Willy Meyer (Dirigente de Izquierda Unida y del PCE, eurodiputado de IU desde 2004 hasta 2014. (Mundo Obrero), 18 de Marzo de 2025
El debate sobre aumentar el gasto militar en España al 2% del PIB reitera la necesidad de democratizar las políticas de seguridad y defensa. Históricamente, estas decisiones han sido exclusivas del gobierno, lo que implica que las Cortes Generales deben participar activamente en su debate y aprobación, garantizando así una representación democrática.
A propósito del debate suscitado sobre la pretendida necesidad de aumentar en España el gasto militar al 2% del PIB, conviene retomar lo que ha sido una constante demanda de los movimientos pacifistas y de los centros de investigación sobre la paz: la necesidad de democratizar las políticas de seguridad y defensa. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, las políticas de defensa eran competencias exclusivas de los gobiernos y, por tanto, los parlamentos nacionales no debatían ni aprobaban las políticas de defensa. En el caso de España, por primera vez, los pueblos de España fueron consultados en febrero de 1986 sobre la conveniencia de permanecer o no en la OTAN, la primera y única vez en la historia de España que la sociedad tuvo la oportunidad de decidir un determinado sistema de seguridad.
Decisiones tan importantes como el envío de fuerza armada fuera de nuestro territorio, eran competencia exclusiva del gobierno hasta que se produjo nuestra participación, con el gobierno de Aznar, en la guerra ilegal de Iraq. Tras las extraordinarias movilizaciones europeas y estatales del «No a la Guerra», en 2005 y bajo el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (5/2005)[1] que en su artículo 4.2 establece que «En particular, al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta Ley». El modelo de ejército también fue motivo de un gran debate de estado a partir de las movilizaciones del Movimiento de Objeción de Conciencia exigiendo el fin del servicio militar obligatorio. Esa presión social determinó en la legislatura 1996-2000 el fin del ejército de leva sustituyéndolo por un ejército profesional. La presión social también ha jugado un papel importante para reglamentar los límites en la exportación de armamento y material de doble uso a terceros países bajo un código de conducta recogido en la Ley 53/2007[2] «Sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso» que en su artículo 8 a, establece que se denegará la autorización de la exportación «Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes[…].» A pesar de esas limitaciones, es obvio que se incumple a menudo ese Código de Conducta.
La presión del movimiento pacifista internacional fue determinante para que en la Convención de Ottawa de 1997 se prohibiese el uso de minas antipersonas y el Premio Nobel de la Paz otorgado en 2017 a la «Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares(ICAN)» demuestra hasta que punto la participación de la sociedad para delimitar o construir políticas de seguridad es determinante para avanzar hacia modelos de seguridad que restrinjan al máximo la posibilidad que la guerra sea un instrumento para resolver conflictos.
La construcción de una alternativa al actual sistema de seguridad militarizado de Occidente basado en La OTAN, y más concretamente, la necesidad de contribuir a un Sistema de Seguridad Europeo Compartido y Desmilitarizado, necesita de la participación activa de la sociedad, implicando a organizaciones sociales, culturales o religiosas.
En ese sentido, en España, la democratización de las políticas de seguridad y defensa sigue siendo necesaria en la perspectiva de esa construcción alternativa. En la referida Ley de Defensa Nacional (5/2005), en su art.6.a establece que es competencia exclusiva del presidente de gobierno «Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo» Según el Ministerio de Defensa, «Es el documento máximo del planeamiento de la defensa de España y ocupa el lugar principal tras la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 en la política de defensa española»[3]. Y, también corresponde con carácter exclusivo al consejo de ministros, a propuesta del presidente del gobierno, aprobar «la Estrategia de Seguridad Nacional» el documento que identifica las amenazas y riesgos potenciales de España y las respuestas y acciones estatales y exteriores que deben producirse. La última «Estrategia de Seguridad Nacional», aprobada en 2021, determina que «El Consejo de Seguridad Nacional ha sido el órgano responsable de la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en cuyo proceso han participado los departamentos ministeriales y el Centro Nacional de Inteligencia. También han participado las Comunidades y Ciudades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 incluye asimismo las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad»[4]. Desde un punto de vista democrático, sigue siendo incomprensible que las Cortes Generales, como representación de la soberanía popular, no participen ni aprueben las líneas generales de la política de defensa. Esas decisiones son demasiado importantes para no someterlas a debate en el máximo órgano de la representación popular.
Democratizar las políticas de seguridad es una obligación y, en ese sentido, propuestas como incrementar el gasto militar deberían ser debatidas y aprobadas en las Cortes Generales.
[1] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18933
[2] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22437
[3] https://www.defensa.gob.es/defensa/politicadefensa/directivadefensa/
[4] https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21884.pdf
Gaceta Crítica 
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