PSOE “se encuentran en posiciones amigas, en cierta medida”⁶. Por parte del PSOE, Manuel Chaves manifestó que no había “distancias entre el programa de reformas de CC.OO y el electoral del PSOE”, y que en todo caso eran “secundarias, en cuanto al ritmo de reivindicaciones”⁷. El líder de CC.OO no ocultaba simpatías ante una victoria electoral del PSOE⁸. Aunque se matizaba que el programa socialista era demasiado moderado e indicaban que entendían “necesario, no solo administrar la ruina, sino salir de ella”, y que debían “haber cambios en más profundidad”⁹. Se advertía que “un probable triunfo del PSOE”, no iba “a ser la panacea”, porque los poderes fácticos no iban a “cambiar porque estén los socialistas en el poder”¹⁰. Camacho expuso que apoyarían a un Gobierno del PSOE “en aquellos puntos progresistas y de cambio”, y exigirían que se aplicase una política necesaria para salir de la crisis económica desde una perspectiva de solidaridad de clase”¹¹. También señalaba que “con los socialistas solos, no habrá cambios”¹², y abogaba por la necesidad de configurar una amplia mayoría social parlamentaria que aglutinara al 70-80% de la población¹³.

Recordamos que el contenido del programa electoral del PSOE incluía promesas sobre cuestiones laborales. Disponía de un capítulo específico sobre relaciones laborales, y un epígrafe titulado “Medidas de apoyo a los sindicatos”. Prometían rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales, reducir la edad de jubilación a los 64 años en 1983 y a 62 años en 1986, crear 800.000 puestos de trabajo, aumento en los días de vacaciones, equiparar la pensiones mínimas al salario mínimo, etc. Finalmente, los resultados de las elecciones de octubre de 1982 supusieron un triunfo espectacular para el PSOE, con más de diez millones de votos, y 202 diputados.  Por el contrario, el PCE sufrió una auténtica debacle electoral, perdiendo 846.515 votos y 19 escaños.

La Comisión Ejecutiva de CC.OO publicó un comunicado en el que saludaban y valoraban “altamente el triunfo del PSOE, que además de constituir un acontecimiento histórico en nuestro país, del que todos los trabajadores nos felicitamos, permite la formación de un Gobierno progresista, primer instrumento para iniciar los cambios necesarios en el orden económico-social y progresar en democracia”¹⁴. Marcelino Camacho exponía que todos se felicitaban y saludaban el éxito del PSOE, a quien “el pueblo había depositado la confianza para ser instrumento de ese cambio de progreso esperado”¹⁵, pero que si solo se hacían los cambios “que los poderes fácticos permitan hacer”, no cambiaría nada¹⁶. Recordaba que el poder real seguía “en las manos del aparato de Estado, de la gran Banca y de la Iglesia, y con estos sectores no hay alternancia”¹⁷.  Alertaba que la banca y la CEOE presionaban para que el Gobierno fracasase o se derechizase¹⁸, y que al “no controlar el sistema financiero antes o después la banca terminará oponiéndose al Gobierno socialista”¹⁹. Para vencer las resistencias había que dar contenido al cambio y que el Gobierno contara con los sindicatos y se promoviera un programa que pudiera apoyar “el 70 u 80% de los españoles, y en primer lugar los trabajadores con sus sindicatos democráticos y de clase a la cabeza”²⁰ . Camacho, reconociendo que nadie regalaba nada, pensaba que con la victoria del PSOE se podían conseguir “derechos negados hasta ahora”²¹, y que no pondrían trabas al Gobierno, siendo partidario de empujar del carro y ponerse “delante para tirar de él”²². A su vez, alertaba de la frustración y desencanto que provocaría que no se produjera un verdadero cambio reiterando que su objetivo no era desgastar al PSOE, ni ser testigo ni notario de su fracaso, porque sería el fracaso de toda la izquierda²³.

