En peligro la propia existencia del pueblo palestino.

Insaf Rezagui (Le Monde Diplomatique en castellano Junio 2025), 1 de Junio de 2025

Tras dos meses y medio de bloqueo absoluto, en violación del derecho internacional, Israel ha permitido que la ayuda humanitaria entre en Gaza con cuentagotas. Esta decisión, desproporcionada respecto a las necesidades existentes, no impedirá que se desarrolle una hambruna en el enclave. Sometida a una intensa presión militar, la suerte de la población oscila entre una gran hecatombe y la expulsión.

por Insaf Rezagui, junio de 2025SAMA ALSHAIBI. — Generation After Generation, 2019

El pasado 23 de marzo, ocho miembros de la Media Luna Roja palestina, seis de la defensa civil y un empleado de las Naciones Unidas (ONU) fueron abatidos por el Ejército israelí cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, antes de ser enterrados en una fosa común. Estos trabajadores humanitarios eran claramente identificables: llevaban prendas reflectoras y circulaban en tres ambulancias con los colores de la organización, un camión de bomberos y un vehículo de la ONU. Desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, han muerto en ella más de 400 trabajadores humanitarios y 1300 profesionales sanitarios. Para este personal de los servicios de emergencia, no existe lugar más mortífero que Gaza. El artículo 8 del Estatuto de Roma, que instituyó la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), califica de crimen de guerra el hecho de “dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria”. Además, los Convenios de Ginebra de 1949, que imponen a los beligerantes la obligación de garantizar la protección de las víctimas civiles de los conflictos, prevén expresamente la necesidad de permitir que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja “ofrezcan sus servicios”.

Los asesinatos del 23 de marzo se inscriben en un ataque generalizado y metódico de Israel contra el sistema sanitario palestino: bombardeos de hospitales, cortes de agua y electricidad que impiden el normal funcionamiento de los establecimientos médicos todavía operativos y provocan la muerte de personas heridas, así como trabas deliberadas a la “entrega de suministros médicos y de medicamentos, […] en especial de anestésicos y máquinas de anestesia”, lo que obliga a los médicos a “operar a personas heridas y realizar amputaciones, incluso a niños, sin anestesia”, como especifican las órdenes de detención emitidas por la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su entonces ministro de Defensa Yoav Galant.

El hambre como arma de guerra

La destrucción del sistema sanitario vuelve imposible la vida en la Franja de Gaza, sometida a un bloqueo total desde 2006 y hoy en día arrasada por incesantes operaciones militares. Las autoridades israelíes llevan desde el 2 de marzo de 2025 impidiendo la entrada de toda ayuda en el enclave, en flagrante violación de las reglas imperativas del derecho internacional. Según el TPI, estas prácticas israelíes instauran “condiciones de vida calculadas para conllevar la destrucción de una parte de la población civil de Gaza”. Han convertido la Franja de Gaza en un “campo de muerte” —como afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en una conferencia de prensa el 8 de abril de 2025— e infligen un castigo colectivo, cosa que también prohíbe el derecho internacional. Lo que está actualmente en juego en Gaza —y, en general, en Palestina— es la propia existencia del pueblo palestino en sus tierras.

Mientras prosigue la impunidad tanto en el escenario internacional como en Israel —donde no se ha incoado ninguna investigación ni proceso serio contra los responsables políticos y militares acusados de crímenes internacionales—, la calificación jurídica de los actos cometidos por el Ejército israelí en Gaza se va precisando a medida que se suceden los numerosos informes de expertos de la ONU o de organizaciones de la sociedad civil (1). Por otro lado, los autos dictados por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) a raíz del procedimiento contencioso interpuesto por Sudáfrica en diciembre de 2023 —al que más tarde se han sumado numerosos Estados, entre ellos España, Colombia y México— en virtud de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, así como la investigación en curso del fiscal del TPI, convergen en la existencia de crímenes internacionales sistemáticos y masivos. Ambas instituciones han determinado, sobre todo, que los actos concernidos se dirigían premeditadamente contra la población civil, lo que contradice el discurso oficial israelí, que los presenta como parte de una “guerra contra Hamás”. Una estrategia que, pese a ilegal, ha sido confirmada por el propio ministro de Defensa, Israel Katz: “La extensión de la operación de esta mañana aumentará la presión sobre los asesinos de Hamás, así como sobre la población de Gaza” (X, 2 de abril de 2025).

