Gaceta Crítica

Margarita Vilar Rodríguez (Universidad de A Coruña), 12 de Junio de 2025

La propaganda franquista sigue funcionando cincuenta años después generando una especie de melancolía en ciertos sectores de nuestra sociedad. Pero si nos miramos en el espejo de Europa occidental quizás entendamos mejor los casi cuarenta años de dictadura como un obstáculo para el bienestar de la mayor parte de la población

Por Margarita Vilar Rodríguez, profesora titular de la Universidad de A Coruña

La propaganda constituyó una herramienta fundamental en la construcción del imaginario colectivo durante la dictadura de Franco. Hasta aquí nada original, pues ocurrió lo mismo en muchos otros regímenes no democráticos como medio de manipulación de las masas. Lo que resulta sorprendente es como esta tergiversación de la historia sigue funcionando cincuenta años después, generando una especie de melancolía en ciertos sectores de nuestra sociedad. No importa la argumentación de fondo –de eso va la propaganda, de comprar el mensaje sin pensar- sino el titular personificado en la figura de un dictador que se presenta como un salvador del pueblo. A esta nube de gentes desposeídas de derechos básicos van dirigidos los principales titulares: “Con Franco se vivía mejor”; “con Franco no había paro”; “Franco trajo la Seguridad Social”, entre otros. Concentrémonos en estos tres.

La vida en la larga posguerra civil en España resultó muy difícil para la mayoría de la población. Durante estos años la economía vino caracterizada por la escasez de materias primas, energía, tecnología y productos básicos en un marco autárquico. La carestía y el racionamiento marcaron el día a día de buena parte de la población que dependía de un empleo. El trabajo se convirtió en un factor productivo abundante y barato, gracias a una legislación que endureció las condiciones laborales y salariales. Francisco Candel relata en su obra censurada por la dictadura Ser obrero no es una ganga cómo los salarios se bloquearon a niveles similares al año 1936, pero los precios subieron vertiginosamente. Un operario cualificado podía ganar en torno a 15-18 pesetas diarias en 1941 y un kilo de pan de estraperlo podía costar 12 pesetas (pp. 144-145). Añade que cualquier petición de mejoras podía traer aparejado el calificativo de “rojo” para el solicitante; así que todo el mundo callaba. 

La única solución fue “echar horas” en pluriempleos o extraordinarias: “trabajábamos once horas diarias, los domingos cinco”. La desnutrición y la falta de higiene, las jornadas excesivas de trabajo y las pésimas condiciones laborales propagaron enfermedades como la tuberculosis o el tifus. La informalidad se adueñó del mercado de trabajo con contratos verbales sin garantías; niños que bajo la fórmula de aprendices dejaban sus estudios a temprana edad para ganar algún dinero y mujeres que, desde la invisibilidad estadística, aportaron unos ingresos claves para la supervivencia familiar. Así fue cómo se configuró un modelo productivo basado en trabajo abundante y barato dentro de un marco de precios elevados. Si pensamos que los salarios son ingresos para trabajadores y costes para empresarios; y los precios son gastos para trabajadores e ingresos para empresarios, a lo que asistimos durante estos años de crisis económica en la posguerra civil es a una redistribución de la renta a favor del capital y en contra del trabajo. 

La crisis supuso para algunos (pocos) una oportunidad excelente de hacer negocios a costa de buenos contactos y trabajo barato; mientras que para otros (muchos) supuso una lucha por la supervivencia. La precariedad laboral en un marco de miedo y represión mantuvo el desempleo bajo y permitió repartir miserias. Recordemos que por entonces la mitad de la población activa aún permanecía en la agricultura, donde la situación de subempleo era muy elevada. Así es que, a diferencia de lo ocurrido en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra civil española no hubo plan Marshall, ni pacto social, ni bases para construir un estado de bienestar. 

El paro durante la época franquista

A finales de la década de 1950 la insostenible situación económica del país, al borde de la suspensión de pagos, obligó a la dictadura a aceptar un Plan de Estabilización. La intervención económica supuso una apertura exterior comercial y financiera junto con cambios en la política económica interior orientados a controlar la inflación, el déficit presupuestario o comercial. 

