Roger Harris
03/06/2024

A pesar de todo el alboroto sobre las «elecciones libres y justas» en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, su prensa corporativa aduladora ignora deliberadamente el elefante en la habitación, es decir, las llamadas sanciones diseñadas para hacer la vida tan miserable que el pueblo acepte el plan de Washington para el cambio de régimen.
Como dice Foreign Policy, «el presidente venezolano Nicolás Maduro valora su supervivencia política por encima del bienestar económico de su país». Traducido del lenguaje de Washington, el gobierno de EE.UU. está chantajeando al electorado venezolano con, en palabras de Foreign Policy, «la amenaza inminente» de continuar con las medidas coercitivas unilaterales a menos que voten en contra del titular en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
The New York Times informa de que una victoria de Maduro «intensificará la pobreza», omitiendo convenientemente que la causa será el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Típico de este tipo de cobertura, el artículo culpa a Maduro de la «nefasta» situación económica, pero no es hasta el párrafo 25 cuando se hace siquiera una referencia a las sanciones estadounidenses.
Tal intromisión electoral externa mediante el uso de sanciones es órdenes de magnitud mayores que la supuesta interferencia del «Rusiagate» en la contienda presidencial estadounidense de 2016. Washington descaradamente no deja ninguna ambigüedad sobre su intención de castigar al pueblo venezolano por elegir un gobierno que no es de su agrado. Sin ningún sentido de la vergüenza o la ironía, el Departamento de Estado llama imperiosamente a esta intimidación «promoción de la democracia.»
Guerra híbrida de EEUU contra Venezuela
Como ha documentado Venezuelanalysis, las sanciones de EEUU contra Venezuela son «una guerra sin bombas». Estas acciones, más correctamente llamadas medidas económicas coercitivas por las Naciones Unidas, están matando a los venezolanos. Nunca se menciona en la prensa corporativa que estas medidas unilaterales son una forma de castigo colectivo, considerado ilegal por el derecho internacional.
Las más de 930 sanciones estadounidenses están diseñadas para hundir la economía venezolana y, sobre todo, para impedir cualquier recuperación. Inicialmente tuvieron éxito en el primer objetivo e, igualmente importante, fracasaron en el segundo.
La ofensiva bipartidista fue iniciada en 2015 por el presidente Obama, quien increíblemente declaró «una emergencia nacional con respecto a la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional» planteada por Venezuela. (Nótese que ninguno de los medios de prensa corporativos sometió esta extraordinaria afirmación a ningún tipo de escrutinio). Las medidas coercitivas fueron intensificadas por el presidente Trump, apuntando a la vital industria petrolera venezolana. Sin problemas, el presidente Biden continuó la campaña de «máxima presión» con pequeños ajustes, principalmente diseñados para beneficiar a EE.UU. y a selectos intereses comerciales extranjeros.
Como resultado, Venezuela experimentó la mayor contracción económica en tiempos de paz de la historia mundial reciente. La economía, en caída libre, sufrió una inflación de tres dígitos, de nuevo, la más alta del mundo. Unos siete millones de refugiados económicos huyeron del país.
EEUU continuó con otras medidas de «guerra híbrida», incluido el reconocimiento de Juan Guaidó como autoproclamado «presidente interino» de Venezuela en 2019. El entonces activo de seguridad estadounidense de extrema derecha, de 35 años, nunca se había presentado a un cargo nacional y en ese momento era desconocido para más del 80% de la población. Sin embargo, unos cincuenta aliados de Estados Unidos reconocieron inicialmente su gobierno.
Además, los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos han continuado desde el de 2002, que sólo duró 47 horas. Entre las cabriolas más recientes figura la operación «bahía de lechones» en 2020. Biden repatrió recientemente a dos de los mercenarios estadounidenses que habían sido capturados en aquel golpe fallido, en un intercambio de prisioneros que tuvo como resultado la liberación del diplomático venezolano Alex Saab.
Según el gobierno venezolano, los intentos de golpe de Estado continúan. La política oficial de EEUU sobre tales medidas extralegales es la «negación plausible».
Venezuela resiste con éxito
Contra todo pronóstico y la mayoría de las predicciones, el presidente Maduro ha hecho virar la nave del Estado venezolano contra vientos tan desfavorables. A finales de 2023, Venezuela había registrado 11 trimestres de crecimiento consecutivo tras años de contracción económica. El crecimiento del PIB durante los cuatro primeros meses de 2024 superó las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se prevé que sea del 4% para el año, frente a las cifras del FMI para EE.UU. del 2,7% y China del 4,6%.
Hoy, en el frente diplomático, sólo Estados Unidos, Israel y un puñado de vasallos de Washington siguen sin reconocer al gobierno democráticamente elegido de Venezuela. Incluso la propia oposición apoyada por EEUU ha renegado de la presidencia de Guaidó.