El 1 de diciembre de 1982, Felipe González fue investido presidente del gobierno, con los votos favorables de diputados del PCE. Ese día, Camacho recordaba que pese a la esperanza que abría el nuevo Gobierno, se corría “el riesgo de que se repliegue y olvide a las centrales, lo que convertiría el cambio en un segundo desencanto”²⁴. El 14 de diciembre de 1982, Joaquín Almunia, el nuevo Ministro de Trabajo mantuvo una entrevista con representantes de CC.OO, y en enero fue el mismo Felipe González quien los recibió. Camacho aseguró que los encuentros fueron positivos y que ahora era “un Gobierno de izquierda que nosotros vemos con más simpatía”²⁵ que el anterior. Por otro lado, CC.OO valoró positivamente algunas de las primeras medidas laborales aprobadas por el Gobierno, como la extensión del derecho a prestación por desempleo al personal contratado laboral de las Administraciones Públicas. El sindicato también mostró su apoyo a la polémica expropiación de Rumasa, decretada el 23 de febrero de 1983. Aunque Marcelino Camacho puntualizó el apoyo siempre que las empresas de Rumasa no pasasen “finalmente a los siete grandes bancos, que se les haga un regalito y se les venda por cuatro perras gordas”²⁶. De hecho, precisamente la rápida privatización de Rumasa finalmente fue uno de los primeros motivos de desencuentro del Gobierno del PSOE con UGT y CC.OO. Nicolás Redondo mostró su rechazó a que Rumasa volviera al sector privado, planteando le “parecería impropio que luego de que el Estado sanease las empresas del holding pasasen a manos privadas”²⁷.

En febrero de 1983 se firmó el primer pacto social con el PSOE en el Gobierno. Era el llamado Acuerdo Interconfederal, primer pacto social, estando ausente el Gobierno y suscrito por  UGT, CC.OO, CEOE y CEPYME. Un pacto que tuvo cierta oposición y resistencia interna en CC.OO.

Comienzan los desencuentros

CC.OO expresó algunas críticas a la composición ministerial del Gobierno y los nombramientos en el sector público, y tras una entrevista a Felipe González en TVE en enero de 1983, Marcelino Camacho criticó que el nuevo presidente pidiera “sacrificios”²⁸. Por entonces la federación de pensionistas de CC.OO crítico el Decreto sobre Revalorización de Pensiones²⁹. En febrero CC.OO consideró muy negativa la política salarial del Gobierno en el sector público, que Camacho calificó de ser “tan dura como la de la CEOE”³⁰.

Se comenzó a acusar al Gobierno de “continuista”. La prensa conservadora se hacía eco de estas críticas. La portada de ABC del 21 de febrero de 1983 contenía el titular: “Comisiones Obreras acusa de derechización al partido socialista”. Aquel ejemplar incluía una extensa entrevista a Marcelino Camacho, en la que criticó duramente al Gobierno, acusándolo de entregar el mando del sector público al Círculo de Empresarios”³¹.  El mismo día que se publicó la entrevista, Camacho se entrevistó con los ministros de Trabajo y Transportes. Tras la reunión, el líder de CC.OO volvió a criticar que el Gobierno nombrase a personas vinculadas al Círculo de Empresarios en altos cargos de empresas públicas, y reiteró la necesidad de que el AI se aplicara en el sector público³². También se criticaron las declaraciones de Felipe González y Almunia en favor de facilitar la contratación temporal, siendo calificadas de “extrema gravedad”³³.

En la Gaceta Sindical se publicó un artículo haciendo balance de la política laboral de los 180 primeros días de Gobierno del PSOE. Pese admitir algunos avances positivos, se señalaba la falta de aprobación de leyes laborales, y que incluso no se había aprobado ninguna sobre derechos colectivos³⁴. Se llegaba a plantear que “la continuidad y profundización de la política de UCD en este aspecto es indudable, incluso apoyándose en los mismos argumentos neoliberales”³⁵. Por otro lado, Camacho criticó que los PGE para 1983 eran los presupuestos de la derecha³⁶.

