Gema Delgado (Mundo Obrero), 11 de Junio de 2025
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Bajar o eximir de impuestos a los ricos, sí. Sancionar la protesta estudiantil en los campus universitarios, también. Así piensa y gobierna la región la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Libertad para tomar cañas sí, pero no para manifestarse en la Universidad pública o hacer escraches sin autorización. La multa puede ser de !00.000 euros. Colgar una pancarta no autorizada puede costar a los autores entre 300 y 15.000 euros, lo mismo que quitar una pancarta que sí esté autorizada. Y las sanciones pueden elevarse hasta el millón de euros por infracciones consideradas “muy graves”. Estas serán sancionadas por el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), del 29 de mayo, contempla un endurecimiento de las sanciones sin precedentes en los campus de las seis universidades públicas madrileñas. Entre las conductas recogidas está impedir actos políticos o mediáticos y acampadas de protesta, como la que por segundo año consecutivo se ha levantado en el Campus de la Complutense para denunciar el genocidio de Israel sobre Palestina. También se penará «impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario». Los más veteranos recordarán inevitablemente las imágenes de los grises tomando el campus a caballo, batiendo la porra a diestro y siniestro contra el movimiento estudiantil antifranquista en la Universidad Complutense.
Así Isabel Díaz Ayuso juega a ser la más macarra del patio, como su admirado Trump entrando en la universidad para disolver las acampadas propalestinas y persiguiendo activistas en Estados Unidos. Tan macarra como es ella a la hora plantar cara al gobierno negándose a cumplir las leyes que no gustan a los suyos, como limitar los precios de las viviendas de alquiler. O el descaro que tiene para llamar hijo de puta al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, sede y símbolo de la soberanía nacional que nos representa a todos. Y reírse, además, en nuestra jeta diciendo que le gusta la fruta, consiguiendo que en lugar de sancionarla se impriman camisetas con su desfachatez. La misma macarra que desprecia a las familias de las 7.291 personas mayores que murieron en las residencias madrileñas por los protocolos de la vergüenza cuando se negaron a derivar a hospitales a los enfermos que no tenían seguro privado.
En otros años los macarras de mi barrio hacían la vida en el parque, no en la presidencia del gobierno regional; vestían chupas vaqueras, no ropa de Vicky Martín Berrocal; y hablaban con acento de barrio de las periferias, no el de Chamberí. Comparten que ambos, ayer y hoy, en las afueras y en el epicentro de la capital, tenían muy claro cuál era su clase, sus amigos y a quién defendían. También quién eran sus enemigos de clase. Los primeros vivían en casas muy modestas de barrios infradotados; la presidente lo hace en un ático de lujo de 180 metros cuadrados en un barrio exclusivo de Madrid, que comparte con su pareja, Alberto González Amador, el Quirón, procesado por fraude fiscal de 350.000 euros y falsificación de documentos.
A la más macarra del patio no le gusta que le planten cara ni que le lleven la contraria. Y tiene el poder para evitarlo. No le gusta la acampada universitaria de apoyo al pueblo palestino que denuncia el genocidio que está cometiendo impunemente por Israel. Ayuso, la lideresa del PP. está en las antípodas: defiende sin matices el derecho de Israel a atacar Gaza y Líbano. A Ayuso no le gusta la Universidad Pública, y recorta sus recursos. Igual que no le gustó la Telemadrid que había cuando llegó y por eso la reconfiguró a su capricho. No le tiembla la mano, ni la voz, como tampoco le temblaba la mano a aquel golpista que firmaba sentencias de muertes a presos políticos mientras tomaba el chocolate. A Isabel Díaz Ayuso no le tiembla el pulso al firmar leyes como la del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que sanciona las protestas estudiantiles. La ley mordaza regional con impronta Ayuso.
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