Gaceta Crítica

Vijay Prashad (Periodista e historiador marxista indio). Instituto Tricontinental de Investigación Social, 29 de Noviembre de 2024

Cuando la Corte Penal Internacional finalmente emite órdenes de arresto contra los líderes israelíes Netanyahu y Gallant, Estados Unidos confirma su desprecio por el derecho internacional y el «orden basado en sus propias normas».

Emily Karaka (Aotearoa), Parallel Process: Palestinian Horizon [Proceso paralelo: Horizonte palestino], 2024. Encargo de la fundación de arte Sharjah. Vista de la instalación: Ka Awatea, A New Dawn [Un nuevo amanecer], plaza Al Mureijah, Sharjah, 2024.

Al fin, antes que termine la historia, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En la acusación declaró que “hay argumentos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionadamente y con conocimiento de causa a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”. La Corte determinó que existen razones suficientes para creer que los dos hombres “son penalmente responsables” del crimen de inanición como método de guerra, de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, y del crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra una población civil. Casi de inmediato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó las acciones del tribunal, declarando que “la emisión por parte de la CPI de órdenes de detención contra líderes israelíes es escandalosa”. Estados Unidos, afirmó Biden, “siempre estará al lado de Israel”.

A pocos pasos de la Casa Blanca de Biden se encuentra Freedom House [Casa de la Libertad], una institución creada en 1941 financiada principalmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Todos los años, Freedom House publica su índice Libertad en el mundo, utilizando diversos datos para determinar si un país es “libre”, “parcialmente libre” o “no libre”. Los países adversarios de Estados Unidos, como China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia, son calificados sistemáticamente como “no libres”, aunque cuenten con procesos electorales y órganos legislativos de diversa índole (En las elecciones legislativas de 2024 en Irán, por ejemplo, 15.200 candidatos se presentaron a 290 escaños de la Asamblea Consultiva y en 2023 en Cuba, los 470 escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron elegidos por el 75,87% de los votantes con derecho a voto). Mientras tanto, el índice 2024 otorga a Israel una “puntuación global de libertad” de 74/100 y lo proclama el único Estado “libre” de la región. Esto, a pesar de que lxs autores señalan que en Israel “lxs dirigentes políticos y muchxs miembrxs de la sociedad discriminan a la población árabe y a otras minorías étnicas o religiosas, dando lugar a disparidades sistémicas en ámbitos como las infraestructuras, la justicia penal, la educación y las oportunidades económicas”. Según las mediciones de este índice, utilizado habitualmente para menospreciar a los países de todo el mundo que considera no libres, un sistema de apartheid construido sobre la ocupación y ahora el genocidio se considera una democracia ejemplar.

Willem de Kooning (Países Bajos), Police Gazette [Boletín policial], 1955.

Los índices, como el de Freedom House, no son tan inocentes como parecen. Su diseño, basado en las valoraciones subjetivas de analistas y asesores provenientes de grupos de reflexión del establishment occidental, produce resultados que a menudo están prescritos. Si bien Freedom House asegura basarse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ignora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Este último exige entender la democracia de una forma mucho más amplia que la simple celebración de elecciones y la existencia de múltiples partidos políticos. Su artículo 11, por sí solo, amplía la idea de democracia para incluir el derecho a la vivienda y el derecho a no padecer hambre. Como señala el artículo 4, la finalidad del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es promover “el bienestar general en una sociedad democrática”. La democracia se utiliza aquí en su sentido más amplio, que va mucho más allá del simple electoralismo. Incluso en materia electoral, el índice de Freedom House refleja una escasa consideración por los elevados índices de abstención en las democracias liberales y por el colapso de una cultura mediática dinámica que responsabilice a los partidos políticos y a lxs líderes.

