Gaceta Crítica

 

Orinoco Tribune, Dalal al-Zainabi y Saheli Chowdhury, 1 de Abril de 2025 

Un familiar de un venezolano deportado de Estados Unidos a El Salvador sostiene un cartel que dice «No son criminales» durante una marcha para exigir su liberación, en Caracas, Venezuela, el 18 de marzo de 2025. Foto: Gaby Oraa/Reuters.

Durante más de una década, la República Bolivariana de Venezuela ha sido víctima de una guerra híbrida liderada por el imperio estadounidense. Lo que comenzó como una campaña de aislamiento económico y diplomático mediante medidas coercitivas unilaterales, lanzada con la Orden Ejecutiva de Obama de 2015 que declaraba al país una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, ha ido añadiendo a su arsenal tácticas más insidiosas, una de las peores siendo la instrumentalización de la migración forzada venezolana. Esta estrategia, que explota vidas humanas con fines políticos, constituye una peligrosa escalada en la guerra híbrida de Washington contra Caracas. La deportación de migrantes por parte del régimen de Trump a una prisión de máxima seguridad en El Salvador puede considerarse la segunda fase de la guerra de Washington contra Venezuela en el frente migratorio.

Fase uno: Fomento de la migración masiva
La primera fase de este asalto centrado en la migración comenzó bajo la administración Trump en 2019, pero continuó con mayor intensidad bajo la administración Biden. Durante sus años iniciales, el Grupo de Lima , una coalición ahora extinta de gobiernos latinoamericanos de extrema derecha alineados con Washington, alentó activamente a los venezolanos a huir de su país de origen. Presidentes del Grupo de Lima como el fallecido Sebastián Piñera de Chile, Lenin Moreno y Guillermo Lasso de Ecuador, Iván Duque de Colombia o Mauricio Macri de Argentina emitieron declaraciones oficiales » dando la bienvenida » a los venezolanos e incluso los incitaron a ir a esos países sin documentos. Esta incitación abierta por parte de los gobiernos de derecha coincidió con la escalada de la guerra económica de Occidente contra Venezuela, llevada a cabo mediante la imposición de un bloqueo económico-financiero-comercial total a partir de febrero de 2019.

Este enfoque tuvo múltiples propósitos. Primero, creó una narrativa que reforzó la propaganda antivenezolana, presentando a la República Bolivariana como un estado fallido incapaz de proteger a sus ciudadanos. Más importante aún, fomentó la desestabilización interna al alentar a decenas de miles de personas a abandonar sus familias, empleos y comunidades. Este éxodo masivo debilitó el tejido social y la fuerza laboral de Venezuela, deteriorando los sectores público y productivo, y agravando las dificultades causadas por las devastadoras medidas coercitivas unilaterales —eufemísticamente llamadas «sanciones»— impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y sus «aliados» en todo el mundo.

La estrategia migratoria adoptó un nuevo formato durante la administración Biden. Las redes de tráfico de migrantes, o coyotes, facilitaron los cruces ilegales hacia Estados Unidos, convenciendo a los migrantes venezolanos, especialmente a aquellos que ya habían vivido fuera del país durante los últimos años, de que la administración demócrata era más receptiva a los inmigrantes. Una vez en territorio estadounidense, estos migrantes recibieron instrucciones de entregarse a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alegando ser víctimas del «régimen de Maduro» o que huían de la delincuencia en Venezuela, bajo el argumento de una «amenaza creíble».

Sin embargo, esta estrategia tenía otro componente: una vez dentro de Estados Unidos, muchos venezolanos indocumentados vivían abiertamente, aparentemente sin ser molestados por las autoridades migratorias. Quienes no fueron deportados por el ICE fueron rastreados y documentados, permaneciendo solo gracias a la «buena voluntad» del régimen de Biden . El creciente número de migrantes venezolanos, completamente vulnerables a la represión y la deportación, sin ningún recurso legal, se convirtió en una especie de bomba de relojería, lista para ser explotada por el imperio cuando y como fuera necesario.

Desde 2020-2021, muchos de los migrantes venezolanos residentes en países latinoamericanos, debido a las dificultades económicas, el endurecimiento de las políticas migratorias y la violencia estatal, combinada con la xenofobia, optaron por trasladarse al norte, especialmente a Estados Unidos y España. Esto podría no haber estado en los planes de quienes en Washington promovieron inicialmente esta migración.

