Gaceta Crítica

– Pankaj Mishra, 30 de enero de 2025

Kathy Kelly, Peace and Planet, 13 de Febrero de 2025

El 4 de febrero de 2025, en una conferencia de prensa en Washington, DC, el presidente Trump, junto al primer ministro israelí Netanyahu, anunciaron la intención de Estados Unidos de convertir la Franja de Gaza en algo que podría ser fenomenal… la Riviera del Medio Oriente.

Leyendo notas preparadas, afirmó: “Estados Unidos se hará carga de la Franja de Gaza”. Dijo que los palestinos de Gaza serían reubicados en otros países y luego se preguntó por qué querrían regresar. Continuó diciendo que decidiría sobre la anexión israelí de Cisjordania el mes próximo.

Según el derecho internacional, el traslado forzoso de personas de sus tierras constituye un crimen contra la humanidad. La anexión viola el derecho de los pueblos a la libre determinación, un principio fundamental del derecho internacional.

Estados y sociedades de todo el mundo condenaron duramente el total desprecio del presidente Trump por el derecho internacional. Y, sin embargo, todos los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas tienen ahora el deber, en virtud del derecho internacional, de abstenerse de cualquier acción que permita al ejército israelí continuar su ocupación ilegal del territorio palestino ocupado.

Esto significa que todos los Estados deben detener los envíos de armas a Israel. Estados Unidos, por ejemplo, está obligado a no enviar a Israel bombas, fusiles, municiones y excavadoras Caterpillar por valor de mil millones de dólares que el presidente Trump tenía previsto enviar.

En el pasado, los demócratas en puestos de poder permitieron al presidente Biden suministrar a Israel enormes cantidades de armas, lo que permitió una ola de asesinatos en los últimos 15 meses que ha dejado a Gaza en ruinas. En junio de 2025, Biden avanzó con una venta de armas a Israel por 18.000 millones de dólares.

Pankaj Mishra, ensayista y novelista indio, describe con tristeza la cruda realidad del tráfico internacional de armas. “Hay algo enfermizo y podrido en los Estados y sociedades que no sólo apoyan y permiten asesinatos en masa, sino que además se lucran con ellos”, escribe Mishra.

En todo el mundo, grupos de base luchan por defender el derecho internacional y resistir a los gobiernos que apoyan la matanza y destrucción generalizada de palestinos por parte de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

En Irlanda, activistas de todo el país realizan manifestaciones semanales insistiendo en que Irlanda no debe permitir el uso del aeropuerto de Shannon para el transporte de armas o equipos al ejército de Israel.

Un folleto que anuncia una acción que se llevará a cabo en el aeropuerto de Shannon el 9 de febrero de 2025 llama a protestar contra “el uso del espacio aéreo irlandés para entregar armas, tecnología y apoyo logístico al estado genocida y de apartheid de Israel que ha matado a más de 47.000 palestinos en los últimos 15 meses, incluidos más de 17.000 niños, mientras que más de 100.000 han sido mutilados. En Cisjordania, más de 800 personas han sido asesinadas y la brutal ocupación ilegal de Israel continúa…”

Los activistas europeos de derechos humanos destacan que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio de bienes en 2022. Israel también se encuentra entre los principales socios comerciales de la UE en el área mediterránea.

Ahora, una coalición de más de 160 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil pide a la Comisión Europea que adopte medidas inmediatas para prohibir todo comercio y negocio con los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. La demanda de la coalición surge a raíz de una opinión consulta histórica emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024, que reafirmó que:
“Hasta que se ponga fin a la ocupación de Israel, los terceros Estados deben detener de inmediato todas las formas de ayuda o asistencia que contribuyan a mantener la ocupación ilegal, incluida la suspensión de las transferencias de armas a Israel y el cese de todo comercio con los asentamientos ilegales”.

Robert Jereski, abogado de Nueva York, trabaja con Code Pink y una coalición de activistas que hacen campaña para que los estados miembros de la ONU suspendan a Israel de las Naciones Unidas porque ha asesinado a palestinos y los ha expulsado de sus tierras. Jereski y sus colegas señalan que las renovadas ofensivas de Israel en Cisjordania marcan un cambio en las tácticas de genocidio, más que un alto el fuego real. El bombardeo israelí de Yenín ha provocado el desplazamiento forzado de 26.000 palestinos. El ejército israelí ha intensificado las detenciones y restricciones generalizadas, mientras que la expansión de los asentamientos continúa a un ritmo sin precedentes, con frecuentes aprobaciones para nuevos puestos de avanzados y viviendas.

Las últimas declaraciones del presidente Trump, junto con su decisión de retirarse a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, subrayan la urgente necesidad de que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebre una reunión de emergencia. La Asamblea General debería juzgar si Estados Unidos no es un árbitro imparcial y, en cambio, es parte del genocidio en Gaza. Además, la Asamblea General debería decidir si suspender el poder de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad en lo que respeta a cuestiones relacionadas con Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

Teniendo presente la observación de Pankaj Mishra de que hay algo enfermizo y podrido en el acto de permitir y sacar provecho de los asesinatos en masa, debemos prometer que nunca dejaremos de clamar para que los estados miembros de las Naciones Unidas cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional y estén a la altura de la misión fundadora de la ONU: erradicar el flagelo de la guerra para las generaciones futuras.

Kathy Kelly ( kathy.vcnv@gmail.com ) es una activista por la paz y autora cuyos esfuerzos por resistir las guerras militares y económicas la han llevado a vivir en zonas de guerra y prisiones federales de Estados Unidos. Trabaja en la planificación del Tribunal de Crímenes de Guerra de los Mercaderes de la Muerte ; es presidenta de la junta directiva de World BEYOND War y co-coordinadora de BanKillerDrones.org