Gaceta Crítica

por Anne-Cécile Robert, 7 de febrero de 2025 (Le Monde Diplomatique)

PETER MARTENSEN. — Front, 2016

“Estamos hartos de órdenes reservadas. Hartos de que nos encarcelen por razones secretas. Hartos del escándalo con el que amanecemos a diario y que, llegada la noche, caerá en el olvido. ¡Hartos de ministros mediocres que pretenden dirigirnos, cuando ni siquiera saben comportarse!”. La interpelación de Beaumarchais ante un tribunal sometido a la monarquía, en la película de Édouard Molinaro (1996), recuerda que 1789 fue también una revolución jurídica. Contra la arbitrariedad y por la justicia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, afirma la igualdad ante la ley y encomienda a los representantes de la nación la tarea de definir, de manera pública y tras debate, los crímenes y delitos. Establece las garantías otorgadas a los ciudadanos, como la separación de poderes, la presunción de inocencia, la subordinación al interés general del poder ejecutivo y de la policía, así como la limitación de las penas de prisión a su estricta necesidad.

Desde hace siglos, la concreción de estos principios ha sido objeto de una lucha constante. En Inglaterra, la Magna Cartahabía introducido la noción de igualdad ante la ley en 1215 y, en 1679, el Parlamento inglés arrancó al rey Carlos II el principio de habeas corpus, garante de la libertad individual al prohibir la detención arbitraria e imponer la comparecencia del detenido ante un juez. De modo que la lucha secular por la “garantía de los derechos humanos” alterna avances y retrocesos, al compás de los equilibrios de poder políticos y de la intensidad de las movilizaciones populares. La evolución del derecho, de las instituciones, de las costumbres públicas y de las relaciones entre la policía y la justicia permiten caracterizar cada época. Bajo esta perspectiva, ¿no presenta el período actual todos los rasgos de una era de regresión?

El movimiento conjunto de las ideas y de los pueblos propició avances significativos en los siglos XIX y XX. En Europa, el auge del pensamiento socialista y las huelgas obreras permitieron a los trabajadores conseguir derechos de expresión y representación sindical. En Francia, el advenimiento de un régimen republicano, inspirado en la Revolución Francesa, se tradujo en intensos debates políticos y en el reconocimiento de la libertad de asociación, en 1881, y del derecho de las personas acusadas a contar con asistencia legal (Ley Constans, del 8 de diciembre de 1897). A lo largo del siglo XX, las luchas lideradas por la militante británica Emmeline Pankhurst o la filósofa francesa Simone de Beauvoir, junto con las grandes manifestaciones feministas a partir de la década de 1970, impulsaron la emancipación política y jurídica de las mujeres.

Las guerras pueden hacer de catalizadores o de aceleradores. Después de 1945, los crímenes inauditos perpetrados por los nazis y el régimen japonés provocaron la adopción de tratados que garantizaban los derechos fundamentales de todos, “sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), un texto que sentó unas bases sobre las que los pueblos colonizados hicieron valer internacionalmente sus legítimas aspiraciones de libertad e independencia. Siguieron otros textos, como los dos pactos de 1966: uno sobre derechos civiles y políticos y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales, complementados por numerosos documentos “regionales”, como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1951) o la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

Las fases de retroceso suelen darse como consecuencia de cambios de régimen (la instauración del Segundo Imperio en 1852, por ejemplo, o el advenimiento del Gobierno de Vichy en 1940), tras golpes de Estado, pero también tras acontecimientos violentos que comprometen la seguridad de las personas y de los bienes. Así pues, los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la “guerra contra el terrorismo” generalizaron las medidas de emergencia y la restricción de libertades en nombre de la seguridad. Desde el recrudecimiento de los atentados islamistas hasta la reorganización de los grupos violentos de extrema derecha, pasando por los grandes movimientos sociales altermundialistas y el actual activismo ecologista azote de la “inacción climática”, todo da un supuesto motivo a la expansión constante de los poderes policiales: detención preventiva más larga, controles de identidad más sistemáticos y mayor vigilancia de la población. También a la erosión de las garantías judiciales: menores plazos para recurrir, trabas a los derechos de la defensa y creación de infracciones de imprecisa definición, como la de “empresa individual terrorista” o “apología del terrorismo” (1).

