Gaceta Crítica

Alejandra García y Bill Hackwell (Struggle – La Lucha), 15 de Abril de 2025

Hoy los ecuatorianos fueron convocados a las urnas para la segunda vuelta electoral, que enfrentó a la candidata izquierdista Luisa González contra el presidente en ejercicio y al candidato Daniel Noboa, apoyado por Trump. La jornada electoral estuvo marcada por una serie de reveses, incluyendo denuncias de irregularidades, violaciones a la democracia y la activación de un nuevo estado de excepción que permitió la militarización más extrema que el país haya experimentado.Además, se prohibió la llegada de observadores internacionales, lo que generó aún más dudas sobre la transparencia del proceso.

A pesar de este complicado contexto, al final del día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria del multimillonario derechista Daniel Noboa, lo que ha suscitado dudas sobre la veracidad de los resultados. Según el CNE, con más del 90% de las papeletas escrutadas, Noboa habría obtenido el 55,94% de los votos, mientras que la candidata Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, habría obtenido el 44,06%.

A primera vista, esas cifras son difíciles de creer considerando el respaldo que González recibió después de la primera elección en febrero de varios otros partidos, incluido el izquierdista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik; y sin embargo, sus números bajaron en esta ronda de votación.

Poco después de este anuncio, Luisa González, candidata presidencial del movimiento político Revolución Ciudadana, expresó su rechazo a los resultados. En una enérgica declaración, afirmó que no reconoce el resultado electoral y denunció un fraude en el registro de votos, diseñado para beneficiar al presidente Noboa.

Ecuador vive una dictadura. Me niego a reconocer estos resultados. Me niego a creer que un país prefiera la violencia al cambio. ¿Cómo pueden ser creíbles estos resultados, en medio de tantas irregularidades?, cuestionó González. «Ecuador no puede seguir gobernado por un presidente que solo piensa en el enriquecimiento de su familia, y no en el camino hacia la paz definitiva del país. Debemos estar unidos ahora más que nunca».

González también hizo un llamado a la población, afirmando: «Me niego a creer que la gente prefiera la mentira a la verdad. Vamos a pedir un recuento de votos y que se abran las urnas».

Ayer, Noboa emitió un decreto presidencial para cerrar las fronteras, imposibilitando la asistencia de observadores internacionales. Por si fuera poco, ordenó el despliegue de 45.000 soldados en las calles y en los propios colegios electorales para intimidar a los votantes, que ya viven en un clima de violencia. Una delegación de la Alianza Negra por la Paz (BAP), con sede en Estados Unidos, que había llegado previamente, confirmó esta abrumadora presencia militar durante la votación en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, especialmente en las comunidades pobres y afroecuatorianas .

La situación en Ecuador sigue siendo tensa, y la respuesta de la comunidad internacional y la ciudadanía será crucial en los próximos días. La demanda de transparencia y justicia en el proceso electoral se ha convertido en un clamor en todo el país, mientras los ecuatorianos esperan una resolución que garantice la integridad de su democracia.

Cómo llegó Ecuador a esta segunda vuelta electoral

La última vez que Ecuador celebró elecciones, en 2023, la Asamblea Nacional del país había sido disuelta y el entonces presidente Guillermo Lasso había enfrentado un posible juicio político por un escándalo de corrupción que involucraba malversación de fondos públicos para el transporte petrolero.

Esto desencadenó una crisis política que dio paso a unas elecciones presidenciales anticipadas que dieron paso al poder a Daniel Noboa, un multimillonario con linaje directo en la arraigada oligarquía ecuatoriana, principalmente a través de su padre, Álvaro Noboa, multimillonario, el hombre más rico de Ecuador, quien controla el Grupo Noboa de Empresas, así como la Corporación Noboa, con más de 128 empresas en Ecuador y en todo el mundo. Hasta entonces, su experiencia política se limitaba a un solo mandato en la Asamblea Nacional.

Violencia arraigada

Ecuador afronta las elecciones de 2025 en un contexto de violencia e inseguridad que se ha intensificado de forma alarmante en los últimos años. El país cerró 2024 con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo sitúa entre los más violentos del mundo. En total, se registraron 6.964 muertes violentas, con un promedio de una cada hora y 15 minutos.

Si bien esta cifra representa una ligera disminución respecto a 2023, el año más violento en la historia del país, aún refleja una crisis de seguridad producto del crecimiento del crimen organizado, las masacres carcelarias y la fragilidad institucional.