Las críticas se fueron extendiendo y generalizando en cada vez más asuntos y temáticas. CC.OO denunciaba que la política del Gobierno respecto a la siderurgia era la misma que del anterior gobierno de UCD³⁷. En la víspera del 1 de mayo de 1983, Marcelino Camacho denunciaba que el Gobierno no había hecho “nada para crear empleo” y que tampoco había “hecho gran cosa para que la democracia entre en los centros de trabajo”³⁸. Curiosamente, pese a que en los años anteriores el 1 de mayo se había celebrado unitariamente, en 1983 tuvo lugar sin unidad sindical entre UGT y CC.OO, siendo el primero que se celebrabas desde 1939 con el PSOE en el Gobierno. El deterioro de relaciones continuó y no hubo movilizaciones conjuntas hasta el 1 de mayo de 1989. En 1983 UGT acusaba a CC.OO de acosar al Gobierno, a lo que respondían que únicamente estaban exigiendo que cumpliera su programa electoral³⁹. En aquel 1 de mayo Camacho acusó a Nicolás Redondo de “dorar la píldora al Gobierno”, y pidió el voto en las elecciones municipales para partidos a la izquierda del PSOE, “porque después de cuatro meses de Gobierno de izquierda, eso sí muy moderadita, hay que dar un paso más”⁴⁰. A medida que avanzaba el año las críticas aumentaban. En agosto Camacho denunciaba que la política económica del Gobierno no es “la del cambio ni la de la izquierda, es la de la derecha”⁴¹. Días después anunció movilizaciones, asegurando que no eran contra el Gobierno socialista, sino contra unas “medidas reaccionarias del equipo económico gubernamental que se han situado a la derecha del PSOE y que ni la UCD se atrevió a plantear seriamente”⁴². En septiembre manifestaba que el Gobierno había “preferido alinearse con la patronal, al tiempo que acosa a los sindicatos y a los trabajadores”⁴³, avisando que si la situación no se modificaba y empeoraba no descartaban “ir a una huelga general de 24 horas”⁴⁴.

Uno de los puntos discrepantes lo encontramos en la tardanza y la forma en que el Gobierno aplicó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, cuya ley se aprobó el 30 de junio. UGT y CC.OO consideraron que se aplicaba de una forma restrictiva, y denunciaban que sectores de la patronal la incumplían. De hecho el 22 de septiembre tuvo lugar una huelga general en las Islas Baleares por el cumplimiento de la jornada de cuarenta horas semanales⁴⁵, con un amplio seguimiento⁴⁶. El 6 de octubre de 1983, CC.OO y USO convocaron una hora de huelgas en las empresas de Cataluña en las que no se estuviera aplicando la reducción de jornada. El 18 de octubre se convocó una jornada de lucha con manifestaciones en todo el estado.

En todo caso, durante 1983 se reprodujeron numerosas movilizaciones obreras en un contexto de aumento del paro y drástica reconversión industrial, despidos, impagos de salarios  y crisis⁴⁷, el 25 de enero de 1983 tuvo lugar una huelga general en Gijón convocada por CC.OO, UGT, CNT, USO y Corriente Sindical de Izquierda, contra la desindustrialización. El 15 de abril de 1983, Vigo quedó paralizada por una huelga general convocada por UGT, CCOO e INTG (Intersindical Nacionalista de Trabajadores Gallegos) contra el paro y la desindustrialización. Hubo paros en sanidad, Renfe, en el sector naval, banca o minero, así como  huelgas generales locales en lugares como Ibi (Alicante) o Ubrique (Cádiz). Aunque las huelgas más importante tuvo lugar en Sagunto contra el cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo⁴⁸, respondidas con violentas cargas policiales en lo que se llego a usar usó fuego real⁴⁹. Finalmente, tras nueve huelgas generales en la comarca y 24 en la fábrica⁵⁰, los Altos Hornos cerraron. Un ejemplo muy gráfico de aquel contexto de luchas defensivas que generalmente se saldaban en derrota, pese a ser secundadas masivamente. Más allá de Rumasa, la severa reconversión industrial promovida por el Gobierno  generó un profundo malestar y amplias protestas.

1984 comenzó de forma muy distinta a 1983. Las relaciones entre Gobierno y CC.OO se encontraban notablemente deterioradas. Marcelino Camacho denunciaba que la reconversión industrial impulsada por el Gobierno consistía en “cambiar un puesto de trabajo por ninguno”⁵¹ y que su política sobre la reconversión era aún peor que la de UCD. De esta forma, buena parte de la sensación de esperanza frente al cambio socialista se habían convertido en frustración en sectores del movimiento obrero. CC.OO recordaba que por primera vez en cinco años no existía un marco de negociación colectiva de referencia, pese a que en 1984 se debían negociar 3.600 convenios⁵². Era evidente que no existían perspectivas para que se reeditara un pacto social que incluyese a CC.OO. Por su parte, el Gobierno continuó proponiendo durante los primeros meses sin éxito la necesidad de alcanzar un nuevo pacto social.