Las órdenes de detención —detalladas de hecho y de derecho— emitidas por el TPI acusan a los dirigentes israelíes de valerse del hambre como método de guerra —un acto constitutivo de crimen de guerra— y de ser responsables de asesinatos, persecuciones y otros actos inhumanos constitutivos de crímenes contra la humanidad. Para el Tribunal, Netanyahu y Galant “privaron a la población civil de Gaza, deliberadamente y con perfecto conocimiento de causa, de bienes indispensables para su supervivencia, lo que incluye alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como carburante y electricidad”. La llegada de noventa camiones de ayuda humanitaria al enclave el 21 de mayo —cuando se necesitaban seiscientos al día— es incapaz de detener la hambruna.

La eliminación voluntaria de una parte de la población civil de Gaza lleva, en pura lógica, a hablar de genocidio, el “crimen de los crímenes”. Los catedráticos de derecho internacional en la Universidad París-Panthéon-Assas Julián Fernández y Olivier de Frouville sostienen que “la probabilidad de que se establezca la responsabilidad del Estado de Israel […] en un crimen de genocidio es hoy más alta que nunca” (2). Ya en el primer auto dictado el 26 de enero de 2024 en el caso “Sudáfrica contra Israel”, el TIJ reconoció la existencia de un “riesgo real e inminente de que se cause un perjuicio irreparable a los derechos” de los palestinos en tanto que grupo protegido por la Convención de 1948, ratificada por Israel y Palestina. Un tratado en cuyo artículo 2 se caracteriza este “perjuicio” como la consecuencia de “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. La anterior definición se retoma en el artículo 6 del Estatuto de Roma, ratificado por Palestina el 1 de abril de 2015.

El primer criterio se refiere a la existencia de un grupo protegido. Se aplica a los 2,3 millones de palestinos de Gaza, considerados una parte sustancial de los habitantes de Palestina, como lo reconoce el TIJ en su auto del 26 de febrero de 2024. El segundo criterio, relativo a la comisión de uno o varios actos materiales prohibidos, también se cumple. El carácter deliberadamente ciego de los ataques corrobora la acusación de asesinato. Según Amnistía Internacional, la mayoría de los bombardeos realizados por el Ejército israelí no estaban dirigidos contra objetivos militares y apuntaban directamente a la población civil. Estos ataques, a menudo emprendidos sin aviso previo —pese a ser obligatorio—, se realizan con ayuda de armas explosivas de amplio alcance en zonas densamente pobladas y son, necesariamente, causa de importantes pérdidas humanas. Más de 50.000 palestinos han hallado la muerte en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales el 70% eran mujeres y niños. Esta cifra no incluye las víctimas sepultadas bajo los escombros y las muertes indirectas a causa del hambre y las enfermedades (3). A estos asesinatos se les añade el sometimiento del grupo a condiciones de vida destinadas a causar su destrucción. En noviembre de 2024, el TPI determinaba que esas condiciones han sido “calculadas para conllevar la destrucción de una parte de la población civil de Gaza”. La cuasi totalidad de los palestinos de Gaza se ha visto desplazada, a menudo en repetidas ocasiones. El hambre hace estragos en el enclave. A mediados de mayo de 2025, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) —que calcula que el 90% de los gazatíes sufre una “inseguridad alimentaria aguda”— anunció que había agotado sus reservas de comida.