Recurso habitual al estado de emergencia —incluso para contener los disturbios urbanos de 2005—, normalización de los planes Vigipirate en Francia, introducción de la Patriot Act en Estados Unidos: el régimen de excepción tiende a convertirse en regla en la democracia liberal. Desde la serie de atentados que ensangrentaron los grandes almacenes de París y la rue de Rennes en 1986, el Parlamento francés ya ha aprobado 32 leyes relativas a la “seguridad” —fueron, entonces, las primeras leyes llamadas Pasqua—, pero el ministro de Interior, Bruno Retailleau, pide una más para 2025 (2). La pandemia de covid-19, mediante la invención de un régimen especial denominado “estado de emergencia sanitaria”, permitió someter a las poblaciones occidentales a medidas de vigilancia y control más propias de países autoritarios como China que de sociedades presentadas como “abiertas”, todo ello con gran despliegue de nuevas tecnologías (drones, fichaje, cacheos, “videoprotección”, etc.). Y para agravar las cosas, una especie de efecto trinquete permite, una vez finalizado el periodo de excepción, mantener en el ordenamiento jurídico estos atropellos a las libertades (3).

Pero el potencial liberticida de las políticas de seguridad tiende a materializarse tanto más cuando el pensamiento se rinde y crea las condiciones para su aceptación. En Estados Unidos, por ejemplo, allá por la década de 1980, la teoría del “cristal roto” defendía, en nombre de la anticipación de futuros delitos, que ya la primera infracción, aunque menor, debía castigarse con la mayor severidad (4). Vestido de sentido común, este discurso refleja una visión rígida del orden social: el delincuente, a menudo procedente de barrios pobres, nunca podrá reformarse y aun siendo adolescente se le deben aplicar de inmediato las penas más duras, por más que estas comprometan su futura reinserción. El presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) hizo suyas las teorías deterministas más caricaturescas al sugerir la posibilidad de identificar a futuros delincuentes desde el parvulario. Los recursos destinados a la protección judicial de la juventud, a los educadores, a los jueces y a la enseñanza llevan décadas disminuyendo, tanto por razones presupuestarias como por consideraciones filosóficas e ideológicas.

Las amenazas a la seguridad, ciertamente reales, reactivan el viejo fondo reaccionario de parte de las élites europeas, quienes a menudo han visto con disgusto el progreso de las ideas liberales y sociales. Los reflejos aristocráticos se aúnan entonces con la arrogancia de clase; así lo ilustra la brutal represión del movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia en 2018-2019. Una doctrina y unas prácticas policiales agresivas —ensayadas desde hace tiempo en los barrios populares— sustituyen progresivamente, en palabras del académico François Sureau, “al ciudadano libre por el conejo silvestre”, bajo el control demasiado a menudo complaciente de magistrados convertidos en entregados auxiliares de poderes autoritarios (5). En el ámbito social, el desmantelamiento metódico del código laboral y el incremento de prácticas intimidatorias como la detención preventiva de sindicalistas (y periodistas) forman parte de este gran retroceso.

El pensamiento igualitario y humanista de la Ilustración, que dominó en el continente europeo durante tanto tiempo, está dando paso ahora a la legitimación de los grupos de intereses y a la restauración de privilegios para los nuevos “sangre azul”: directores de empresas y los llamados self made men —que supuestamente no deben nada a las autoridades públicas— se benefician de exenciones al derecho común (social o fiscal) en aras de las necesidades de la innovación, como ilustran los “entornos de pruebas regulatorios” ideados por la Unión Europea. De forma simétrica, las clases populares podrían ser las primeras víctimas de una justicia algorítmica que fomentara unas sentencias automáticas perpetuadoras de las desigualdades sociales (6). Apelar a la urgencia, a la inseguridad y a la falta de recursos oculta convenientemente unas opciones ideológicas hostiles a las libertades fundamentales.

(1) Véase Vincent Sizaire, “¿Cuándo hablar de ‘terrorismo?’”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2016.

(2) “Chronologie de la législation antiterroriste depuis les années 1980”, www.vie-publique.fr

(3) Véase Patrick Baudouin, “Perder libertad sin ganar seguridad”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2015.

(4) Véase Loïc Wacquant, “Sur quelques contes sécuritaires venus d’Amérique”, Le Monde diplomatique, mayo de 2002.

(5) Discurso de ingreso de François Sureau, 3 de marzo de 2022, www.academie-francaise.fr Véase también Evelyne Sire-Marin, “La justice à contre-emploi”, Manière de voir, n.° 182, “Feu sur les libertés”, París, abril-mayo de 2022.

(6) Véase Vincent Brengarth y William Bourdon, “Plaidoyer pour une fraternité inventive”, Manière de voir, n.° 182, “Feu sur les libertés”, abril-mayo de 2022.

Anne-Cécile Robert

GACETA CRÍTICA, 7 de Febrero de 2025