Finalmente llegó un nuevo pacto social, con el Acuerdo Económico y Social, firmado el 9 de octubre, entre UGT, el Gobierno y la CEOE. CC.OO no suscribió el acuerdo y denunció los topes salariales incluidos en el mismo, así como las desgravaciones fiscales que se establecían a los empresarios, y los recortes presupuestarios en la Seguridad Social. Rechazaban la banda salarial acordada entre el 5,5 y el 7,5%, y el 6,5% para la administración, dado que la inflación se preveía que superase el 8%. Posteriormente hubo una campaña gubernamental y de la prensa contra Marcelino Camacho por no firmar el pacto. A dos años de la victoria electoral del PSOE decía que no les quedaba otra opción que oponerse “a su política profundamente reaccionaria, porque nadie ha sido tan fanfarrón, tan arrogante y agresivo como ellos”, añadiendo que Felipe González había “hecho cosas positivas, pero que, en lo fundamental, hace una política más reaccionaria que la de Suárez. Y no es que Suárez fuera menos reaccionario, pero tenía menos arrogancia”⁵³. Camacho denunciaba que el AES era un pacto “negociado en secreto, terminado en secreto y firmado en secreto”⁵⁴, y lo calificaba de “farsa orquestada al servicio del Fondo Monetario Internacional”⁵⁵. Camacho llamaba a UGT a la reflexión, asegurando que se habían “bajado algo más que los pantalones”⁵⁶, y que ningún sindicato de clase podía apoyar el AES⁵⁷. Insistían que su contenido suponía un incumplimiento e incluso la defunción del programa electoral socialista, y que el gobierno pretendía la legitimación de este giro a la derecha con un pacto social asumido por los sindicatos⁵⁸. CC.OO impulsó movilizaciones contra el AES en las calles y se convocaron manifestaciones en noviembre y diciembre. En definitiva el AES deterioró aún más las malas relaciones entre CC.OO y el Gobierno, siendo uno de los puntos de conflicto más importantes entre ambos durante aquella legislatura. Algo que queda evidente en las siguientes declaraciones de Marcelino Camacho:

“El AES no crea empleo. El propio presidente de la patronal, José María Cuevas, pone en duda esta afirmación y reconoce que el acuerdo está propiciando una legislación antisocial, que ninguno de los Gobiernos anteriores de la democracia, que eran residuales del franquismo, se había atrevido a aprobar. El Gobierno tenía necesidad de que se firmara el AES, porque necesita un aval político y para conseguirlo no ha ahorrado concesiones. Se arrastra ante la patronal y luego la CEOE le pega la bofetada más gorda que se pueda dar. La patronal, y ahí están las declaraciones de sus dirigentes que toda la Prensa ha recogido, ni siquiera se lo agradece porque, parafraseando el viejo dicho, Roma no paga traidores. Yo que he pasado muchos años en la cárcel he aprendido que si se tiene una actitud firme, uno se gana incluso el respeto del adversario; pero, si cedes continuamente, te llega a despreciar”⁵⁹.

Finalmente, tal y como ha indicado Sergio Gálvez, fue un acuerdo social que nació cuestionado, tuvo una vida inestable y “concluyó con el rechazo de todos sus firmantes”⁶⁰. En este sentido, Joan Gimeno afirma que “el fracaso futuro del pacto” terminaría “por cubrir de razón al rechazo por parte de la central”⁶¹, en referencia a CC.OO. Por otro lado el AES tensó aún más las relaciones entre CC.OO y UGT, y en 1984 tampoco hubo celebración conjunta en el 1 de mayo. Marcelino Camacho acusó a UGT de convertir su acto central del 1º de mayo en un “show de ministros”⁶². De hecho, en la manifestación central de UGT en Bilbao intervino Felipe González, pidiendo apoyo y comprensión a la política económica del gobierno, asegurando que no había alternativa a la misma ni a la derecha, ni a la izquierda⁶³.