Esta intervención exterior poco o nada cambió las reglas del juego en el mercado laboral, donde los derechos básicos siguieron ausentes y las condiciones laborales y salariales se mantuvieron precarias. Pero la inversión extranjera y el mayor acceso al mercado exterior sí que introdujeron cambios en el sistema productivo que condujeron a ajustes en el empleo y reducción de las horas extra en muchas fábricas. En la Revista Juventud Obrera (1959, núm. 32) se relata el incremento del paro durante esos años, donde las empresas plantearon expedientes de crisis para despedir al personal con fórmulas colectivas y sin indemnizaciones. Por entonces, la emigración a Europa se había convertido en una válvula de escape para mantener el desempleo interior a raya, junto con los salarios bajos y la baja tasa de actividad oficial de las mujeres (según la ONU, en 1960: 20%). Este trípode explica la trampa de cómo “Franco” consiguió que “no hubiera paro”. Nada se añade de las pésimas condiciones de vida de la mayor parte de los trabajadores que mantenían su empleo. Y, por cierto, si con “Franco se vivía mejor” este sería el primer ejemplo de la historia en el que millones de personas abandonaron su tierra y su hogar en busca de oportunidades y futuro ¿sin necesitarlo? Esto suena bastante absurdo.

Los salarios bajos en la economía española actuaron también como foco de atracción del capital extranjero en la década de 1960, a la vez que impulsaron un modelo turístico “low cost” de sol y playa. En paralelo, las nóminas salariales se convirtieron durante estos años en una especie de laberinto difícil de interpretar, compuesto por bases legales, partidas voluntarias y pluses de carestía de vida superpuestos para compensar parte del crecimiento de precios, como ya expliqué en Los salarios del miedo. El creciente peso de las partidas informales ponía en evidencia dos cosas: la baja cuantía de los salarios legales y el elevado poder empresarial dentro del mercado de trabajo. La patronal aún se quejaba en informes internos de las Cámaras de Comercio de que la demanda interna del país era demasiado baja, lo que no contribuía a mejorar sus beneficios. Lejos de proponer una subida de salarios para impulsar el consumo, apostaban por transformar las cotizaciones sociales en dinero en efectivo, bajo el argumento de “mayor eficacia” para la economía.

En conjunto, los casi cuarenta años de dictadura configuraron un modelo productivo de trabajo barato dentro de Europa occidental en un contexto de precios altos, lo que en sí mismo supuso un marco de redistribución de renta a favor del capital y en contra del trabajo y mantuvo débil la demanda interna. Este desigual reparto no fue corregido por el sistema fiscal sino todo lo contrario. La dictadura mantuvo una Hacienda obsoleta, basada en impuestos indirectos, con un reparto injusto de la carga fiscal, marcada por la corrupción y el fraude. 

La Hacienda no corrigió, pero tampoco contribuyó a la puesta en marcha de la Seguridad Social que, según algunas personas, Franco creó. En realidad, la Seguridad Social es un término que se “inventa” en el marco del New Deal de Estados Unidos (The Social Security Act of 1935) y que, después de la II Guerra Mundial, Europa Occidental adapta en el marco del Estado del Bienestar. Esto es importante recordarlo porque antes de la II GM no existe la Seguridad Social sino seguros sociales individuales sin caja común, con afiliación y coberturas limitadas que no pueden ser consideradas propias del Estado de Bienestar. En gran medida España siguió la estela europea durante el primer tercio del siglo XX con la aprobación de varios seguros sociales. Es cierto que quedó sin legislar el seguro de enfermedad, pero íbamos por el “buen camino”, con la discusión de un proyecto unificado de Seguros Sociales –que incluía la enfermedad- en el Parlamento, poco antes del golpe de Estado de 1936.

La propaganda de la dictadura se aprovechó de esto. Los seguros sociales de las primeras décadas de la dictadura mantuvieron un denominador común: el trabajo como pasaporte necesario de entrada al sistema y la ausencia de financiación del Estado. Fueron los trabajadores de algunos sectores con nóminas más modestas los que con sus cotizaciones sociales financiaron el sistema, lo que condujo a su insostenibilidad manifiesta. El Estado se mantuvo al margen porque sus intereses eran otros, muy alejados del crecimiento del gasto social que se producía en otros países europeos. Las consecuencias fueron demoledoras: seguros con afiliaciones bajas, prestaciones limitadas y coberturas insuficientes. Amplios colectivos de población quedaron al margen –como, por ejemplo, la mano de obra agraria- y se desarrollaron una multiplicidad de regímenes especiales o específicos, según la profesión de la persona asegurada, voluntarios u obligatorios, con prestaciones, cotizaciones y coberturas de riesgo dispares. Pero estos seguros hicieron su función como engranaje de la propaganda. 