Junto con esta nueva ola migratoria, Estados Unidos inició la narrativa de criminalización alrededor de 2022-2023. Los partidarios del cambio de régimen de la derecha venezolana, ya asentados en Estados Unidos, contribuyeron a esta narrativa, lanzando campañas de desprestigio con mezcla de clasismo y racismo contra los nuevos migrantes venezolanos de origen obrero.

Fase dos: Diplomacia de rehenes y guerra psicológica.
Hoy en día, vemos el surgimiento de lo que solo puede describirse como «diplomacia de rehenes». Bajo la renovada ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración —una de sus principales promesas de campaña—, miles de migrantes venezolanos han sido detenidos y deportados, no de vuelta a Venezuela, sino a las infames prisiones de máxima seguridad de la Bahía de Guantánamo (territorio cubano ocupado por Estados Unidos) e incluso a El Salvador. Estas deportaciones no son aleatorias; son medidas calculadas en el contexto de la campaña de «máxima presión» de Washington contra el gobierno venezolano.

¿Por qué enviar migrantes a lugares distantes en lugar de repatriarlos directamente? Las autoridades estadounidenses citarían como razones las sanciones (medidas coercitivas unilaterales) contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa, encargada de los vuelos de repatriación de migrantes del programa Retorno a la Patria del gobierno venezolano, y la falta de relaciones diplomáticas bilaterales formales. Ambas partes también se han culpado mutuamente por los obstáculos en el proceso de repatriación. Sin embargo, la realidad es más siniestra. En primer lugar, el gobierno estadounidense sabe perfectamente que Venezuela no abandonará a sus ciudadanos. A través de la vía diplomática, el gobierno de Nicolás Maduro ya ha negociado el regreso de más de 900 migrantes de Estados Unidos este año, incluyendo a 177 personas detenidas en la Bahía de Guantánamo . Pero estas negociaciones tienen un costo. Cada esfuerzo de repatriación requiere una minuciosa diplomacia extraoficial, que a menudo implica acuerdos con terceros países como México , Honduras o Colombia. Este proceso obliga a Venezuela a gastar valiosos recursos que de otro modo se habrían utilizado para prioridades nacionales.

Otro factor en esta fase es la criminalización de los migrantes venezolanos, etiquetándolos a todos, sin evidencia, como miembros de la ahora extinta pandilla criminal venezolana Tren de Aragua , y transfiriéndolos a cárceles infames por ser «terroristas». La base «legal» para esta acción ilegal es la inclusión de la pandilla antes mencionada en la lista de «organizaciones terroristas extranjeras» de la administración Trump, y esto se ve reforzado por la campaña de los principales medios de comunicación de exagerar el poder de Tren de Aragua hasta el punto de equipararlo con pandillas de narcotráfico brutales, regimentadas y fuertemente armadas con control territorial como el Cártel de Sinaloa mexicano o la salvadoreña Mara Salvatrucha-13 (MS-13). Además, las autoridades estadounidenses intentan conectar al gobierno venezolano con la pandilla, con narrativas fantasiosas de que la administración de Maduro está enviando miembros de Tren de Aragua a los Estados Unidos para desestabilizar el país, invocando así la amenaza a la seguridad nacional.

Sin embargo, la realidad apunta a lo contrario, ya que las agencias de seguridad e inteligencia venezolanas han estado realizando múltiples operaciones para erradicar la presencia de pandillas y paramilitares en el territorio nacional desde 2019, y, según informes, han desmantelado el Tren de Aragua, dejándolo sin cabeza ni estructura organizativa cohesionada. No obstante, la propaganda conjunta de los medios estatales y estadounidenses pretende crear una imagen muy diferente con el fin de generar consenso para una probable y eventual «invasión humanitaria» de Venezuela.

Además, el espectáculo público de las deportaciones sirve como herramienta de guerra psicológica contra los migrantes venezolanos en particular y la migración en general. Al mostrar el trato brutal que reciben los migrantes, Estados Unidos busca disuadir a otros de intentar el viaje hacia el norte. Envía un mensaje aterrador a los venezolanos que consideran migrar a Estados Unidos: su destino puede incluir detención indefinida, separación de sus seres queridos o incluso encarcelamiento en prisiones extranjeras. Esta táctica busca infundir miedo en cualquiera que contemple emigrar a Estados Unidos y, al mismo tiempo, en el caso de Venezuela, socavar la moral de su población. Además, según diversos analistas y funcionarios del gobierno venezolano, esto tiene una dimensión racista, ya que la humillación pública de los venezolanos en el extranjero se considera una humillación y un insulto a la propia identidad y nacionalidad venezolana.

