Gaceta Crítica

The Palestine Chronicle, 28 de Mayo de 2025

 

Los firmantes también instaron al gobierno a considerar la posibilidad de utilizar su papel en el Consejo de Seguridad de la ONU “para iniciar procedimientos conforme al Artículo 6 de la Carta de la ONU” para suspender o expulsar a Israel del organismo mundial.

Más de 800 abogados, académicos y jueces jubilados han pedido al gobierno del Reino Unido que “actúe de conformidad con sus obligaciones internacionales fundamentales” e imponga sanciones al gobierno israelí y a sus ministros, junto con otras “acciones concretas”.

Todos los Estados, incluido el Reino Unido, tienen la obligación legal de tomar todas las medidas razonables a su alcance para prevenir y castigar el genocidio; garantizar el respeto del derecho internacional humanitario; y poner fin a las violaciones de las normas de ius cogens del derecho internacional. Las acciones del Reino Unido hasta la fecha no han cumplido con estos estándares, declararon los firmantes en una carta dirigida al primer ministro británico, Keir Starmer.

Afirmaron que “se está perpetrando un genocidio en Gaza o, como mínimo, existe un grave riesgo de que se produzca un genocidio”.

Ayuda limitada

La limitada ayuda permitida ahora en Gaza, señalaron los firmantes, después de un bloqueo de 11 semanas de alimentos, suministros médicos y artículos esenciales para la existencia humana, «sigue siendo gravemente insuficiente para abordar la catástrofe humanitaria que se está desatando».

Dijeron que Israel “continúa intensificando simultáneamente sus operaciones militares” en Gaza, mientras que altos ministros israelíes han expresado su intención de “tomar el control de todo el territorio de la Franja [de Gaza]” y “conquistar, limpiar y quedarse, hasta que Hamás sea destruido”, afirmando además que “lo que queda de la Franja también está siendo aniquilado”.

“En los TPO se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y graves violaciones del derecho internacional humanitario”, añadieron.

Además, en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia determinó que Israel “viola normas imperativas de derecho internacional en todo el territorio palestino ocupado al negar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y anexar ilegalmente territorio adquirido por la fuerza”.

Desplazamiento forzado

Los firmantes también señalaron que el plan de Israel de mayo de 2025 de “desplazar por la fuerza y ​​de forma permanente a la población de Gaza a pequeñas zonas de la Franja de Gaza y obligarla a emigrar a otros países” es “una grave violación del derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Además, Israel decidió en mayo de 2025 facilitar y acelerar el desarrollo de asentamientos en Cisjordania (incluido el territorio designado como Zona C en virtud de los Acuerdos de Oslo), dijeron.

“Ambas medidas exacerban la violación constante y de larga data por parte de Israel del derecho jus cogens (no derogable) a la autodeterminación del pueblo palestino”, señala la carta.

Los firmantes acogieron con satisfacción la declaración conjunta del 19 de mayo de los líderes del Reino Unido, Francia y Canadá que reconoció “correctamente” que el nivel de sufrimiento humano en Gaza es “intolerable”.

‘Acciones concretas’ descritas

La declaración, dijeron, advirtió de posibles “otras acciones concretas” contra Israel.

Por lo tanto, instaron a «acciones concretas» en una carta de dos páginas acompañada de un memorando legal de 35 páginas, que el gobierno del Reino Unido:

• Utilizar todos los medios disponibles para asegurar un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y para asegurar la reanudación urgente, incondicional y sin obstáculos de la ayuda, en gran escala, a la población de Gaza;
• Utilizar todos los medios disponibles para lograr el levantamiento de la prohibición impuesta por Israel al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en todo el territorio palestino ocupado;
• Imponer sanciones financieras y de inmigración a los ministros israelíes y demás personal civil y militar sobre los que exista una sospecha razonable de participación en conductas ilegales;

• Revisar los vínculos comerciales existentes con Israel; suspender la Hoja de Ruta 2030 para una asociación más estrecha entre el Reino Unido e Israel; e imponer sanciones comerciales a Israel; y
• Confirmar que el Reino Unido cumplirá con su obligación de ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional en relación con los Territorios Palestinos Ocupados.

Suspensión de la ONU

Los firmantes también instaron al gobierno a considerar la posibilidad de utilizar su papel en el Consejo de Seguridad de la ONU “para iniciar procedimientos conforme al Artículo 6 de la Carta de la ONU en respuesta a la obstrucción sostenida y sistemática de Israel a la UNRWA y a los ataques más amplios al sistema de las Naciones Unidas”.

La prohibición por parte de Israel de que la UNRWA opere en los TPO, “sumada a los esfuerzos legislativos y administrativos para desmantelar la Agencia y sus ataques a las instalaciones, propiedades y personal de las Naciones Unidas, constituyen una violación grave y continua de las obligaciones fundamentales en virtud de la Carta”.

Señalaron que cuando un Estado Miembro viola persistentemente los principios de la Carta, el Artículo 6 “establece que podrá ser suspendido o expulsado de la Organización por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad”.

“La conducta de Israel cumple los requisitos para tal consideración según el Artículo 6, a la luz de su ataque sin precedentes contra las Naciones Unidas como institución y contra su personal”, dijeron.

Asombroso número de muertos

Desde que Israel incumplió el alto el fuego el 18 de marzo, ha matado y herido a miles de palestinos en toda la Franja de Gaza mediante un sangriento y continuo bombardeo aéreo.

El 7 de octubre de 2023, tras una operación de la Resistencia Palestina en el sur de Israel, el ejército israelí lanzó una guerra genocida contra los palestinos, matando a más de 53.000 personas, hiriendo a más de 122.000 y dejando más de 14.000 desaparecidos.

A pesar de la condena habitual por parte de muchos países alrededor del mundo del genocidio israelí, se ha hecho poco para exigir responsabilidades a Israel.

Casos de la CIJ y la CPI

Israel está siendo investigado actualmente por el delito de genocidio por la Corte Internacional de Justicia, mientras que los presuntos criminales de guerra —incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu— son ahora buscados oficialmente por la Corte Penal Internacional.

El genocidio israelí ha sido en gran medida defendido, apoyado y financiado por Washington y unas pocas otras potencias occidentales.