Gaceta Crítica

10 de octubre de 2024  Dan Beeton (CEPR)

Rafael Correa (ex presidente de izquierdas de Ecuador)

El anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre restricciones de visas contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y miembros de sus familias es un “intento político transparente de debilitar” el movimiento político de Correa antes de las elecciones de febrero, dijo hoy el director de Política Internacional del CEPR, Alex Main. Las designaciones estadounidenses impedirán que las figuras políticas, sus esposas y sus hijos ingresen a Estados Unidos. Se producen en un momento en que el actual presidente Daniel Noboa, que tiene buenas relaciones con la administración estadounidense, enfrenta una pérdida de popularidad debido a una persistente crisis energética que ha provocado apagones prolongados en todo el país.

“Estas designaciones son totalmente injustificadas y son claramente una maniobra política destinada a dañar el movimiento que Correa fundó antes de las elecciones del próximo año”, dijo Main. 

Guillaume Long, investigador principal del CEPR y ex ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, añadió: “El mandato presidencial del presidente Noboa ha estado marcado por una crisis de seguridad en curso , con un crimen organizado cada vez más omnipresente y poderoso en Ecuador, y por numerosas controversias, entre ellas un allanamiento a la embajada de México en Quito que fue ampliamente condenado, numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y graves acusaciones de mala conducta y persecución política por parte del fiscal general del país. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos está poniendo una vez más el pulgar en la balanza para intentar inclinar la balanza hacia la derecha e impedir el regreso de un gobierno progresista”.

Correa fue condenado en 2020 por ejercer “influencia psíquica” sobre funcionarios públicos en un caso de soborno basado en gran medida en pruebas fabricadas . La Interpol se ha negado en tres ocasiones a emitir una notificación roja contra Correa, a quien Bélgica le concedió asilo político en 2022, país donde reside desde el final de su mandato presidencial en 2017. Recientemente han surgido pruebas que sugieren que la fiscal general, Diana Salazar, ha tenido motivaciones políticas en su procesamiento de Correa y exmiembros de su gobierno. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha proporcionado cobertura a Salazar, sobre todo al declararla oficialmente “campeona anticorrupción”.

Las designaciones se producen cuatro años después de la condena de Correa, pero sólo días después de que éste se reuniera con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a quien el gobierno de Correa le había concedido asilo y que vivió siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Correa fue el primer político de alto nivel fuera de Australia que se reunió con Assange tras su liberación de la prisión de Belmarsh en Londres en junio.

“El momento de estas designaciones, justo después de que Correa se reunió con Assange, podría tener un efecto amedrentador y puede tener como objetivo disuadir a otros funcionarios de mostrar su apoyo a Assange y WikiLeaks”, dijo Main.

Con la inclusión de la esposa y los hijos de Correa, quienes nunca han tenido ninguna participación en la política ecuatoriana, la designación parece tener un carácter descaradamente arbitrario y vengativo.

En cambio, el gobierno estadounidense no ha dado curso a las solicitudes del Congreso para que se investigue al expresidente derechista de Ecuador Guillermo Lasso, que optó por poner fin a su presidencia en lugar de enfrentarse a un juicio político por acusaciones de corrupción, que tiene asociados vinculados al crimen organizado y cuya familia está vinculada a una serie de empresas fantasma y más de 140 propiedades inmobiliarias en Florida valoradas en decenas de millones de dólares. Las autoridades estadounidenses tampoco apuntaron al expresidente Lenín Moreno después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en marzo de 2023 por cargos de corrupción. El gobierno estadounidense también ha apoyado al actual presidente Noboa a pesar de las acusaciones de violaciones de los derechos humanos y a pesar de sus órdenes en abril de allanar la embajada de México en Quito, en una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y detener por la fuerza a Glas, a quien se le había concedido asilo político.

“Es evidente que estas restricciones de visas son en su mayoría simbólicas”, señaló Long. “Correa no ha viajado a Estados Unidos desde 2016, y Glas se encuentra actualmente en una de las cárceles más notorias de Ecuador. El gobierno estadounidense está degradando la gravedad y la eficacia de sus restricciones de visas con designaciones tan transparentemente políticas y sin fundamento. Si quiere conservar alguna credibilidad en su uso de estas restricciones para atacar a actores extranjeros supuestamente corruptos, debería revocarlas de inmediato”.

GACETA CRÍTICA, 11 DE OCTUBRE DE 2024