En todo caso, se comenzaba a apreciar un distanciamiento entre el Gobierno y UGT. A este último le resultaba cada vez más difícil defender las políticas gubernamentales. A finales de 1984, Nicolás Redondo aseguraba que “algunos compañeros del PSOE y del Gobierno se sienten incómodos conmigo”⁶⁴. Por otro lado, la conflictividad laboral durante 1984 fue significativamente elevada. CCOO aseguró que se realizaron “más de 115 millones de horas de huelga”⁶⁵. Según la CEOE de las 7.229.400 jornadas de huelga de 1983, se pasó a 15.259.100 en 1984⁶⁶. Durante aquel año se convocaron 11 jornadas de huelga general provincial y/o autonómica en ámbitos como Euskadi, Galiza, Ourense, Nafarroa, Asturies o Bizkaia. Entre todas ellas destacó la espectacular lucha de los trabajadores del Euskalduna. Sin olvidar que entre 1983 y 1984 se sucedieron numerosas movilizaciones en el campo por parte del movimiento jornalero. Por otro lado, la reforma laboral de 1984 que facilitaba los contratos temporales y a tiempo parcial, fue rechazada por CC.OO. Una verdadera contrarreforma que supuso el inició de una nueva época caracterizada por la generalización de la precariedad laboral. El discurso empresarial y gubernamental de la época machacaba la idea de que fomentar la flexibilidad y temporalidad era la única forma de crear empleo, y además insistían que aquello era sinónimo de “modernidad”. Exactamente decían lo mismo con la reconversión. Pese a que en los años 70 el discurso predominante continuaba defendiendo que la industrialización significaba “modernización”, en unos pocos años pasó de significar lo contrario.

Hacia la Huelga General

En el AES se incluía un compromiso de reforma de la Seguridad Social. El proyecto de ley anunciado por el Gobierno suponía entre otras cuestiones un endurecimiento para acceder a la jubilación y un cambio en el cálculo en la base reguladora que afectaba negativamente a la cuantía de la pensión. CC.OO convocó más de 100 manifestaciones para el 21 de febrero⁶⁷, en defensa del empleo, del poder adquisitivo de los salarios y contra la reforma de la seguridad social. El Consejo Confederal en la convocatoria denunciaba que el Gobierno en vez de dialogar y negociar, empleaba “el poder la represión policial, propia de otros tiempos o el despido masivo como en el caso de los casi dos mil trabajadores de ASTANO”⁶⁸. CC.OO aseguró que en las protestas participaron 1.300.000 personas⁶⁹.

CC.OO denunciaba que el proyecto de reforma del Gobierno suprimía cuatro prestaciones⁷⁰ y endurecía los requisitos para acceder al derecho a una incapacidad, en parte porque se comenzaba a exigir un mínimo de periodo de cotización. Además, se modificaba la base reguladora para el cálculo del importe de las pensiones, de forma que se tenía en cuenta los últimos ocho años, por lo que el trabajador ya no podía elegir los dos años que considerara de entre los últimos siete. El periodo mínimo de cotización para poder jubilarte, se incrementaba de 10 a 15 años. CC.OO aseguraba que el nuevo sistema suponía “una reducción media de la cuantía inicial de las pensiones entre un 7 y un 13 por cien”⁷¹. Denunciaban que se pretendía eliminar prestaciones, reducir el número de pensionistas, y el importe de las pensiones futuras⁷². Además se  endurecía el acceso a las pensiones de viudedad, reduciendo la base reguladora y añadiendo incompatibilidades. Algo parecido ocurría con las pensiones de orfandad, y también se reducía el tiempo en el que un trabajador podía estar en situación de incapacidad temporal. CC.OO aseguraba que la intención del Gobierno era reducir el gasto en protección social y el ritmo de crecimiento del número de pensionistas.

Para el sindicato mediaba el “abismo” entre la reforma planteada por el Gobierno y el programa electoral del PSOE⁷³. Aseguraban que el proyecto de ley “sobrepasaba “a la derecha más retrograda”, incluso dejando “atrás políticas como las de Reagan o de Thatcher”⁷⁴. Desde CC.OO hubo más acusaciones en este sentido, denunciando que el Gobierno con la reforma de pensiones aplicaba políticas peores que la derecha británica y/o norteamericana⁷⁵. Además, desde el sindicato se criticó los argumentos utilizados por el Gobierno basados en que era necesaria una reforma para evitar la quiebra. Para CC.OO decir que la Seguridad Social estaba en quiebra era lo  mismo que decir que “la Universidad española o el Ejército están en quiebra porque sus ingresos propios no cubren los gastos”⁷⁶.

Además, a parte de la reforma de la Seguridad Social, continuaron abriéndose frentes de conflicto entre CC.OO y el Gobierno, como la aprobación de medidas que favorecían el horario libre en el comercio. Para el sindicato el horario libre generaba paro y se beneficiaba a los grandes almacenes y áreas comerciales, frente a los pequeños propietarios⁷⁷. En este sentido, la liberalización de los horarios comerciales también contó con el rechazo de UGT. Por el contrario aun no se preveía un acercamiento entre ambas centrales. En febrero de 1985, Nicolás Redondo afirmaba que “cualquier intento de aproximación entre CC.OO y UGT actualmente imposible”⁷⁸.