En todo caso, ¿qué les puede importar a quienes están detrás de estos índices? Creen ser lxs amxs del universo. Las reacciones a la acusación de la CPI por parte de Estados Unidos y Alemania, los dos países con las mayores transferencias de armas a Israel durante este genocidio, son esperadas, pero no por ello menos chocantes. La arrogante reacción de Biden confirma que Estados Unidos no entiende o no le importa la gravedad de su insensibilidad y que no comprende que su rechazo a las órdenes de la CPI es el último clavo en el ataúd del “orden internacional basado en normas” de Estados Unidos. En cuanto a la insensibilidad: antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, la administración Biden dijo que Israel tenía que permitir la entrada de ayuda a Gaza en un plazo de 30 días o se enfrentaría a un congelamiento de armas, Israel incumplió y no se concretó la sanción. El “orden internacional basado en normas” siempre fue una farsa.

En 2002, durante la guerra contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos, el congreso estadounidense debatió sobre la posibilidad de que un soldado estadounidense o un agente de la Agencia Internacional de Inteligencia (CIA) pudieran ser acusados de crímenes de guerra. Para inmunizar a ese soldado o agente, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, que ha sido ampliamente conocida como la “Ley de invasión de La Haya”. Aunque la ley no dice que Estados Unidos pueda invadir los Países Bajos para liberar a su personal de la CPI, sí dice que el presidente estadounidense “está autorizado a utilizar todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier persona… que esté detenida o encarcelada por, en nombre de o a petición de la Corte Penal Internacional”. Al mismo tiempo que se aprobaba esta ley, Estados Unidos se retiró formalmente del Estatuto de Roma (1998) por el que se creó la CPI.

Peterson Kamwathi (Kenya), Untitled – Electoral Charge of Kenya [Sin título – La carga electoral de Kenia], 2008–09.

Los senadores estadounidenses Tom Cotton y Lindsey Graham han invocado la Ley de Invasión de La Haya en respuesta a la emisión por parte de la CPI de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, y Graham ha llegado a decir que el Senado de EE. UU. debería imponer sanciones, incluso a aliados como Canadá, por tener la osadía de sugerir que respaldarían las órdenes. Si Estados Unidos se desentiende de las órdenes de detención de la CPI, le habrá dicho al mundo que no cree en las normas, o que las normas sólo sirven para disciplinar a otros y no a sí mismo. Es sorprendente ver la lista de tratados internacionales que Estados Unidos nunca firmó o nunca ratificó. Unos pocos ejemplos bastan para demostrar su desprecio por un auténtico orden internacional basado en normas:

1. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949, nunca firmado).
2. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951, nunca firmada).
3. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960, nunca firmada).
4. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962, firmada pero nunca ratificada).
5. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968, nunca firmada).
6. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982, nunca firmada).
7. Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989, firmado pero nunca ratificado).
8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006, firmada pero nunca ratificada).

Y lo que es aún más alarmante, las convenciones de control de armamento que Estados Unidos se ha negado a firmar o de las que se ha retirado unilateralmente:

1. Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM por su sigla en inglés) (1972, retirado en 2002).
2. Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF por su sigla en inglés) (1987, retirado en 2019).
3. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción (1997, nunca firmada).
4. Convención sobre Municiones en Racimo (2008, nunca firmada).
5. Tratado sobre el Comercio de Armas (2013, firmado pero retirado en 2019).

El conflicto en Ucrania se ha agravado porque Estados Unidos abandonó unilateralmente los Tratados ABM e INF. Rusia dejó claro en varias ocasiones que la ausencia de un régimen de control de armamento respecto a los misiles nucleares de alcance intermedio supondría una amenaza para sus principales ciudades, en caso de que sus vecinos adhirieran a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 18 de noviembre, en un acto provocador y peligroso, Biden permitió a Ucrania utilizar misiles de alcance intermedio para atacar territorio ruso, provocando una enérgica respuesta de Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, si Rusia hubiera decidido disparar uno de esos misiles contra una base estadounidense en Alemania como represalia, podríamos estar ya en medio de un invierno nuclear. El desprecio de Estados Unidos hacia el sistema de control de armamento es sólo una parte de su absoluta indiferencia por cualquier ley internacional, que se ha materializado con el corte de mangas y «peineta» a la Corte Penal Internacional.

GACETA CRÍTICA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2024