Hasta hace poco, Colombia (entonces un Estado cliente hostil de Estados Unidos) servía de plataforma de lanzamiento para las incursiones paramilitares en la frontera occidental de Venezuela. En 2022, el presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en toda la historia de Colombia, sustituyó al derechista Iván Duque. Al año siguiente, el simpático Luiz Inácio Lula da Silva sustituyó al hostil gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, en la frontera sur de Venezuela.
Mientras tanto, gobiernos regionales progresistas como el de Andrés Manuel López Obrador en México han seguido apoyando a Venezuela. Y lo que es más significativo e indicativo de un orden mundial cambiante hacia la multipolaridad, Venezuela ha estrechado lazos con China, Rusia e Irán. Esto, a su vez, no ha hecho sino intensificar la hostilidad de Estados Unidos.
Lecciones de la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua en 1990
Las condiciones actuales en Venezuela, en vísperas de las elecciones presidenciales de julio, guardan cierto paralelismo con una situación similar en Nicaragua en 1990. En 1979, los sandinistas derrocaron en Nicaragua a la dictadura de Somoza, apoyada por Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 1990, las encuestas eran favorables a la reelección de Daniel Ortega, del FSLN.
Todo el mundo, incluido el presidente estadounidense, empeñado en derrocar la Revolución nicaragüense, preveía una victoria sandinista, según el libro de Dan Kovalik sobre Nicaragua. Pero el voto fue desfavorable, dando paso a diecisiete años de regresión neoliberal.
Tanto el Departamento de Estado como el embajador de Estados Unidos en Managua habían dejado muy claro que más valía que los nicaragüenses votaran «en el sentido correcto» o continuaría la guerra de los contras patrocinada por Estados Unidos. Los contras eran mercenarios reclutados en su mayoría del antiguo ejército de Somoza que estaban llevando a cabo una campaña de terror armado contra la población.
Además, el país estaba sometido a sanciones económicas estadounidenses y sufría una hiperinflación. Brian Willson, que perdió las piernas en un acto de desobediencia civil en protesta por la guerra de la Contra estadounidense en Nicaragua, informó de que Estados Unidos financió a partidos de la oposición y ONG en las elecciones de 1990. Sólo la CIA aportó entre 28 y 30 millones de dólares. Willson concluyó que EEUU «compró las elecciones nicaragüenses de 1990».
Perspectivas para las elecciones presidenciales venezolanas
Aunque Venezuela no está asediada por mercenarios pagados por Estados Unidos como Nicaragua, sí está sometida a la guerra híbrida de Washington de medidas económicas coercitivas, financiación de las fuerzas de la oposición, beligerancia diplomática internacional y acciones encubiertas.
Una evaluación en febrero de la comunidad de inteligencia de EE.UU. encontró que Maduro «es poco probable que pierda las elecciones presidenciales de 2024.» Una encuesta de opinión de Encuesta Nacional Ideadatos del 3 de mayo informó de una preferencia del 52,7% por Maduro. Otras encuestas dan la delantera al candidato opositor Edmundo González con la Plataforma Unitaria que supuestamente trabajó con la CIA.
Dentro del núcleo chavista -aquellos que apoyan la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y a su actual abanderado Nicolás Maduro- es de esperar que exista cierto hartazgo. El comentarista político venezolano Clodovaldo Hernández menciona problemas como la prestación inadecuada de servicios de salud, salarios y pensiones que no han seguido el ritmo de la inflación, energía eléctrica errática, corrupción incompleta y servicios policiales y judiciales disfuncionales, todo lo cual afecta desproporcionadamente a la base chavista de pobres y trabajadores. Cómo se traducirá esto el 28 de julio es incierto.
La campaña de propaganda del Estado estadounidense y sus taquígrafos en la prensa para deslegitimar el proceso electoral venezolano se está intensificando. Por ejemplo, el «periódico oficial» de EEUU informa que «las últimas elecciones competitivas se celebraron en 2013». No es «apta para imprimir» la noticia de que el mandato presidencial es de seis años, o que EEUU ordenó literalmente a la oposición que no se presentara en 2018. El principal candidato de la oposición en ese momento, Henri Falcón, fue amenazado con sanciones cuando decidió ignorar la exigencia de Washington.
El mero hecho de que alguno de los opositores respaldados por Estados Unidos se presente a las próximas elecciones en lugar de boicotearlas indica que ya no confían en un derrocamiento extraparlamentario del Gobierno. Esto representa en sí mismo una victoria significativa para los chavistas.
forma parte de la junta directiva de Task Force on the Americas, una organización antiimperialista de derechos humanos con 32 años de existencia.
GACETA CRÍTICA, 3 DE JUNIO DE 2024
Publicado originalmente por Sinpermiso y Counterpunch
Deja un comentario