Enfrentar la estrategia de Washington de etiquetar a los migrantes venezolanos como pandilleros no sólo es necesario para salvaguardar los derechos básicos de estos migrantes, sino también para prevenir una escalada de estrategias similares contra otros grupos de migrantes.

“Cambio de régimen” sigue siendo el objetivo
A pesar del cambio en los métodos, el objetivo final permanece inalterado: “cambio de régimen” en Venezuela. Junto con las campañas de estrangulamiento económico y desinformación de Washington, la estrategia actual contra los migrantes aprovecha el sufrimiento humano para lograr objetivos políticos. Esto es similar a cómo “Israel” anuncia públicamente su brutal tortura y humillación de prisioneros palestinos en un esfuerzo por extraer concesiones de la resistencia palestina. Con el secuestro de migrantes —porque la deportación ilegal de personas inocentes a prisiones en Guantánamo y El Salvador no puede llamarse de otra manera— Estados Unidos está explotando a personas vulnerables para forzar la mano de Venezuela. No está claro si espera obtener concesiones territoriales, cambios de política o una capitulación total de Venezuela, pero la intención es innegable.

Cabe destacar que tanto las administraciones demócratas como las republicanas han contribuido a este ciclo de explotación. Mientras Obama y Biden supervisaron deportaciones silenciosas, sus administraciones sentaron las bases al fomentar la migración masiva de venezolanos como arma en la guerra híbrida. Trump, siempre el showman, ha amplificado la crueldad, convirtiendo las deportaciones en eventos de alto perfil para apaciguar a su base. Independientemente de la afiliación partidista, el imperialismo subyacente persiste.

Solo el gobierno venezolano puede rescatar a los migrantes.
En medio de este caos, una verdad sobresale: solo el gobierno venezolano posee las herramientas para mitigar la crisis. Organizaciones privadas e individuos, a pesar de sus mejores intenciones, carecen de la influencia diplomática necesaria para negociar repatriaciones o asegurar un paso seguro para los migrantes varados o detenidos. Hasta ahora, los 919 venezolanos repatriados desde EE. UU. han regresado a casa sanos y salvos gracias a las negociaciones clandestinas llevadas a cabo por el gobierno de Venezuela, el mismo que ha sido demonizado mundialmente como «autoritario» y «despiadado». Sin estos esfuerzos, innumerables vidas quedarían en el limbo.

Esto subraya la crucial importancia de la solidaridad internacional con la Revolución Bolivariana en Venezuela. La guerra económica contra Venezuela es, en primer lugar, la principal causa de esta migración. Las sanciones y otras medidas punitivas impuestas por Estados Unidos imposibilitan el movimiento directo de personas entre ambos países, lo que dificulta los esfuerzos de repatriación. A pesar de estos obstáculos, Venezuela continúa defendiendo a su pueblo, demostrando resiliencia ante la adversidad. Apoyar a los migrantes venezolanos —muchos de los cuales son antichavistas— y a las autoridades del país significa oponerse al marco imperialista general que está destruyendo la vida de personas en todo el mundo.

Conclusión:
El uso de los migrantes venezolanos como arma representa un nuevo punto bajo en la política exterior estadounidense. Es una estratagema cínica que trata a los seres humanos como moneda de cambio, reduciendo asuntos complejos a burdas maniobras de poder y espectáculos baratos. Los venezolanos, dondequiera que estén, merecen algo mejor que verse atrapados en el fuego cruzado de los juegos geopolíticos imperialistas. Su difícil situación nos recuerda que el imperialismo prospera con la división y la desesperación, y que la unidad y la resistencia siguen siendo nuestras armas más poderosas contra él. Por lo tanto, es imperativo que los antiimperialistas apoyen al gobierno venezolano, a su pueblo y a todos los pueblos del mundo que luchan por la dignidad y la autodeterminación contra la inhumana maquinaria genocida del imperialismo estadounidense.