Finalmente CC.OO convocó una huelga general de 24 horas contra el proyecto de ley de pensiones. De los 30 miembros del Comité Confederal del sindicato, fueron 23 los que votaron a favor. Por su parte, pese a que UGT se oponía a la reforma del Gobierno, rechazó sumarse a la convocatoria y el 1 de mayo de 1985 tampoco hubo unidad sindical en las manifestaciones, al igual que en 1983 y 1984. Aunque en los actos de UGT esta vez el Gobierno estaba ausente⁸⁰. Artículos de prensa señalaron que las manifestaciones de CC.OO fueron más numerosas⁸¹. Marcelino Camacho aprovechó la jornada para reclamar a UGT su apoyo para la huelga general.

CC.OO convocó una masiva asamblea de delegados sindicales el 24 de mayo en la Plaza Mayor de Madrid, como una jornada de preparación de la huelga general. Una vez concluida, tuvo lugar una manifestación y se registró un escrito al Presidente del Congreso de los Diputados, solicitando la retirada del proyecto de ley⁸², insistiendo en que no era una reforma, sino un “mero recorte de prestaciones”, mientras se incrementaban “escandalosamente partidas presupuestarias como el de armamento”⁸³. En aquella protesta Marcelino Camacho pidió a UGT que se sumara a la huelga general, argumentando que la respuesta al ataque no podía quedarse solo en manifestaciones⁸⁴. En este clima de confrontación, el Gobierno aprobó el Real Decreto 799/1985, que facilitaba la contratación temporal. Mientras tanto, José Luis Corcuera dimitió de todos sus cargos en UGT⁸⁵. Por su parte, el Gobierno aseguraba que la reforma de las pensiones continuaría, sin mostrar voluntad de negociación, ni si quiera con UGT⁸⁶. Rubén Vega ha planteado que el gobierno optó “por plantear su propio proyecto renunciando a cualquier consenso en lo que la UGT interpreta como una ruptura de la confianza mutua”⁸⁷.

El 4 de junio de 1985 hubo una manifestación contra la reforma de la seguridad social convocada por UGT, a la que se sumó y quiso participar  CCOO. Aunque desde UGT matizaban que no era una marcha conjunta y unitaria, sino coincidente⁸⁸. Que la central socialista convocase abiertamente movilizaciones contra la política del PSOE fue acontecimiento de capital importancia, provocando una seria fractura entre partido y sindicato⁸⁹. El PSOE dio orden de prohibir acudir a sus afiliados a las manifestaciones. Marcelino Camacho valoró positivamente las manifestaciones, y planteó que era “un primer paso en la larga marcha hacia la unidad de acción en la lucha contra la política económica del Gobierno”⁹⁰. Desde CC.OO, insistían en que mediante la unidad de acción con UGT se podía hacer retroceder al Gobierno⁹¹. Por tanto era necesario un seguimiento masivo de la huelga, así como futuras movilizaciones para conseguir un giro progresista en la política económica del Gobierno⁹².

En todo caso, el sindicato UGT se enfrentaba ante un gran desafío y contradicción. El sindicato se oponía a la reforma de la Seguridad Social. En mayo la ejecutiva de UGT en Cádiz se encerró en el Gobierno Civil en protesta contra la reforma de las pensiones⁹³. A su vez, UGT, disponía de 15 cargos sindicales, que a su vez eran diputados o senadores por el PSOE. Ante un inminente trámite parlamentario tenían directrices contrapuestas entre partido y sindicato. Antonio de la Rosa, senador por el PSOE y secretario general de UGT de Badajoz, dimitió y renunció a su escaño en el Senado⁹⁴, mostrándose contrario a la reforma de las pensiones. Nicolás Redondo anunció que en el parlamento rompería la disciplina de voto. Miguel Ángel Roldán, secretario general de UGT de Melilla, y a su vez senador por el PSOE, también avisó que su voto sería contrario a la reforma. Pero el trámite parlamentario prosiguió y el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de reforma de pensiones el 18 de junio de 1985⁹⁵. Sindicatos como ELA-STV, USO, CNT se sumaron a la huelga. También fue apoyada por el Sindicato Unificado de Policía, la Federación de Asociaciones de Vecinos y los comités Anti-OTAN. UGT continuó hasta el final sin apoyar la convocatoria. Su Comité Ejecutivo emitió un comunicado matizando que el proyecto de ley de pensiones no estaba cerrado, pero a su vez mostrando preocupación por el “deterioro del clima de concertación que no negociar la reforma de la Seguridad Social supone”⁹⁶. Hubo algunos casos de apoyo público a la huelga, como la de UGT de Lanzarote⁹⁷. En todo caso, las relaciones entre UGT y el Gobierno se deterioraron, y las declaraciones de Nicolás Redondo fueron cada vez más críticas con el ejecutivo. En 1985 dijo abiertamente que las medidas del Gobierno no eran de izquierdas⁹⁸, e incluso que algunas de ellas coincidían con las de Ronald Reagan, indicando que era “neoliberalismo y por eso aplauden los empresarios, porque los favorece”⁹⁹.