Desde 2020, a partir del gobierno de Lenín Moreno, al menos 16 masacres carcelarias han dejado cientos de víctimas, muchas de ellas desmembradas o quemadas, exponiendo la incapacidad del Estado para contener la violencia.

Un país bajo constantes “estados de excepción”

El gobierno de Daniel Noboa, al igual que sus predecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ha recurrido a estados de excepción como respuesta a la inseguridad. En 2024, Ecuador vivió más de 250 días bajo esta medida, incluyendo la declaración de un «conflicto armado interno» para enfrentar a bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas al narcotráfico internacional.

Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas tomar el control de las prisiones y la seguridad pública, pero también generó denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos. Casos como el de cuatro menores, Steven, Josué, Ismael y Saúl, detenidos, golpeados y asesinados bajo custodia de las Fuerzas Armadas, cuyos cuerpos fueron posteriormente encontrados quemados en los alrededores de la Base Aérea de Taura, adonde fueron llevados tras ser detenidos arbitrariamente, sin pruebas, tras salir de un partido de fútbol a poca distancia de sus hogares, según declararon posteriormente sus padres; han exacerbado las críticas al uso de las fuerzas militares en funciones civiles.

La crisis energética y sus orígenes

Ecuador enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, una situación que no solo ha transformado la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino que también ha marcado la situación política, económica y social del país a las puertas de las elecciones generales de 2025. Con cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias, pérdidas económicas millonarias y un gobierno que lucha por recuperar el control, la incertidumbre domina el panorama nacional.

La crisis actual tiene múltiples causas, entre ellas, la falta de mantenimiento e inversión en las centrales hidroeléctricas del país, un problema que se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno.

A esto se suma una grave sequía que, según el Gobierno, es la peor en 60 años, y que ha reducido significativamente la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas, principales proveedoras de energía del país.

Sin embargo, los expertos señalan que la sequía no es el único factor determinante. Si bien otros países de la región se han enfrentado a situaciones similares, Ecuador es el único que ha experimentado apagones diarios tan prolongados. Esto, según los analistas, se debe a la mala gestión gubernamental, la planificación insuficiente y la falta de implementación de proyectos de energía alternativa.

Impacto económico y social

Los efectos de los apagones, que suelen durar 14 horas al día, han sido devastadores. Según datos de la Cámara de Comercio de Quito, en tan solo dos meses de apagones, el sector industrial perdió USD 4 mil millones, mientras que el sector comercial reportó una disminución de USD 3,5 mil millones. En total, las pérdidas económicas ascienden a más de USD 9,5 mil millones desde que comenzó el racionamiento en 2023.

El impacto social no ha sido menos alarmante. La incertidumbre sobre el momento de los cortes de electricidad, las promesas gubernamentales incumplidas y la falta de información clara han generado un clima de desconfianza. Además, la crisis energética ha provocado despidos masivos, afectando a sectores clave como la manufactura, la agricultura y el comercio. Según el Ministerio de Trabajo, en septiembre de 2024 se registraron 3.647 avisos de despido, el 40 % de ellos por despidos intempestivos.

La gestión política de la crisis

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha estado en el centro del debate. Tras asumir el poder en un contexto de inestabilidad energética, su administración prometió resolver la crisis para enero de 2025. Sin embargo, los expertos aseguran que no existen cifras técnicas que respalden esta afirmación. La credibilidad del presidente también se ha visto afectada por las renuncias de altos funcionarios, como los ministros de Producción y Energía, quienes dejaron sus cargos en medio de la crisis. La falta de comunicación efectiva y la improvisación en la planificación de los recortes han aumentado la percepción de descontento ciudadano.

Migración, desempleo e inseguridad: las otras caras de la crisis

La falta de empleo y el deterioro de las condiciones económicas han impulsado una ola migratoria sin precedentes. Entre enero y julio de 2024, se registró un déficit migratorio de casi 100.000 personas que abandonaron el país y no regresaron, lo que refleja un descontento generalizado. Esta tendencia se suma a un clima de inseguridad exacerbado por el narcotráfico, que ha afectado tanto a las comunidades como al sector productivo. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ya hay más de 2,4 millones de ecuatorianos viviendo fuera del país, lo que representa aproximadamente el 10% de la población.

En una señal ominosa de la creciente militarización de Ecuador apoyada por EE.UU., CNN informó que el contratista militar mercenario y fundador de Blackwater, Erik Prince, se unió a operaciones de aplicación de la ley el sábado que incluyeron redadas en viviendas en Guayaquil.