Publicado originalmente en: IL MANIFESTO (Italia)
10 de Agosto de 2024
El desarrollo del turismo en España fue una iniciativa lanzada por Franco ya en los años cincuenta para dinamizar la economía y romper el aislamiento del país bajo su régimen. En las décadas siguientes, la especulación inmobiliaria, la llegada de los vuelos de bajo coste y la remodelación de las ciudades para el uso y consumo de la industria turística dieron lugar a un auténtico boom, amplificado por grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Las inversiones masivas que siguieron a la crisis financiera de 2008 y la proliferación de los alquileres de corta duración han convertido el turismo en un tsunami, provocando reacciones sociales tan fuertes que hoy en día se suceden manifestaciones contra el turismo masivo todas las semanas.
En Mallorca, el 21 de julio, 20.000 personas protestaron contra la afluencia descontrolada de turistas que ha provocado un desplome de la calidad de vida, un aumento de los precios de la vivienda, un encarecimiento de los productos de primera necesidad y la proliferación del empleo estacional y precario. Por ejemplo, los trabajadores de limpieza de hoteles se quejan de un aumento de la carga de trabajo que no se corresponde con un aumento de los salarios. En una manifestación convocada por el grupo “Menos Turismo, Más Vida”, los manifestantes marcharon tras una pancarta con el mensaje “Cambiemos de rumbo, pongamos límites al turismo”, exigiendo medidas urgentes y concretas. En comparación con una población local de 1,2 millones, se espera que este año lleguen a las Islas Baleares 20 millones de turistas, lo que convierte a Mallorca en el tercer destino más popular de España después de Madrid y Barcelona.
El 25 de mayo, decenas de miles de personas protestaron bajo el lema “Mallorca no está en venta”. A principios de julio, cientos de personas ocuparon simbólicamente algunas playas, haciendo que los bañistas desprevenidos se dieran cuenta del malestar de los residentes que, expulsados de los espacios públicos, denuncian la devastación ambiental y cultural que provoca una industria turística que aspira a un crecimiento sin fin. Ahora, en todas partes, los grupos locales reclaman un “decrecimiento turístico” que empezaría con una reducción drástica de los alquileres de corta duración, una disminución de los vuelos de bajo coste y de las escalas de los cruceros y la desincentivación de la compra de viviendas por parte de no residentes.
El lobby turístico defiende el sector, que según sus cifras representará el 71 por ciento del crecimiento real de la economía española en 2023. Sin embargo, aunque el turismo representa una partida crucial del PIB español, gran parte de la riqueza producida acaba en manos de unos pocos, a menudo ubicados a miles de kilómetros de distancia, lo que enriquece a fondos de inversión y empresarios indiferentes a los efectos indirectos sobre los habitantes de los destinos de moda.
En los últimos meses se han producido movilizaciones multitudinarias en Canarias, que, según los grupos locales, están literalmente “colapsando social y medioambientalmente” bajo la presión de los 10 millones de visitantes extranjeros anuales, además de los turistas españoles procedentes de la península. Las ocho islas de la costa de Marruecos registraron la mayor movilización hasta la fecha el 20 de abril, con 200.000 personas saliendo a la calle para decir “no a la invasión” y a las políticas del gobierno local que pretenden duplicar la capacidad de alojamiento turístico del archipiélago, mientras que la población en riesgo de pobreza alcanza el 34 por ciento.
En Barcelona, algunos de los 20.000 manifestantes que salieron a la calle el 6 de julio para denunciar la “museificación” de la ciudad llegaron a atacar con pistolas de agua a los turistas que se sentaban en los bares, mientras que en los muros de la ciudad se han visto desde hace tiempo lemas como “Turista, vete a casa”. En Málaga, Andalucía, los activistas sellaron recientemente las cerraduras de algunos apartamentos turísticos con silicona mientras miles de personas marchaban al grito de “Queremos vivir, no sobrevivir”, un lema también utilizado en una protesta de los residentes de Cádiz. Aunque muchos medios de comunicación han atacado las protestas por “turismofobia”, las movilizaciones se centran en general en denunciar el papel de los grandes grupos empresariales y un modelo turístico voraz y extractivo, en lugar de acusar a los propios turistas. El 13 de julio fue el turno de los vecinos de Alicante de salir a la calle, hartos de que los 100 cruceros desembarquen a cientos de miles de turistas que se suman a los 17 millones que visitan cada año la provincia, donde los precios de la vivienda se han más que duplicado en sólo cinco años.
La presión turística se ha vuelto tan insoportable que ha provocado protestas también en el norte del país, destino del turismo de lujo que huye de los tórridos veranos del Mediterráneo. Hace unos años, la ciudad vasca de Donostia, en la Costa Atlántica, se movilizó contra la proliferación de alojamientos turísticos y la destrucción de su patrimonio arquitectónico y natural. Ahora Bilbao también se ha sumado a la lucha: varios activistas del sindicato de inquilinos se encadenaron a las puertas de un apartamento turístico, mientras los bomberos locales, solidarios con su protesta, se negaban a desalojarles.
En la vecina Cantabria, la gente protesta contra la turistización de muchos pueblos rurales y el aumento récord de los precios de la vivienda, que se dispararon un 33 por ciento solo en 2023. En Laredo, 10.000 personas marcharon contra el proyecto de desarrollo urbanístico de Ribamontán del Mar, que incluye la construcción de apartamentos de lujo y un campo de golf. En algunos casos, los gobiernos locales están empezando a reconocer la necesidad de un turismo sostenible, pero las medidas concretas son escasas. El Gobierno central se ha limitado a pedir a las regiones que aprueben normas para poner orden en el salvaje oeste regulatorio y ha prometido crear un registro central de alojamientos turísticos en 2025.
El Partido Socialista de Cataluña votó en contra de una ley regional destinada a regular los alquileres de temporada, que habría servido para legalizar pisos turísticos sin licencia. Los grupos antigentrificación de Barcelona siguen dudando de que el alcalde socialista Collboni cumpla su promesa de cancelar 10.000 licencias de alojamientos turísticos hasta 2028 y restringir el arribo de cruceros.
Publicado originalmente en https://ilmanifesto.it/spagna-la-rivolta-dei-residenti-basta-turismo-selvaggio el 28/07/2024
GACETA CRÍTICA, 10 DE AGOSTO DE 2024
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