La huelga general, su seguimiento y tratamiento informativo

CC.OO aseguró que la Huelga General fue secundada por cuatro millones de trabajadores. Los sindicatos CC.OO, USO y CNT difundieron un comunicado conjunto en el que aseguraban que la huelga había sido la movilización más amplia “de los trabajadores habida en la transición: un rotundo éxito”¹⁰⁰. El mismo 20 de junio a las 17:00 tuvo lugar una rueda de prensa por parte de Marcelino Camacho, junto con Manuel Zaguirre, Secretario General de USO, y José March, Secretario General de CNT. Este último, acusó al Gobierno de mantener una “actitud arrogante” y de la falta de voluntad negociadora¹⁰¹. Camacho en su intervención aseguró que nunca desde la transición había habido “una movilización más prolongada, mejor preparada ni, naturalmente, más masiva después, en este momento de culminación”¹⁰². El líder de CNT en la misma línea planteó que la huelga había tenido tanta o más importancia que la huelga general de noviembre de 1976¹⁰³. El Consejo Confederal de CC.OO emitió una resolución congratulándose de la unidad de acción conseguida con ELA-STV, CNT y USO, e incluso de miembros de comités de empresa de UGT¹⁰⁴. La editorial de la Gaceta Sindical fue aún más lejos asegurando que la huelga había sido “la acción más importante del movimiento obrero desde los años treinta”¹⁰⁵. La prensa se hizo eco de un elevado seguimiento en empresas como Ensidesa y lugares como Gijón, Ferrol o Vigo, así como del levantamiento de barricadas en Euskadi¹⁰⁶. En la portada de ABC se publicó una caricatura de Felipe González al teléfono diciendo “Señor Fraga ¿no tendrá usted por casualidad una fórmula para acabar en seis meses con Marcelino Camacho?”. Además, hacía mención a que la huelga había sido secundada por más de dos millones de trabajadores¹⁰⁷. En la portada de La Vanguardia se señalaba que la “abstención de UGT” había limitado la huelga, aunque consideraban que fue la “jornada de contestación, sin duda la más importante de los últimos años”, añadiendo que “la protesta quedó a medio camino entre una huelga general y un paro apreciable”. Además, señalaban que la huelga tenía un “carácter marcadamente político: el rechazo a la política del Gobierno del Partido Socialista por una buena parte de la izquierda sociológica del país”. El País publicó una editorial marcadamente dura contra la huelga, calificándola de fracaso, haciendo mención a “violenta actuación de los piquetes” y al apoyo del PCE al paro¹⁰⁸.

Desde El Socialista se aseguró que la huelga fue un fracaso¹⁰⁹, y que los convocantes inflaron las cifras de seguimiento¹¹⁰. Manuel Chaves acusó a CC.OO de promover piquetes violentos¹¹¹. Por su parte Felipe González, que el día de la huelga se encontraba en La Haya, protagonizó unas polémicas declaraciones contra la huelga, asegurando que había sido  convocada por PCE y CCOO “invocando motivos no ciertos y ocultando circunstancias reales. Los comunistas han convocada una huelga general contra el Gobierno socialista, lo que no han hecho ni harán nunca con gobiernos de otro matiz político”¹¹². Desde la prensa conservadora, también se apuntaba a argumentos similares, señalando que la huelga contaba con el apoyo de PCE y Herri Batasuna¹¹³.