El tercer criterio atañe a la intención genocida. Esta puede deducirse de las declaraciones públicas de varios responsables políticos y militares, numerosas y jamás desmentidas ni castigadas, contrariamente a las medidas preventivas exigidas por el TIJ. “Luchamos contra bestias humanas. […] Gaza no volverá a ser lo que era antes” (Galant, 9 de octubre de 2023); “La responsable es toda una nación. […] Lucharemos hasta romperles la columna vertebral” (Isaac Herzog, presidente de Israel, 12 de octubre de 2023). Más recientemente, el ministro de Defensa Katz afirmó públicamente: “Habitantes de Gaza, os lo advierto por última vez. […] Seguid el consejo del presidente de Estados Unidos: devolved a los rehenes y expulsad a Hamás, y se os abrirán nuevas opciones, incluida la relocalización en otras partes del mundo para quienes así lo elijan. De lo contrario, la destrucción y la devastación serán totales (19 de marzo de 2025). Fernández y Frouville concluyen: “Que nosotros sepamos, nunca se había expresado con tanta claridad semejantes intenciones [genocidas]” (4).

La ausencia de sanciones internacionales alienta declaraciones como estas que, por lo demás, riman con el plan presentado por Donald Trump. El presidente estadounidense prevé el desplazamiento forzado de los palestinos fuera de Gaza: semejante proyecto viola gravemente lo estipulado en el Cuarto Convenio de Ginebra y es constitutivo de crimen contra la humanidad. Su plan se inscribe en la continuidad de un proceso de limpieza étnica: el TIJ dejaba constancia ya en su dictamen consultivo del 19 de julio de 2024 que las políticas y prácticas israelíes alteraban la composición demográfica del territorio palestino. En Israel, los discursos de carácter genocida se multiplican y se banalizan (Le Monde, 22 de mayo de 2025).

Recoger pruebas del genocidio poniendo en riesgo la vida

Dadas las restricciones de acceso impuestas por el ejército de ocupación israelí a periodistas y organismos internacionales, los palestinos deben recoger por su cuenta —a menudo poniendo en riesgo su vida— las pruebas y testimonios de la realidad que están sufriendo. Esos relatos y esas imágenes le permitieron a Sudáfrica presentar una denuncia ante el TIJ en diciembre de 2023.

Al margen de las obligaciones jurídicas que incumben a Israel, todos los Estados tienen el deber de prevenir, impedir y sancionar el crimen de genocidio, y disponen de varios medios para hacerlo: interrumpir la venta de armas y municiones a Israel imponiendo un embargo, suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, adoptar sanciones financieras selectivas contra los responsables supuestos del genocidio, promover la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas —que permite adoptar medidas coercitivas (económicas, diplomáticas, financieras…)—, apoyar los procesos incoados por tribunales nacionales sobre la base de la jurisdicción universal —lo que permitiría abrir investigaciones en todas partes, independientemente de la nacionalidad o el territorio— o respaldar la investigación del fiscal del TPI sobre la situación en el Estado de Palestina. Los desplazamientos al extranjero de Netanyahu, facilitados, por ejemplo, por la autorización para sobrevolar territorio francés concedida el 2 de febrero de 2025, revelan que muchos Estados occidentales siguen mostrándose reticentes a respetar sus obligaciones. Estos titubeos confirman la prevalencia de un doble rasero en la aplicación del derecho internacional. La guerra en Gaza muestra no solo la incapacidad del orden internacional contemporáneo para instaurar la paz, sino también hasta qué punto ese orden perpetúa la dominación colonial israelí en Palestina.

(1) Véase Akram Belkaïd, “Israel, acusado de genocidio en Gaza”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2025.

(2) Julián Fernández y Olivier de Frouville, “Les déclarations du ministre israélien de la défense sont l’expression transparente d’une intention génocidaire à Gaza”, Le Monde, París, 11 de abril de 2025.

(3) Rasha Khatib, Martin McKee y Salim Yusuf, “Counting the dead in Gaza: Difficult but essential”, The Lancet, Londres, 10 de julio de 2024.

(4) Julián Fernández y Olivier de Frouville, “Les déclarations du ministre…”, op. cit.

Insaf Rezagui

Doctor en derecho internacional y cofundador del colectivo Yaani.