Más tarde, en 1966, se puso en marcha la Ley de Bases de la Seguridad Social en cuya introducción se reconocen los problemas del sistema y propone “adoptar” un modelo europeo (“de bienestar”). En realidad, como en muchos otros ámbitos, se pervirtió el lenguaje con fines propagandísticos: una cosa es el nombre de la Ley y otra la realidad. La Ley fracasa porque no hubo voluntad dentro de una dictadura que seguía sin reconocer derechos y libertades básicas, ni pretendió impulsar una reforma fiscal o cambiar el modelo salarial. Nadie exigió estos cambios como requisito para acceder a la financiación internacional ni a la firma de acuerdos de colaboración con países del bloque de democracias capitalistas. En consecuencia, siguió funcionando un sistema sin universalidad en la afiliación y cobertura, con múltiples sistemas públicos y privados y un enorme caos administrativo y de gestión. De hecho, el INP, órgano gestor de este sistema, acabó cerrado en la transición democrática en el marco de enormes déficits y sombras de corrupción. Así que en España no hubo durante la dictadura un sistema público de cobertura social al estilo de otros países de Europa occidental, donde contribuyó a consolidar la democracia y el pacto social, a la vez que sirvió como complemento de renta a la ciudadanía.

Por obvio que resulte, merece la pena resaltar que las décadas de 1940, 1950 o 1960 no fueron iguales desde el punto de vista económico. El mundo cambió durante esa etapa y en España el tridente de apertura, ayuda exterior y nuevas políticas económicas (la mayoría impuestas desde fuera) generó cambios, sobre todo en la macroeconomía, y de forma más desigual a nivel micro. Podemos pensar en Franco como el “principal hacedor” de esos cambios (positivos, claro) hasta donde la imaginación nos lleve. Por ejemplo, ¿con Franco llegó la televisión? Porque antes de la dictadura no había televisión, pero sí en 1975. Recordemos que la BBC inició la primera retransmisión regular en el mundo el 2 de noviembre de 1936, cuando este país contaba con 20.000 aparatos. Las emisiones quedaron interrumpidas con la Segunda Guerra Mundial y se reanudaron después en EEUU (1944), Inglaterra (1946), Francia (1947), Italia, Alemania, Suiza… En 1951 consta la primera emisión a color en EEUU. La televisión española inició su actividad regular el 28 de octubre de 1956, cuando el país contaba con 600 receptores. Por tanto, sí “con Franco llegó la TV” propiamente dicha; pero llegó tarde, mal, a rastro, con censura y con evidentes limitaciones (la primera emisión a color sería en 1969). Elegir este ejemplo no es baladí, pues hasta entonces el régimen franquista obligaba a realizar la propaganda a través de la exhibición obligatoria del noticiario del NO-DO en los cines.

En conjunto, en la última etapa de la dictadura, la mayoría de la ciudadanía en España estaba muy lejos de las condiciones de vida de las democracias occidentales más avanzadas, aunque los bienes de consumo duradero empezaban a penetrar en los hogares, con muchas diferencias sociales, según la categoría laboral y el ámbito urbano o rural. La memoria a veces es frágil y conviene recordar algunos datos en este ámbito. El Informe FOESSA publicado en 1970 revela como solo el 44% de los hogares españoles contaban con baño o ducha en 1966; el 62% agua corriente y el 23% teléfono. Cabe añadir que a comienzos de esta década únicamente el 21% de las familias trabajadoras y el 38% de las familias de clase media disfrutaban de un frigorífico en sus hogares. Si nos miramos en el espejo de Europa occidental quizás entendamos mejor los casi cuarenta años de dictadura como un obstáculo para el bienestar de la mayor parte de la población que como un periodo nostálgico de hitos y milagros.