CC.OO se quejó del tratamiento informativo, al considerarlo hostil por parte de varios medios de comunicación. Mostraron sus críticas a que el día de la huelga se entrevistara al ministro Joaquín Almunia en el Telediario¹¹⁴. El sindicato se quejó de que los medios de comunicación falsearon datos de la huelga¹¹⁵. Fue sonado el tratamiento de El País, al publicar una foto de portada con un conductor herido. Imagen que realmente nada tenía que ver con un piquete, sino con un accidente de tráfico ocurrido el mes anterior¹¹⁶. Además, Marcelino Camacho se quejaba de la actitud del Gobierno respecto a la huelga, señalando que sus comentarios recordaban a la “época del franquismo cada vez que hacíamos un paro. Siempre estaba la masonería y el comunismo, y yo no sé cuántas cosas más. Ahora los socialistas dicen exactamente lo mismo”¹¹⁷.

Denuncias de represión policial

CC.OO se opuso a los servicios mínimos impuestos para el día de la huelga por considerarlos abusivos. Marcelino Camacho dijo que “prácticamente se ha hecho una militarización de los trabajadores”¹¹⁸. Por otro lado, desde la prensa se hicieron referencias constantes a las acciones de “piquetes violentos”. Desde los sindicatos convocantes se negaron actitudes violentas y cargaron contra la actuación policial. El secretario general de USO aseguró que “la única contundencia en esta Jornada ha sido la de los piquetes policiales”¹¹⁹. La Vanguardia  se refirió a 128 huelguistas detenidos¹²⁰, entre ellos el secretario general de CCOO de Tarragona, José Estrada¹²¹, y de Barcelona, Alfredo Clemente¹²². CC.OO denunció que los únicos incidentes que graves los produjeron las fuerzas de orden público, conociéndose ejemplos de policías que efectuaron disparos¹²³. En este sentido hubo un policía que realizó disparos al aire en Orcasitas, motivo por el que fue detenido. También se denunciaron disparos cerca de la sede de CC.OO en Vallecas. Además, en Zaragoza, la policía irrumpió en los locales de CC.OO, deteniendo entre otros al secretario general provincial, Lorenzo Baron. También fue detenido el secretario general de CC.OO en Baleares, Manuel Cámara. Marcelino Camacho, denunció que la represión fue “propias de otros tiempos”¹²⁴. Posteriormente, se abrieron cientos de procesos penales contra huelguistas, dictándose penas de prisión contra dirigentes sindicales de CC.OO¹²⁵. En este sentido, Sergio Gálvez ha indicado que “no se conocieron jamás en este tiempo indultos para obreros encarcelados en tiempos de amnistías fiscales”¹²⁶. Por otro lado, desde CC.OO se denunciaron ejemplos de despidos contra trabajadores por haber secundado la huelga general¹²⁷.

Por otro lado, Camacho amenazó con más movilizaciones si no se retiraba la ley de reforma de pensiones, y que habían conseguido retirar los recortes más severos de la reforma, como la eliminación de las pensiones de viudedad y orfandad menores de 45 años¹²⁸. En este sentido, desde CC.OO insistieron en que pese a no haber conseguido que se retirase la reforma de la Seguridad Social, se había conseguido que el Gobierno retirase algunas de sus pretensiones iniciales¹²⁹. Además, se proponía a UGT continuar aunando esfuerzos para conseguir la retirada del proyecto de ley, y el sindicato continuó con una campaña de recogida de firmas contra la reforma¹³⁰.

En definitiva, el cambio no se tradujo en el tan esperado clima político y gubernamental favorable para los sindicatos y el mundo del trabajo. En definitiva, el Gobierno del PSOE no fue el ejecutivo socialista esperado por los sindicatos que promoviera nuevos y mayores derechos laborales y libertades sindicales, así como una legislación que favoreciese la acción sindical. El rápido alejamiento del Gobierno respecto a su programa electoral causó una rápida decepción. En vez de paz social en un contexto de avances y colaboración con el Gobierno, hubo continuas pérdidas de poder adquisitivo, despidos, y conflictos laborales muy duros, en un contexto de posturas intransigentes y arrogantes por parte de Gobierno y patronal.  La reforma de pensiones de 1985 trajo consigo dos importantes consecuencias: una convocatoria de huelga general, y un empeoramiento de las relaciones entre el Gobierno y UGT. El enfrentamiento con el ejecutivo ya no era monopolio de CC.OO. La huelga pese a no conseguir tumbar la reforma, significó un antes y un después En la huelga general de 1985 y todos estos elementos señalados encontramos buena parte germen de la histórica Huelga General del 14 de diciembre de 1988.

Raúl Navas es historiador.

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